El suelo de conservación de la CdMx ofrece recarga de agua para los millones de habitantes de la gran urbe, producción agropecuaria, regulación del clima, entre otros beneficios ambientales. Colonos interpretaron que el Programa de Ordenamiento Territorial lo pone en riesgo, por lo que el Gobierno local aplazará su consulta.
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– El Plan General de Desarrollo (PGD) y el Proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), cuyo contenido traza el desarrollo de la Ciudad de México en los próximos 20 años, introduce que un 20 por ciento que en 1996 era catalogado como suelo de conservación (29 mil 695 hectáreas) ahora es “suelo rural”, lo que causó confusión entre los colonos y el Gobierno de la Ciudad de México aplazará su discusión hasta que haya consenso.
Al “no estar regulado específicamente” este nuevo uso de suelo creado por la Constitución de la CDMX, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios del Anáhuac consideró que le abriría las puertas al sector inmobiliario en la zona sur, a pesar de la sobreexplotación de acuíferos y el encarecimiento de viviendas en la urbe.
Ante ello, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum coincidió en que “tiene muchos problemas ese documento”, principalmente que la propia Constitución llama al suelo de conservación “suelo rural”, por lo que envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para que se aplace la discusión.
“No tiene caso que en el tema del suelo de conservación ni en otras dudas que se han planteado se acelere un proceso que tiene que ser democrático y de consensos en la ciudad. Ni estamos de acuerdo en que se privatice ni estamos de acuerdo en que se urbanice”, enfatizó.
Por su parte, el Movimiento Urbano Popular marchó este miércoles del Hemiciclo a Juárez rumbo al Zócalo de la capital por la “simulación de participación” y la “falta de difusión suficiente” a la ciudadanía, como propaganda en medios, transporte público o bardas, sobre lo planteado en ambos documentos gubernamentales.
Sus miembros –vecinos y académicos– exigieron el manejo responsable de las áreas protegidas y de conservación con “normas más estrictas” para evitar el impacto negativo de las plazas comerciales, vialidades o conjuntos de uso mixto, y formular políticas para promover “el uso ambientalmente equilibrado” del suelo otorgando sustento legal y presupuestal que inhiba la especulación inmobiliaria.
“Nos preocupa la simulación de la consulta y que se criminalice la protesta social. No se está realmente consultando a los habitantes que viven en las zonas de impacto; no queremos que nos pase como en el pueblo de Xoco, donde se privilegió el capital sobre los sentires y saberes de la gente que ocupa el territorio”, dijo Federico Godínez, de la Asamblea Vecinal de Tlalpan y Coyoacán.
El Instituto de Planeación Democrática, que realizó el Programa General de Ordenamiento Territorial y organizó las reuniones vecinales el 3 de diciembre, declinó hacer comentarios al respecto a SinEmbargo. Pero en septiembre informó en su sitio Web que habilitó un Sistema de Gestión que concentra todas las propuestas sobre los proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial para que, a través de un folio, la ciudadanía pueda saber y conocer en qué estado se encuentra su propuesta.
SUELO RURAL EN “VACÍO LEGAL”
El Proyecto de Programa de Ordenamiento Territorial expone en el apartado de regulación de suelo: “La Ley de Desarrollo Urbano del DF (1995) estableció en su clasificación primaria dos tipos de suelo: el ‘suelo de conservación’ y el ‘suelo urbano’. En 2017, la Constitución de la CDMX estableció una tercera categoría: el ‘suelo rural’. Se observa que al año 2020, la superficie del suelo urbano ocupa el 42 por ciento del territorio, el suelo de conservación ahora ocupa 38 por ciento respecto del 58 por ciento que ocupaba en 1996, lo anterior porque se le resta el 20 por ciento que ahora ocupa el suelo rural”.
Las más de 54 mil hectáreas (36 por ciento) de suelo de conservación –sin contar donde hay asentamientos irregulares por falta de acceso a la vivienda– se protegen porque ofrecen recarga de agua para los millones de habitantes de la ciudad, captura de dióxido de carbono, producción agropecuaria, regulación del clima, entre otros beneficios ambientales. Al interior de este suelo se desarrollan actividades forestales, turísticas y recreativas.
