Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– Amnistía Internacional afirmó que la tortura en México aún es una práctica recurrente utilizada por elementos policiales y militares para obtener testimonios de personas consideradas sospechosas o detenidas arbitrariamente. Denunció que en el país hay un número indeterminado de individuos que permanecen en las cárceles porque no tienen los recursos o sienten que no se les proporciona la seguridad necesaria para denunciar estas agresiones, y porque saben que con toda probabilidad su denuncia no será investigada con seriedad.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el organismo internacional instó al gobierno de Enrique Peña Nieto a garantizar investigaciones exhaustivas, rendición de cuentas y reparación integral para las víctimas, ya que, indicó, “la impunidad en México continúa siendo el mayor obstáculo que deja a las víctimas al desamparo de la injusticia”.

Según dio a conocer Amnistía miles de personas se movilizarán este día en más de 50 países para expresar su apoyo activo a víctimas de tortura alrededor del mundo. Además, les demandarán a sus gobiernos medidas efectivas para eliminar este flagelo.

En el caso de México, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que la situación continúa siendo grave. “Muy a menudo, agentes policiales y militares recurren a la tortura y los malos tratos con el objetivo de obtener testimonios de personas sospechosas o detenidas arbitrariamente y así sustentar acusaciones criminales”.

El organismo internacional recordó casos como el de Claudia Medina Tamariz, quien fue detenida por marinos el 7 de agosto de 2012 en su casa en Veracruz. Luego de ser torturada en la base naval, lo que incluyó una agresión sexual en su contra, fue puesta a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR). Desde entonces, Claudia enfrenta procesos por delitos graves, pero según lo que Amnistía ha constatado en el expediente judicial, estos cargos contra ella se derivan del arresto arbitrario y la tortura que sufrió.

“La PGR está actuando de manera contraria a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Debe desistir de esta persecución penal e investigar inmediata e imparcialmente a quienes torturaron a Claudia Medina”, comentó Guevara al respecto.

Otro caso que refleja la proliferación de esta problemática es el de Ángel Amílcar Colón Quevedo, un migrante hondureño de la comunidad Garífuna, quien lleva cinco años encarcelado injustamente. En 2009 lo detuvieron en Tijuana mientras esperaba cruzar la frontera. Ángel sufrió tortura y maltrato por parte de policías estatales y militares con un aparente motivo de discriminación por su origen étnico.

De acuerdo con Amnistía, la Procuraduría de la República, que ahora encabeza Jesús Murillo Karam, se ha servido de la declaración obtenida mediante la tortura para procesarle, pero hasta ahora no ha investigado su denuncia de tortura.

Algo similar le ocurrió a Germán Heredia Rebollar, quien fue condenado por supuestamente estar involucrado en un secuestro en la Ciudad de México, después de su detención y tortura en junio de 2011. Germán fue sentenciado a 80 años de prisión pese a las irregularidades en su procesamiento, incluso existe evidencia de que policías ministeriales lo llevaron, recién torturado, ante su madre para coaccionarla a realizar una declaración que incriminara a su hijo.

“Claudia Medina, Ángel Colón y Germán Heredia son tres de las muchas víctimas de tortura que han  denunciado los abusos en su contra. Pero la gran mayoría de las víctimas sufre en silencio, muchas de ellas en prisión, porque no tienen los recursos o no sienten se les proporciona la seguridad necesaria para denunciar, y porque saben que con toda probabilidad su denuncia no será investigada con seriedad”, denuncia Amnistía este día a través de un comunicado de prensa.

En este contexto, exhortó al Estado mexicano a aprovechar este día para anunciar resultados concretos en el marco de la lucha para poner fin a la tortura.

“La capacitación de funcionarios es solo un paso mínimo para atender esta seria problemática, no será suficiente para acabar con una práctica tan arraigada. Es esencial garantizar investigaciones exhaustivas, rendición de cuentas y reparación integral para las víctimas”, concluyó Guevara.

Amnistía Internacional ha recomendado medidas específicas al gobierno, como garantizar peritajes médicos, oficiales e independientes, de manera urgente y adecuada, para todas las personas que aleguen ser víctimas de tortura. También asegurarse de que ninguna investigación judicial contenga confesiones o testimonios obtenidos a través de tortura u otras violaciones a los derechos humanos.

CINCO MITOS FALSOS SOBRE LA TORTURA

Amnistía indicó que los actos la tortura se han incrementado en todo el mundo por cinco mitos falsos generalizados, con los que en cierta manera se trata de justificar dicha actividad, los cuales son:

1.- La tortura se usa sobre todo contra presuntos terroristas y en la guerra. Falso, las investigaciones de AI muestran que la tortura y otros malos tratos son un problema en muchos países que sufren amenazas para la seguridad nacional, reales o percibidas, incluido el terrorismo.

