El primer fiscal
Alejandro Gertz Manero fue nombrado como primer Fiscal del país, puesto que ocupará hasta la mitad del próximo sexenio y desde donde tendrá la importante tarea de  transformar la impartición de justicia, de renovar la labor de los ministerios públicos. En el Excélsior, la periodista Yuriria Sierra, escribe que: "viejo lobo de mar […] Alejandro Gertz Manero, el primer fiscal del país. Será el encargado de transformar la impartición de justicia, de renovar la labor de los ministerios públicos. Encargado de la Seguridad Pública en el primer gobierno de alternancia en México; antes de esto, encargado de Seguridad Pública del primer gobierno electo de la capital del país. Hoy es el primero en llegar a una Fiscalía que tomó cinco años dar forma. Su puesto será transexenal, para garantizar autonomía a sus labores. Se quedará ahí hasta 2027, cuando Gertz Manero cumpla 88 años. Con su llegada nos despedimos de la PGR […] Gertz Manero es un personaje también conocido, desde hace más de medio siglo, en Washington. Será interesante ver si cambia su postura con respecto a la legalización de las drogas y cómo funcionará la dependencia que encabezará a partir de las modificaciones que sobre este tema se han generado en los últimos años […] La Fiscalía deberá responder al respecto, y justamente, una de las funciones que Gertz Manero tendrá en sus manos, es la de pavimentar el camino para que esta iniciativa, de aprobarse, no tenga impedimentos para llevarse a cabo con total respeto al Estado de derecho. Un perfil que abarca más de un área; pocos han sido los límites para quien será el primer fiscal del país: amplio conocedor en temas de seguridad, pero también un hombre con varios libros en su haber, lo mismo de sicoanálisis, como ya lo mencionamos, que sobre la vida de Guillermo Prieto, Ignacio Allende o John F. Kennedy. También, un hombre de teatro, fundó la Asociación Nacional de Productores de Teatro (Protea), que lo llevó a un enfrentamiento legal con Silvia Pinal en 1993, a quien acusó de fraude por un daño al presupuesto de cuando la actriz era su directora. Hijo de Mercedes Manero, novelista y poetisa. Tres doctorados y amante del deporte. “Para que la Fiscalía tenga credibilidad tiene que dar respuesta a todos los casos que están pendientes, a todos, los que son muy conocidos y los que afectan a una gran cantidad de mexicanos que no tienen ni siquiera la voz para hacerse oír...”, fueron sus primeras palabras tras rendir protesta en el Senado, donde en el fallo se llevó la votación con 91 de 117 votos. Nada fácil su tarea, aunque, sí, muy extensa su experiencia”.

