Por Angélica Pedraza Alarcón*
En los últimos años, la Federación ha incorporado la perspectiva climática dentro del presupuesto público. Desde 2013, se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el Anexo Transversal nombrado “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático” (AT-CC), con el objetivo de presentar los recursos destinados a combatir el cambio climático.
Para 2025 se prevé una asignación de alrededor de 205 mil 386.72 millones de pesos distribuidos en 60 programas presupuestarios que forman parte del AT-CC. A primera vista, esto podría parecer una gran noticia, sin embargo, aún persisten serios problemas en la forma en que se planea, distribuye y utiliza este dinero. A continuación, se presentan tres grandes áreas en las que el presupuesto climático mexicano sigue enfrentando retos importantes.
1. Gastos que no tienen relación con cambio climático:
Sin duda, el problema más grande cuando se habla del AT-CC es que una parte considerable del dinero etiquetado como “presupuesto climático” en realidad no está vinculado directamente con acciones que mitiguen el cambio climático o ayuden a la adaptación de sus efectos.
Por ejemplo, en 2025 el 93.4 por ciento del presupuesto del Anexo Transversal de Cambio Climático se concentró en 10 programas, de los cuales sólo dos tienen relación directa con los objetivos de adaptación y mitigación, a saber, el FONDEN (9.1 por ciento), el programa para atención de desastres naturales. Los otros nueve principales proyectos, entre los que se encuentran las Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga; Provisiones para la construcción y fortalecimiento de infraestructura; Servicio de transporte de gas natural y el de Reconstrucción y Conservación de Carreteras, absorben en conjunto el 84.3 por ciento del AT-CC, pero sus objetivos no están claramente vinculados con el combate al cambio climático.
El caso más grave continúa siendo que se considere al mal llamado gas natural como recursos que contribuirán a combatir el cambio climático, pues este programa a cargo de la CFE absorbe el 16.6 por ciento del AT-CC. También, es problemático que se catalogue sin ofrecer explicaciones el gasto en infraestructura, pues este no necesariamente ayuda a reducir emisiones o proteger a comunidades vulnerables de sus efectos. De esta forma, aunque las cifras generales parezcan altas, el impacto real para atender los impactos del cambio climático y la protección medioambiental es mucho menor al que debería ser.
2. Falta de transparencia y claridad en su distribución:
Otro problema es la falta de transparencia y claridad con la que se distribuye el presupuesto. Si bien, se tiene conocimiento de los programas a los cuales se les destinan fondos, no siempre es evidente cuánto dinero se destina a acciones de mitigación, como pueden ser las energías limpias, y cuánto a adaptación, como la protección de ecosistemas o las comunidades vulnerables ante fenómenos extremos. Es decir, existe una falta de desglose en los datos que dificulta evaluar si los recursos están bien enfocados.
3. El presupuesto no se destina a programas que sí tienen que ver con el cambio climático:
A pesar de los ejemplos anteriores, un aspecto positivo del AT-CC es que realmente incorpora programas presupuestarios alineados con el combate al cambio climático. Sin embargo, muchos de estos programas no reciben los recursos que requieren. Por ejemplo, en 2025, el Programa de protección forestal únicamente representó el 0.7 por ciento del AT-CC; Gestión integral y sustentable del agua significó el 0.6 por ciento; los programas de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), y Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias representaron únicamente el 0.1 por ciento.
Aunque México ha dado pasos importantes al incluir el cambio climático en su política presupuestal, aún queda mucho por hacer para lograr que el presupuesto contribuya significativamente hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o la protección de las personas más vulnerables ante los efectos del cambio climático.
Si queremos que el presupuesto para los siguientes años tenga un impacto real en cuanto a la mitigación y adaptación del cambio climático es urgente dejar de considerar aquellos programas que no contribuyen de manera directa a este objetivo, de forma que las cifras destinadas a ello no estén infladas.
Por otro lado, es necesario mejorar la transparencia en la asignación, que permita realizar análisis más detallados sobre el paradero del presupuesto. Las autoridades podrían ofrecer más explicaciones sobre lo que consideran presupuesto para el cambio climático, y diferenciar entre el presupuesto específico destinado en medidas de mitigación de aquel relacionado con la adaptación al cambio climático. Sin esto, es imposible mejorar el uso de estos recursos o saber si realmente están cumpliendo su objetivo.
Por último, los recursos deben llegar a aquellos programas que realmente tienen un impacto directo en la lucha contra el cambio climático. Sólo así podremos enfrentar de forma efectiva uno de los desafíos más grandes de nuestro tiempo.
* Angélica es colaboradora del Programa de Justicia Fiscal en @FundarMexico.
