El lunes primero de diciembre del 2025, Joaquín Guzmán López, hijo del temible narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y de crimen organizado ante una Corte de Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos, y deslindó al gobierno estadounidense de cualquier implicación en el secuestro de otro célebre delincuente, Ismael “El Mayo” Zambada García, el 25 de julio del 2024, una confesión que era esperada con ansiedad en ambos lados de la frontera.
En su declaración, citada por la plataforma de noticias CNN en Español se advierte: “Guzmán López coordinó y cometió el secuestro del Individuo A (en este caso “El Mayo” Zambada), entre otras razones, con la esperanza de obtener créditos por cooperación del Gobierno de Estados Unidos para él y su hermano”, Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, quien se declaró culpable en Estados Unidos, en julio del 2025, de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego, relacionados con su liderazgo en el Cártel de Sinaloa.
Es singularmente notable la precisión, seguramente largamente estudiada y rigurosamente inducida, en la que advierte Guzmán López “que el Gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni toleró el secuestro”. Y además, advierte el hijo de “El Chapo” que ni él ni su hermano recibirán créditos por cooperación por el secuestro, agrega el documento judicial citado por la cadena de noticias CNN.
Los términos de la declaración de Guzmán López son precisos, específicos, claros, como si le hubiesen sido dictados y los hubiera aprendido de memoria. Porque así, en esos términos, conviene al gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, el problema con lo que el joven narcotraficante Guzmán López ha declarado; con lo que el gobierno de Estados Unidos ha reconocido y ocultado; así como las tibias exigencias del Gobierno de México, que no han sido lo suficientemente enérgico para pedir una explicación detallada de cómo sucedieron los hechos del secuestro de “El Mayo”, en lo que podría ser una flagrante violación de nuestras leyes y de nuestra soberanía, dejan latentes profundas e inquietantes interrogantes.
El énfasis en las negaciones de Guzmán López tiene eco en el comunicado que el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, divulgó el 9 de agosto de 2024, en un comunicado oficial, que incluía el siguiente párrafo: “No se utilizarán recursos estadounidenses en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. No se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses. Estamos en el entendido que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. El piloto no era un empleado ni fue contratado por el Gobierno de los Estados Unidos, ni algún ciudadano estadounidense”.
Entrevistado por Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos, en un despacho informativo publicado el miércoles 14 de agosto del 2024, el agente Jack Riley, quien fue jefe de Operaciones de Inteligencia, número dos de la DEA y encargado de supervisar el accionar mundial de la dependencia federal antidrogas estadounidense reveló algo muy interesante.
Con respecto al argumento del entonces Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el sentido de que el avión en el que llegaron los dos narcotraficantes y el piloto a Estados Unidos en julio del 2024 carecía de un plan de vuelo, Jack Riley, el exnúmero dos de la DEA dijo: “En El Paso tenemos al EPIC (Centro de Inteligencia -espionaje-), que monitorea todos los días lo relacionado a personajes y actividades del narcotráfico mexicano a los que tenemos bajo el radar. Sin un permiso entregado con antelación, ningún tipo de aeronave ingresa por aire a Estados Unidos después de lo que nos pasó con los ataques terroristas del 11 de septiembre (de 2001), y el señor Embajador lo sabe, otros fingen demencia”.
¿Por qué tanto énfasis en querer deslindar al gobierno de Estados Unidos del secuestro de “El Mayo” Zambada? Hay muchos puntos oscuros: 1.- ¿De quién es la aeronave que se utilizó para el traslado del capo? 2.- ¿Qué matrícula tenía, de qué país y quien era el piloto? 3.- ¿Quién hizo contacto con las autoridades estadounidenses para la entrega de “El Mayo”? 4.- ¿Quién preparó el terreno para que la llegada a un aeropuerto en Nuevo México fuera tersa y estuvieran puntualmente presentes los agentes estadounidenses que detuvieron al capo mexicano? 5.- ¿Participaron en el operativo agentes extranjeros de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI)?
Esas son algunas de las dudas que no se han despejado. El Gobierno de México, con una tibieza supina ha dicho que el gobierno de Donald Trump no ha querido informar más sobre el asunto que lo que ha trascendido en medios de comunicación? Y así, con una conformidad insultante, con una sumisión vergonzosa, la Fiscalía de México, la de Alejandro Gertz Manero, aceptó que los gringos le jugaran el dedo en la boca a las autoridades mexicanas.
Aunque, también podría ser que las autoridades mexicanas no quieran llegar al fondo y descubrir que, probablemente, en forma encubierta, agentes estadounidenses habrían planeado y ejecutado, en nuestro territorio, el secuestro de “El Mayo”, violando nuestras leyes.
¿Cuál es la razón por la cual el Gobierno de México no exige, con firmeza, las aclaraciones de caso? Si finalmente se comprobara que agentes estadounidenses participaron en los hechos, México tendría que promover dos enérgicas acciones de reclamo: 1.- La detención y entrega de los agentes estadounidenses que hubiesen participado en el secuestro de “El Mayo” Zambada, para ser sometidos al arbitrio de nuestras leyes; y con base en lo que establece la Ley de Seguridad Nacional, analizar seriamente la pertinencia de cancelar o restringir los tratados de colaboración que existen con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada.
La Ley de Seguridad Nacional establece estrictas restricciones para la operación de los agentes extranjeros en nuestro territorio, entre otras: sólo pueden desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se les hubiese expedido; deben presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores, y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual sobre las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios.
Los agentes extranjeros en México tienen prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables, y sólo podrán portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. Los Agentes Extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.
Hay dos disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional que podrían aplicar en el caso del secuestro de “El Mayo” Zambada y son muy delicadas, pues podrían generar un conflicto entre los gobiernos de México y Estados Unidos, algo que ambas naciones no desean.
Dice el Artículo 74 de la Ley de Seguridad Nacional: “Cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los Agentes Extranjeros en territorio nacional. En su caso, los individuos que hubieren incurrido en las conductas antes descritas serán responsables en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
Estas disposiciones legales de México podrían ser las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos se muestre tan esquivo en compartir la información del secuestro del narcotraficante Zambada García, pues de comprobarse que participaron agentes estadounidenses en esa operación, habría un muy grave conflicto diplomático y jurídico con nuestro país, por una flagrante violación de nuestra soberanía y de los acuerdos de colaboración entre ambos países. Quizá por eso tanto silencio sobre una mentira que se ha pretendido imponer como la verdad durante más de un año.