En guardia
En Reforma, el escritor Jorge Volpi, escribe que: “México -necesito volver a decirlo- es una enorme fosa o un cementerio. Al menos 250 mil cadáveres, derivados de la violencia criminal generada por la guerra contra el narco hace 12 años, yacen en el olvido de las morgues o de sus sepulturas. A ellos hay que añadir miles de desaparecidos -cuerpos incógnitos cuyo paradero se oculta o desconoce- y un número incalculable de desplazados. Estas cifras resultan espeluznantes -sólo se comparan a las de una guerra civil-, pero lo son aún más porque ninguna justicia ha sido capaz de establecer la verdad de los hechos que rodearon estos crímenes ni de sentenciar a los culpables. Si una conclusión puede extraerse de este escenario apocalíptico, es que nada de lo hecho hasta ahora, nada, ha contribuido a resolver el problema. Podemos pensar, más bien, lo contrario: que todo lo que se ha hecho hasta ahora, todo, ha sido inútil o, peor aún, perjudicial […] El arrollador triunfo de López Obrador en las elecciones pasadas daba un mensaje claro de los ciudadanos: la necesidad de cambiar drásticamente de estrategia. Si todo lo anterior fracasó, se imponía un esfuerzo de imaginación para hallar nuevas salidas a esta crisis humanitaria. Una crisis que los cuerpos de seguridad -todos los cuerpos de seguridad- no solo no impidieron, sino aumentaron con incontables violaciones a los derechos humanos. En campaña, AMLO prometió alterar esta lógica fallida, empezando por devolver al Ejército -constitucionalmente impedido para ejercer funciones de seguridad pública en tiempos de paz- a sus cuarteles. Una vez en el gobierno, cambió de parecer. La gravedad de la situación es tal, ha dicho preservando la lógica de sus predecesores, que no quedan sino los militares para enfrentar al crimen organizado. De ahí que formulase la iniciativa de una Guardia Nacional doblemente adscrita a las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional. En su formulación original, ello significaba la militarización absoluta del país y la institucionalización del estado de emergencia. La reacción de numerosos actores sociales ha matizado un poco la propuesta. La GN tendrá un mando civil, pero será entrenada y operará bajo las reglas del Ejército y con miembros emanados de éste y la Marina. La rectificación es un avance claramente insuficiente: hasta ahora se ha demostrado que Ejército y Marina han violado pertinazmente los derechos humanos y la sola promesa de que dejarán de hacerlo porque nadie se los ordenará no basta para tranquilizar a nadie. Siendo militares con lógica militar, lo más probable es que éstas continúen. Pero quizás haya algo más grave. Aunque AMLO ha prometido poner en marcha numerosos proyectos sociales para atajar las causas de la violencia -sin duda la mejor parte de su plan-, se ha desentendido por completo de una reforma integral del sistema de justicia y ha aparcado la idea de comenzar la legalización de las drogas. Centrarse de nuevo en el combate, ahora con la GN, sin modificar un ápice el resto de nuestro ineficaz, corrupto y lento sistema de justicia, equivale a mantener el statu quo. Todo indica que la impunidad se mantendrá y, para colmo, ahora tendremos que estar siempre en guardia frente a los posibles abusos de la Guardia Nacional".

El estilo personal de gobernar
En Milenio, el columnista Liébano Sáenz, escribe que: “a la mitad de los 100 días, periodo tradicional para la consolidación del estilo personal de gobernar (Daniel Cosío Villegas dixit), el presidente López Obrador ha dejado en claro la nueva y muy distinta forma de ejercer el poder, al tiempo que gana con creces la batalla de la confianza popular. Algo notable, sobre todo ahora, en una época donde el signo es la polarización y el desprecio por la política, sus instituciones y personajes. En las siete semanas que lleva su sexenio, el Presidente ha evitado acomodarse al ambiente de opinión o de los factores de poder, en particular el empresarial. Lejos de darles concesiones, como lo venían haciendo sus antecesores, los ha confrontado y ha ganado en el tribunal veleidoso de la opinión pública, sobre todo, a partir de sus comparecencias matutinas, que le han servido de espacio para definir la agenda nacional. De hecho, la comunicación del gobernante ha sido clave en este período, en el que se han tomado decisiones críticas que obligan a la explicación y a desarrollar una narrativa consecuente con el perfil político del nuevo gobierno. A pesar de las fallas propias de un gabinete eclipsado por la poderosa presencia política y mediática del jefe, el Presidente ha prevalecido y ha tenido éxito a la hora de comunicar […] Ser aceptado no hace a una persona ni a un gobierno bueno. Es un activo, pero hay objetivos mayores. Si el de López Obrador es hacer un país más justo, para ello requiere, necesariamente, no solo un gobierno honesto, también eficaz, pero, sobre todo, una economía con crecimiento a tasas considerablemente mayores a lo que se perfila para los dos primeros años de su administración. El estilo de gobernar que hemos visto en estos días ha alienado al sector inversionista y sin éste el crecimiento, en el mejor de los casos, es magro. El gobierno ha hecho lo suyo con un compromiso de equilibrio en las finanzas públicas. Ello le ha ganado reconocimiento, más no ha ocurrido así respecto al contenido de la política de gasto, o las decisiones que inciden en la calidad del gobierno, como es la remuneración a la media y alta burocracia, el centralismo o el debilitamiento de los órganos autónomos. La colocación exitosa de bonos no es muestra duradera de confianza; tampoco lo son indicadores coyunturales, como el tipo de cambio o el índice bursátil. Lo fundamental para toda economía es la inversión, y ésta no pude ni debe inhibirse. Se trata de gestos en los linderos del autoritarismo. Y esa tentación siempre ha estado presente en nuestra historia, más cuando la oposición institucional navega hoy entre la debilidad y el descrédito. El país requiere contrapesos formales e informales porque la tarea de transformar nuestra realidad no es empresa de un hombre, grupo o partido, sino de todos. El Presidente, a pesar de lo admirable de su persistencia en causas con las que se ha identificado desde sus orígenes, como el combate a la corrupción y a la desigualdad social, en algunos temas suele dar giros contradictorios, como ha ocurrido respecto a la libertad de expresión o la participación del sector privado en los proyectos de desarrollo. Su idea de ratificación de mandato en la elección intermedia es una manzana envenenada, a contrapelo de los principios de la democracia mexicana. El presidente llega a la mitad de los 100 días con una imagen muy fortalecida en su liderazgo. Pero el problema de la popularidad es que más que iluminar encandila, deslumbra, y puede crear falsas apariencias. Los logros con frecuencia son circunstanciales o secundarios y los costos suelen ser duraderos. Los mayores logros en política no se dan en el consenso obsequioso o pasivo, sino en el marco del debate y la crítica. Eso no está ocurriendo y es un problema para las pretensiones de trascendencia de quienes ahora gobiernan".

