En la Ciudad de México, el cuidado ha dejado de ser un asunto relegado a rutinas invisibles o buena voluntad de las familias. Entró al terreno donde se definen las estructuras perdurables: la ley, la política pública, la Constitución.
Ese giro reconoce que cuidar no es caridad ni vocación natural femenina, sino un derecho humano y una responsabilidad colectiva. La apuesta presentada ayer por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, coloca a la ciudad a la vanguardia en América Latina y protege ese derecho frente a cambios de administración y coyunturas políticas.
La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al cuidado, con el deber de las autoridades a diseñar un sistema público que garantice equidad y justicia social. E irá más allá al especificar que los trabajos de cuidados, del hogar o domésticos no remunerados son trabajos productivos esenciales para la reproducción social.
Según ONU Mujeres, diariamente mujeres y niñas destinan tres o cuatro veces más horas que los hombres al trabajo de cuidados no remunerados. Tiempo restado a su formación, desarrollo profesional, descanso o participación plena en la vida pública. Por eso, como sintetizó Brugada: “llegó la hora” de enfrentar esa división sexual del trabajo que ha propiciado históricamente grandes desigualdades.
En términos económicos, el trabajo de cuidados no remunerado equivale al 26.3 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con el Inegi. Y las mujeres aportan el 71.5 por ciento de ese valor. En cualquier otra rama productiva, ese porcentaje bastaría para que se hablara de “sectores estratégicos”. La llamada contradicción capital-cuidados, según la cual el sistema depende de este trabajo para sostenerse, pero al mismo tiempo lo oculta y precariza.
La propuesta de Ley para establecer un Sistema Público de Cuidados busca enfrentar ese absurdo con una estructura institucional que asume la corresponsabilidad social del cuidado, operado bajo el principio de las tres R: Reducir, Redistribuir y Reconocer, y donde ha sido central el trabajo de servidoras públicas como las secretarias de Bienestar, Araceli Damián, y de las Mujeres, Daptnhe Cuevas.
En América Latina hay experiencias que sirven de espejo. Uruguay creó en 2015 su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, con énfasis en atención a personas dependientes. Chile, con su Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados, articula esfuerzos intersectoriales para llegar a poblaciones vulnerables.
La Ciudad de México propone algo singular: elevar esta política al más alto rango jurídico local y garantizar que, gobierne quien gobierne, el cuidado siga siendo un compromiso ineludible.