2.- La tortura es la única forma de obtener información con rapidez. Falso, subrayó AI, los Estados cuentan con una enorme diversidad de formas de recabar información sobre delitos —tanto cometidos como planeados— sin perder su humanidad.

3.- Algunas formas de tortura no son tan malas. No. “No hay niveles de tortura. Su definición legal es un acto por el que se inflige intencionadamente dolor o sufrimiento severo, sea físico o mental, a una persona para castigarla o para obtener información”.

4.-En ciertas circunstancias sirve a un bien superior. No, la tortura nunca es legal ni aceptable. Los países que actualmente no la penalizan en la ley están violando unas normas acordadas internacionalmente.

5.- Sólo un reducido grupo de los peores gobiernos usan la tortura. Lamentablemente no, indicó el reporte, en los últimos cinco años Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otros malos tratos en 141 países de todas y cada una de las regiones del mundo.

“Los datos con los que cuenta y las investigaciones que hace Amnistía Internacional, junto con más de cinco decenios de documentación y campañas contra este abuso, revelan que ‘la tortura sigue floreciendo’”, concluye un reporte dado a conocer este jueves.

MUJERES, HOMBRES Y NIÑOS SON TORTURADOS A DIARIO: ONU

En el mismo sentido se expresó, la Alta Comisionada de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos  Humanos, Navi Pillay, quien dijo que todos los días, mujeres, hombres, niños y niñas “son deliberada y atrozmente torturados” en prisiones, estaciones de policía y otros lugares de detención, tanto oficiales como secretos alrededor del mundo.

“Se les hace sufrir dolor y humillación, y algunas veces son forzados a ver cómo algunos miembros vulnerables de sus familias son torturados. Sufren aislamiento prolongado e interrogatorios largos; les son retirados tratamientos médicos, comida y agua por largos períodos”, afirmó Pillay, en un pronunciamiento difundido hoy.

De acuerdo con la presentante de la ONU hay cientos de miles de víctimas de tortura, y decenas de miles de lugares donde se tortura, en países de todos los continentes del mundo, tanto en regímenes dictatoriales, países en transición, así como en numerosos Estados con tradiciones democráticas de larga data.

“Cotidianamente mi oficina y activistas de derechos humanos recibimos nuevas denuncias de tortura en Asia, África, América, Europa y Oceanía. Dichos actos van desde golpizas severas hasta humillación sexual pública y violación; el uso de maquinarias específicas para infligir dolor; ejecuciones simuladas; y el obligar a las personas a presenciar el dolor causado a niños u otros miembros de la familia”, denunció Pillay en su pronunciamiento.

Y agregó: “Los gobiernos cómplices de esta impunidad violan no solamente el derecho a la justicia de la  víctima sino también los derechos humanos de todas las personas […] Los funcionarios públicos, parlamentarios, jueces, abogados, profesionales médicos, los oficiales militares, de las fuerzas de seguridad, del orden y de las prisiones – y sí, los líderes de los grupos de oposición, milicias y bandas criminales – deben entender claramente que son responsables de sus actos; y responsables también por sus omisiones – por sus fallas en la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en la protección de las víctimas”.

De acuerdo con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos  Humanos cada año, particularmente en Latinoamérica, un gran número de personas que cometieron actos de tortura hace 20 años o más es acusado y condenado. Los sistemas cambian; los regímenes cambian, pero las leyes que prohíben la tortura se mantienen inalteradas.

LA CIDH PIDE A GOBIERNOS “DAR PASOS DECIDIDOS”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy a los Estados de la región a “dar pasos decididos” para prevenir la tortura y reparar a las víctimas. Con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la CIDH pidió a los Estados que implementen “mecanismos destinados a prevenir la comisión de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; a investigar y sancionar tales actos, y a reparar a las víctimas”.

“No hay absolutamente ninguna justificación para la tortura. No existe ningún escenario donde la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes sean aceptables. El derecho internacional de los derechos humanos lo establece con absoluta claridad, y así ha sido reiterado por la Comisión y la Corte Interamericanas”, dijo Tracy Robinson, la presidenta de la CIDH.

Según el derecho internacional, la prohibición de la tortura “no puede ser derogada y no admite excepciones de ningún tipo, aún en situaciones de guerra, lucha contra el terrorismo o estados de emergencia o calamidades públicas”.

La CIDH también instó a los Estados de la región que aún no lo han hecho, a ratificar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Este tratado, adoptado en 1985, ha sido rafificado hasta la fecha por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.