De la Guardia y un presidente en la cumbre
En El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que: "la semana que termina fue el mejor ejemplo del enorme bono político y de la fuerza y popularidad ascendente de la que goza Andrés Manuel López Obrador a mes y medio del inicio de su gobierno. Con ese bono y una operación política y mediática hasta ahora impecable, el presidente logró no sólo revertir una crisis como la del desabasto de combustibles, con sus enormes costos sociales y económicos, y convertirla en una ola de respaldo popular a su gobierno y su estrategia de combate al huachicoleo, con altísimos números de aprobación en las encuestas. También, con la operación de su gabinete y sus bancadas mayoritarias en el Congreso, logró dos mayorías constitucionales calificadas que, con votos de la oposición, le aprobaron dos reformas claves en materia de seguridad y que sus antecesores, aunque intentaron, nunca pudieron aprobar: la creación de una Guardia Nacional que legaliza y constitucionaliza la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, y el nombramiento del primer Fiscal General de la República. La semana “redonda” para López Obrador inició cuando al cumplirse tres semanas de la escasez de gasolina en 11 estados del país, primero logró estabilizar la situación en la Ciudad de México, donde de la sicosis se pasó al desabasto y luego de vuelta a una normalidad con filas cada vez más cortas en las gasolinerías, si que se hayan registrado exabruptos sociales, más allá de algunos bloqueos momentáneos registrados en Iztapalapa y las escenas de impaciencia y molestia de conductores. Luego, en las otras dos entidades, donde la crisis fue aún mayor, especialmente en el Bajío, la presencia de los gobernadores de Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Michoacán, en la Secretaría de Gobernación y su “respaldo total” a la lucha contra el robo de combustibles del presidente, a cambio de acciones y medidas paliativas de emergencia para reabrir ductos y aumentar el envío de pipas a sus desesperadas ciudades, tranquilizaban y disminuían la presión de las primeras dos semanas de afectaciones. Para el viernes, con anuncios como la compra de 500 pipas que romperán el monopolio del sindicato petrolero, la entrada de empresas privadas al transporte terrestre de gasolinas, el aumento de la vigilancia en ductos y, sobre todo, la contratación de 2 mil choferes de pipas con sueldos de casi 30 mil pesos mensuales, que ayer ya provocaba filas de solicitantes en el campo militar No. 1, el presidente ya le había dado la vuelta a la crisis de los combustibles y, auxiliado por un efectivo y repetido discurso y una muy eficiente publicidad gubernamental, convertía el tema crítico en plataforma política que levantaba, aún más, sus niveles de aprobación y respaldo de popularidad".

