Berlín, 21 ene (dpa) – La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) destacó en su informe anual presentado hoy que el gobierno mexicano del Presidente Enrique Peña Nieto ha obtenido “pocos avances” a la hora de juzgar los asesinatos, desapariciones y torturas perpetrados por soldados y policías.

“Al asumir en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la ‘guerra contra el narcotráfico’ iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad”, recordaron los autores del informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

A pesar de promulgar una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas, HRW señaló que el gobierno ha obtenido “pocos avances” para juzgar los “numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto”.

De acuerdo a HRW, “el sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos, y se asegura así su impunidad”.

“Las disposiciones sobre arraigo permiten que algunas personas presuntamente implicadas en delitos penales sean detenidas durante períodos de 80 días sin ser que se presenten cargos”, denunció en el informe.

Respecto a la desaparición de personas en México, que llegaron a situarse en más de 26 mil desde diciembre de 2006 según datos del gobierno de Peña Nieto, el organismo internacional indicó que no se han demostrado “adelantos significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas”.

“México todavía no cuenta con una base de datos nacional de personas desaparecidas ni tampoco sobre los miles de restos humanos no identificados que han sido hallados, muchos de ellos en fosas comunes”, agregaron.

Asismismo, denunció que los militares que cometen estos abusos no son llevados ante la justicia, “en gran parte debido a que los hechos continúan siendo investigados y juzgados en el sistema de justicia militar, que carece de independencia y transparencia”.

HRW destacó como un problema importante en México que el sistema de justicia ordinario no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos, debido a causas como corrupción, capacitación y recursos insuficientes. Y recordó que la Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos no ha sido aún reglamentada.

“En México, la débil aplicación de la ley ha contribuido al surgimiento de nuevos grupos de autodefensa ciudadana armados en algunas regiones del país”, señalaron los autores del informe.

AUTODEFENSAS, “FRANKENSTEIN INCONTROLABLE”

El gobierno mexicano ha mantenido una posición “ambigua” e “improvisada” respecto al peligroso fenómeno de las autodefensas surgidas en estados como Michoacán y que podrían convertirse en un “Frankenstein incontrolable”, advirtió HRW.

“Da la impresión de que el gobierno ha ido aprendiendo en el camino, improvisando sus posiciones frente a un hecho que es de la mayor gravedad”, lamentó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, al desgranar en rueda de prensa en Washington los capítulos regionales del informe anual de la organización presentado hoy en Berlín.

“No hay una política clara en materia de seguridad pública por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto”, insistió. “El gobierno federal ha sido muy poco claro, de grandes ambigüedades en este tema, y eso ha permitido una gran incertidumbre respecto de cuál es la posición del gobierno federal frente a un fenómeno de la mayor gravedad como es el surgimiento de autodefensas, un cáncer que ha padecido Colombia durante varias décadas”.

En este sentido, Vivanco criticó declaraciones que atribuyó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acerca de que las autodefensas “podrían cumplir una labor positiva” y advirtió del grave peligro que supone que grupos civiles asuman tareas de defensa que le corresponden “única y exclusivamente al Estado federal”.

“Es muy fácil caer en este tipo de modelos donde se genera un Frankenstein que luego ningún gobierno controla”, alertó y citó la experiencia de Colombia con los grupos paramilitares.

“Son grupos que surgen invocando tareas o valores como la autodefensa, se crean inicialmente con personas que participan voluntariamente pero que luego necesitan recursos para operar y los que no lo hacen, tarde o temprano tendrán que hacerlo y si no lo hacen son objeto de extorsiones”, con la posibilidad de que cuando ni estos fondos alcancen “muchas veces terminan asociados al narcotráfico que inicialmente combaten”, recordó Vivanco.

Para el jefe regional de HRW, el problema de fondo es que para el gobierno de Peña Nieto este tema es “de segundo orden” y por ello “ha estado muy por debajo de las expectativas”.

“Hasta ahora, como los derechos humanos, no ha sido prioritario, lo están enfrentando incluso hoy día simplemente como una crisis, pero no como una política bien diseñada para ganarse la confianza de la población local e intervenir de una manera profesional sin que se generen violaciones a los derechos humanos”, lamentó.

LA EJECUCIÓN

La inminente ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias en Texas pese a un fallo judicial internacional en contra es una “aberración” que muestra la importancia de que Estados Unidos cuente con un mecanismo para obligar a sus gobiernos locales al cumplimiento de compromisos internacionales, dijo hoy HRW.

“Es una aberración, es un acto de barbarie por parte de las autoridades de Texas”, que tienen en esta materia un “récord realmente abominable”, condenó José Miguel Vivanco

Pese a los intensos llamamientos internacionales a detener su ejecución, Texas tiene previsto ejecutar mañana la pena de muerte de Tamayo Arias, a la que fue condenado por el asesinato en 1994 de un policía en Houston, pero cuyo expediente está incluido en el denominado “fallo Avena”.

EU OCULTA ABUSOS

“Las revelaciones de (el informante estadounidense Edward) Snowden y los informes del impacto de los asesinatos en Yemen y Pakistán han minado los esfuerzos estadounidenses para esconder los abusos de los derechos humanos generados en su lucha contra el terrorismo”, declaró HRW durante la presentación en Berlín.

“Se ha producido un intenso escrutinio público de la vigilancia masiva de las comunicaciones electrónicas en todo el mundo y del asesinato de objetivos concretos por drones. Sin embargo, a pesar de que estas denuncias de prácticas abusivas del contraterrorismo estadounidense no los han parado, han surgido nuevas presiones internacionales que reclaman un cambio”, agregó.

La organización pro derechos humanos con sede en Estados Unidos indica también en su informe que a pesar de prohibir la tortura y decidir cerrar los centros de detención de la CIA, “rehusó perseguir a alguien por estos abusos e incluso impidió los esfuerzos para investigarlos”.