El miércoles 28 de abril, tras casi cuarenta años de contaminar a la comunidad de Santa María Chi, en Yucatán, una de las aparceras de Kekén -la mega granja porcícola San Gerardo-, finalmente fue vaciada y sus actividades suspendidas. Esta aparcera, perteneciente al grupo Loret de Mola y Caldwell, cesó operaciones no por voluntad, sino por presión: años de denuncias de comunidades mayas que nunca dejaron de alzar la voz.
Acataron la orden de Profepa apenas dos días antes de la fecha límite… cinco meses después de haber sido emitida. Cinco meses en los que la tierra siguió absorbiendo veneno, en los que el aire siguió cargando el hedor de la impunidad.
El problema sólo cambió de lugar
Hoy las naves están vacías, no obstante, la herida permanece abierta. El impacto ambiental y en la salud de quienes habitan alrededor no se borra con una orden tardía: ahí siguen las piscinas repletas de excremento de cerdo, ahí sigue la incertidumbre sobre el destino de las aguas residuales acumuladas en pozos y pilas de oxidación. Lo visible se ha ido, pero lo profundo sigue pudriéndose.
Los 50 mil cerdos de esta megagranja no fueron liberados del horror, solo trasladados. Ahora habitan naves cerca de Kikteil, a media hora de Mérida. El problema no terminó: se desplazó, cambió de geografía, pero no de naturaleza. La contaminación y la explotación simplemente encontraron otro punto donde asentarse, como una sombra que nunca se disipa.
Incertidumbre
Así como los pobladores de Santa María Chi resistieron. Todo el estado enfrenta ahora al mismo monstruo: Kekén. Eso es, un monstruo que arrasa, contamina y luego abandona. Se van, dejando atrás 220 hectáreas heridas, sin desmantelar, sin limpiar, sin reparar. El gobierno, por su parte, recoge millones en multas; las comunidades, en cambio, no reciben nada: ni justicia, ni reparación, ni siquiera la posibilidad de volver a confiar en el agua que debería darles vida.
En medio de esta lucha, el comisario de Santa María Chi, Wilbert Nahuat Puc, se mantiene firme. Aguerrido, incansable, lleva días monitoreando, exigiendo respuestas y presionando para saber qué harán Profepa y los dueños de la porcícola con esas tierras ya devastadas, per el silencio es la única respuesta.
La incertidumbre se extiende como otro tipo de contaminación: invisible, pero igual de asfixiante.
Como si resistir no fuera suficiente, la persecución no cesa. La criminalización contra Wilbert continúa. El grupo Loret de Mola y Caldwell ha logrado reabrir una investigación en su contra —la anterior fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán por falta de pruebas—, pero eso no detiene el intento de silenciarlo, porque quienes incomodan al monstruo, son marcados por él.
Ambición e impunidad
La tierra maya sigue siendo violentada, los cerdos continúan siendo brutalmente explotados y asesinados, las comunidades siguen enfermando por el agua que ya no es agua, por el aire que ya no se puede respirar sin la podredumbre. Los defensores de la vida siguen siendo perseguidos, amenazados, desaparecidos.
Todo ocurre bajo el amparo de la ambición, la impunidad y la corrupción de nuestro gobierno. Frente a esto, sólo queda una cosa: no callar, resistir y seguir defendiendo la vida, incluso cuando todo alrededor parece estar empeñado en destruirla.
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