En la última semana se han multiplicado los ataques anónimos en las redes sociales contra mi persona, la organización en la que trabajo, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el exsubsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell. Los ataques —como siempre, ocultos en el anonimato de las redes sociales— se enfocan contra “los mensajeros”; es decir, son ataques contra las personas, pero no contra “el mensaje”; no contra lo que proponemos ni contra lo que hacemos.
Estas son dos características centrales de la guerra sucia de las corporaciones que introducen en el mercado productos que dañan la salud o el medio ambiente, corporaciones que enfrentan y se oponen a políticas que regulen sus prácticas. Se trata de no dar la cara, de ocultarse tras el anonimato y de no enfrentar los argumentos, sino de atacar a quienes los presentan.
Lo que tenemos en común quienes somos objeto de esos ataques es lo que hacemos, lo que proponemos y lo que decimos, que es lo mismo que señalan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otros. Lo que se señala es que las corporaciones refresqueras, las del tabaco y las del alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte prematura en nuestro país. El mensaje es que estas corporaciones nos dejan enormes daños mientras ellas se enriquecen; que su riqueza se construye sobre el perjuicio a la sociedad. No se discute el mensaje; el ataque es contra quienes lo pronuncian, contra quienes exponen esa realidad.
Lo que más molesta a estas corporaciones es que este mensaje sea el de los organismos internacionales, incluida la propia Organización Mundial de la Salud: el mensaje de que estos impactos en la salud no se deben únicamente a malas decisiones personales, sino que, en términos poblacionales, son consecuencia de las prácticas comerciales de estas corporaciones, de lo que producen con dichas prácticas y de la conformación de ambientes tóxicos donde lo que más se promociona, lo que más se expone en el mercado y lo que más se ofrece es, precisamente, lo que más daño provoca. Así, los negocios que más crecen —como los OXXO— son los que venden estos productos, y esto es lo que incrementa su consumo en la sociedad.
Los ataques no son nuevos y han tenido muy diversas formas, incluso el espionaje —importante mencionarlo ahora que ha renacido el caso de PEGASUS—. En estos ataques recientes en las redes sociales se incluye también al Dr. Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, y presidente de la Federación Mundial de Obesidad. Desde hace ya casi diez años hemos sido objeto de estas estrategias. Él, como yo, fuimos en 2016 víctimas de PEGASUS, ese sistema de espionaje sofisticado comprado por el gobierno mexicano a una empresa israelí. ¿Quién quería espiarnos cuando coincidíamos al proponer el aumento del impuesto a los refrescos y exigíamos el desarrollo de un nuevo etiquetado en alimentos y bebidas? ¿Quién en el gobierno le estaba haciendo el favor a las empresas de espiarnos para brindarles información?
Les molesta que una organización de la sociedad civil se haga de recursos para lanzar una campaña y decirle a la población lo que no les dicen las corporaciones en su publicidad. Una corporación puede gastar miles de millones de pesos en una campaña que publicita el consumo de un refresco vinculándolo a la felicidad, el amor, la amistad, la Navidad, etcétera; pero no pueden aceptar que una organización de la sociedad civil obtenga recursos —una fracción de lo que ellos invierten en publicidad— para dar información real sobre los daños de sus productos.
Les molestó profundamente que contáramos con recursos para dar a conocer cuántas cucharadas de azúcar tiene un refresco. Éramos ya los mayores consumidores de refrescos en el mundo y no sabíamos cuánta azúcar había en esas bebidas. En 2013 realizamos esta campaña como parte de una más amplia. Ese año, el consumo de bebidas azucaradas bajó, y un estudio publicado en una revista científica señalaba que se debió a esa campaña informativa. Desde entonces, hemos dicho que, si se tuviera una fracción de lo que estas corporaciones gastan en publicidad para realizar campañas informativas —basadas en comunicar los daños que generan estos productos—, veríamos una baja en su consumo y, por lo tanto, una reducción de sus daños. Las corporaciones podrían moverse a la fabricación de otros productos, incluso elaborar otros más saludables.
Los ataques vienen por eso: porque se quieren mantener las condiciones imperantes en el mercado que les permiten sostener y hacer crecer sus ganancias, sin importar los daños a la salud y al medio ambiente. Para ello, las campañas de información que promueven políticas regulatorias les representan una amenaza. Entonces, la estrategia no es atacar la verdad, sino a quienes la pronuncian.
Este es parte del dilema civilizatorio que vivimos: o permitimos que los poderes sigan manipulándonos —con las consecuencias que esto tiene para el presente y el futuro, la salud y el planeta—, o actuamos. Para ello, hay que sacar a la luz estas prácticas y estrategias. La esperanza la tenemos cuando no sólo la OMS, sino incluso organismos financieros internacionales, como el propio Banco Mundial (BM) y la OCDE, se suman a recomendar a los gobiernos aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas, que son precisamente las que están detrás de esta guerra sucia.