Tela de juicio
En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: "Alexander Cifuentes Villa, exempleado de El Chapo Guzmán, testificó que el narcotraficante, supuestamente, pagó a Enrique Peña Nieto 100 millones de dólares en sobornos para que dejara operar al Cártel del Pacífico. ¿Por qué dudar de la honorabilidad de un primer mandatario, en cuyo gobierno se capturó y extraditó al capo? ¿Por qué creerle a un criminal como éste? Estas acusaciones son, no sólo frágiles, sino sumamente cuestionables, por emitirse en un entorno en el que hay tantos intereses. Esta estrategia la ha usado dos veces el abogado de El Chapo, Jeffrey Lichtman. El pasado 13 de noviembre, acusó a Peña Nieto y a Felipe Calderón de recibir sobornos. “Falsas, difamatorias y absurdas son las declaraciones”, aseguró Francisco Guzmán, exjefe de Oficina de Peña. El show de El Chapo sólo busca notoriedad o venganza. El acusado es él, que no lo olvide”.

Finalmente hay Fiscal
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, logró los consensos necesarios para que luego de cinco años con el tema en la congeladora, se eligiera al primer titular de la Fiscalía General de la República en la persona de Alejandro Gertz Manero, cuya principal divisa para defender la postulación fue que no ha pertenecido a partido alguno y su labor será ajena a militancias. El voto senatorial se logró con mayoría calificada y será difícil que no satisfaga a Andrés Manuel López Obrador, como pasó con la versión de Guardia Nacional que le aprobó la Cámara de Diputados“.

Bienvenido al pasado
En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: "bienvenidos al pasado. Con la resurrección de los precios de garantía retrocedimos a una época en la que las leyes del mercado no aplicaban. Y sin esa mano invisible, las cosas se pueden desviar, y mucho. Ahí está de ejemplo el caso del sorgo que casi no se cultivaba a mediados de los 60, pero que tuvo un auge al inicio de los 70 cuando, por obra y gracia de los precios decididos en un escritorio, comenzó a ser más rentable que otros cultivos. En esos años, en el sur de Tamaulipas, se producía sorgo y soya. Cuando la Conasupo les puso un precio de garantía muy superior al del mercado, en un solo año calificado como "malo" se cuadriplicó la "producción". Pocos creen que en verdad aumentaron los cultivos y más bien piensan que fue un negociazo hecho con granos "importados" más baratos a través del puente internacional y los varios puertos de entrada, pero manejados como "producción". Muchas fortunas actuales se hicieron con ese papeleo... y esto fue antes de la globalización. Era tan buen negocio el del sorgo que los agricultores se volcaron a producir esa gramínea que se usa para alimentar ganado y dejaron de sembrar maíz, alimento básico de los mexicanos, lo que contribuyó a que creciera su importación. Cuando en la crisis de 1982 el precio de garantía resultó insostenible, acabamos con un superávit de sorgo barato y un déficit de maíz que debía ser comprado caro e importado. Vaya historia... ¡de terror!”.

Más poder al director de Pemex
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: "como un mensaje de todo el apoyo del partido en el poder, nos dicen, Morena metió lápiz a una reforma legislativa para darle más facultades al director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza. Nos explican que el diputado morenista Julio César Ángeles dio la noticia en una reunión con legisladores de distintos grupos parlamentarios: durante el próximo periodo ordinario que inicia el 1º de febrero, los diputados tendrán mucho trabajo y entre las iniciativas que analizarán está otorgarle más facultades al jefe de la empresa productiva del Estado. Así que si usted pensaba que ingeniero agrónomo Romero Oropeza había sufrido algún tipo de descalabro político, ocasionado por el plan contra el huachicol y, como consecuencia, el desabasto de gasolinas en al menos nueve entidades del país, pues no es así y sus compañeros de causa lo van a arropar. ¡Me canso ganso!”.