Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La propuesta de Reforma a la Ley de Obras Públicas que se discutirá en el Senado de la República fomentará la discrecionalidad y la opacidad en los procesos de contratación y licitación de obra pública y contradice lo que recién se aprobó con el Sistema Nacional Anticorrupción, alertaron grupos de la sociedad civil.
Las organizaciones Causa en Común, el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Red por la Rendición de Cuentas y Transparencia Mexicana, coincidieron que incluso podría nombrarse “Ley casa blanca” o “Ley OHL” ya que permitiría más casos de corrupción como los que se han presentado en el últimos meses.
“Los escándalos y la crisis de credibilidad por la que atraviesa la actual administración, tienen que ver con obra pública […]. La historia de OHL no se puede reconstruir porque todos los documentos están a cuentagotas y publicados a conveniencia. La ley debe generar confianza, parece que cada obra pública importante está acompañada de un escándalo”, afirmó Edna Jaime, directora de México Evalúa.
El Presidente Enrique Peña Nieto ha sido duramente criticado en el país y en el extranjero por el descubrimiento de que dos grupos empresariales (beneficiados con obra pública en sus gobiernos) han puesto a su disposición, prestadas o para compra, distintas propiedades. Grupo Higa vendió una mansión (la llamada “casa blanca”) a su esposa, Angélica Rivera, con financiamiento; la empresa de Juan Armando Hinojosa también prestó una propiedad para la campaña del PRI en 2012; y la familia San Román le vendió al mandatario una mansión en Ixtapan de la Sal. Además, Grupo Higa financió al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, una casa de retiro en una exclusiva zona de Malinalco.
La iniciativa actual, denunciaron las organizaciones, no garantiza mecanismos ni procedimientos adecuados para promover las mejores condiciones de contratación para el Estado en cuanto a precio, calidad y oportunidad de las obras lo que permitiría eludir licitaciones públicas, facilitar contrataciones amañadas y evadir obligaciones de transparencia.
Para Juan Pardinas, director del IMCO, resulta paradójico que que la misma Cámara de Diputados que votó un SNA, vote también una ley que es un retroceso que afecta al país.
“No es una ley de obra pública, es la ley del compadre, ‘la ley Higa’, la ‘ley OHL’. El Senado tiene la responsabilidad de cambiar la ley pensando en los ciudadanos […] la ley se tiene que frenar y se debe transformar de fondo”, dijo.
Por su parte, Edmundo Gamas, director general del IMDI, alertó que de no modificarse el borrador de dictamen actual, se incrementa el riesgo de que se repitan experiencias como las de la Estela de Luz, el Parque Bicentenario, la Línea 12 del metro o el Viaducto Bicentenario, donde la ineficiencia y discrecionalidad en la contratación y ejecución de los contratos derivaron en malos resultados.
“Esta Ley es una de la principales piezas de política pública para definir si se puede resarcir la confianza, incrementar el flujo de inversión y mejorar la eficiencia y eficacia en las contrataciones del Estado”, comentó.
EN CAMINO UNA LEY POS CORRUPCIÓN
La Ley de Obras fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 9 de diciembre, un mes después de que el Presidente Enrique Peña Nieto enviara la propuesta con el objetivo de agilizar y garantizar la eficiencia en los procesos de contratación y ejecución de obras, así como otorgar certidumbre y transparencia al gobierno, contratistas y sociedad.
Sin embargo, Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, reviró que la minuta de ley que se aprobó “al vapor” por lo diputados no garantiza los suficientes procesos competitivos, carece de mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas, privilegia las adjudicaciones directas, y preserva vicios que merman la conveniencia.
En su artículo 29, la iniciativa de Ley de Obras Públicas considera que las entidades y dependencias deberán optar, en igualdad de condiciones, “por personas físicas y empresas mexicanas, y por las empresas que tengan su domicilio fiscal en las entidades federativas donde se realizarán los trabajos”.
La investigadora de México Evalúa precisó que uno de los aspectos que más preocupa, es que la ley, de ser aprobada, permitiría la formación de 300 ordenamientos de contratación diferentes, es decir, que cada ente de carácter federal pueda tener sus propias disposiciones de contratación.
De acuerdo con Pardinas, la ley sería un desafío a la semántica, ya que no sería una norma de aplicación universal, sino una “broma de aplicación excepcional, que regulará 300 regímenes donde lo que caracteriza es la discrecionalidad, opacidad y falta de competencia”.
Para los especialistas, otro de los factores preocupantes es que las excepciones al SNA beneficiarán a las licitaciones por adjudicación directa o por invitación a tres participantes. Esto, porque tanto el proceso previo, en el que se deben evaluar las condiciones de competencia económica y decidir qué tipo de licitación se debe hacer para cada proyecto, debe hacerse público.
En este sentido, el borrador de Ley permite que se exceptúe el uso de CompraNet, el sistema de compras electrónicas gubernamentales. Se estipula que sería la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que decidiría qué compra puede no hacerse pública.
Una investigación de México Evalúa, mostró que el 40.4 por ciento de los fallos de 2014 no fueron publicados en CompraNet, lo que hace “imposible” verificar el nivel de competencia efectiva en los procedimientos.
También criticaron que se proponga reducir el tiempo para emitir propuestas y mencionaron el caso del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro; para dicha licitación se dio un plazo de sólo dos meses, cuando mínimo se requieren de seis. El resultado fueron pocos competidores.
“La Ley permite modificar las convocatorias para beneficiar a ciertos contratistas al reducir la ventana de tiempo […] En cuanto a la invitación a cuando menos tres personas, debe evaluarse si las propuestas son solventes, ya que unas son simuladas, por lo que debe haber un mecanismo que pueda disuadir la simulación”, agregó Mariana Campos.
En el Proyecto del Paquete Económico 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contempló un recorte de 33 por ciento a Comunicaciones y Transportes. Para Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, resulta preocupante que dado que el gasto público se está reduciendo, las condiciones de competencia al rededor de los contratos puedan ser más delicadas.
“No habrá más competencia, necesariamente, pero sí puede haber una competencia desleal que siempre incorpora a la corrupción. Menos recursos significan menos proyectos, y más jugadores que buscarán atajos para obtenerlos. Preocupa que el próximo año se tenga un presupuesto acotado y que quienes quieran encontrar la ruta fácil de la corrupción, logren hacerlo de manera legal. La corrupción puede legalizarse en México a través de instrumentos como éste”, señaló.