En tanto, en las 29 mil 695 hectáreas (20 por ciento) de “suelo rural”, ubicado en la zona sur y poniente de la Ciudad, se concentra la actividad agropecuaria, pero “se encuentra amenazada por el crecimiento urbano y la especulación inmobiliaria”, reconoce el Programa de Ordenamiento, por lo que “las normas de ordenamiento deben ser revisadas para su actualización y correcta aplicación” para el control del uso del suelo.
Sin embargo, Alejandro Velázquez, abogado del Frente por la Defensa, observó en entrevista que si bien la Constitución de la Ciudad de México creó la nueva categoría suelo rural, no establece la extensión que debe abarcar ni la normativa que la rige.
“El suelo de conservación se regula en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, y en la Ley de Desarrollo Urbano. La Ley de Desarrollo Urbano (artículo 42 TER) establece que en el suelo de conservación no puede haber un cambio de uso de suelo a otro que pueda permitir la urbanización. En cambio, el suelo rural queda en vacío legal y algún propietario podría solicitar el cambio de uso de suelo a habitacional, comercial o equipamiento porque el Programa de Ordenamiento Territorial no especifica de qué forma se protege el suelo rural y es abrirlo al mercado inmobiliario”, explicó.
Velázquez abundó en que, al carecer de regulación específica, en el suelo rural ya no sería obligatorio presentar una Manifestación de Impacto Ambiental para cualquier obra; ya no sería ilegal depositar residuos sólidos ni usar en cultivos plaguicidas tóxicos; también se elimina la prohibición de derribar árboles y cualquier obra de desarrollo inmobiliario podrá iniciar a construirse solo con un sello de la Alcaldía.
Los pueblos y barrios de alcaldías con suelo de conservación como Xochimilco, Tláhuac, Álvaro Obregón y Milpa Alta proponen que se debe partir de un diagnóstico de “las capacidades reales” de la Ciudad de México en términos hídricos, de movilidad y protección civil a fin de determinar si, en primer lugar, puede seguir creciendo al ritmo propuesto por el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento.
Pero el Instituto de Planeación Democrática realizó el Programa General de Ordenamiento Territorial sin comentarios de la Secretaría de Ambiente o la de Riesgo y Protección Civil, de acuerdo con solicitudes de información de la organización ciudadana Suma Urbana.
El pasado sábado 3 de diciembre, sin el Plan General de Desarrollo ya aprobado ni una Ley de Ordenamiento Territorial emitida por el Congreso local, el Instituto de Planeación realizó reuniones vecinales para participar en la consulta pública sobre el contenido del PGD y del PGOT.
Sin embargo, en algunas reuniones hubo poca afluencia y fueron suspendidas en Xochimilco y Milpa Alta por la represión policiaca registrada en el pueblo originario de San Gregorio, Xochimilco, entorno a las protestas pacíficas por la instalación de obra hidráulica sin su derecho a una consulta informada.
A su vez, comuneros de los nueve pueblos originarios de Milpa Alta, como San Pedro Atocpan y San Antonio Tecómitl, bloquearon durante días la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec para oponerse al Programa de Ordenamiento Territorial por considerar que facilita la entrada al sector inmobiliario.
¿EXPANSIÓN DE AIRBNB?
Los colonos del Frente por la Defensa exigen eliminar de la propuesta la descentralización del turismo. En el marco del encarecimiento de la vivienda y la llegada de nativos digitales por la pandemia, el Programa de Ordenamiento Territorial busca crear “destinos turísticos emergentes” en diversas partes de la ciudad y modificar el artículo 35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, a fin de que el hospedaje en casa habitación sea categorizado como un giro de bajo impacto.
“Es un mensaje clarísimo para legalizar las prácticas de Airbnb, sin una discusión a fondo sobre los efectos negativos en el territorio y en el encarecimiento de la vivienda”, observó el abogado Alejandro Velázquez.
Al respecto, agregó: “Los pueblos originarios pueden transformarse en pueblos mágicos, imponer turismo basado en la cultura e identidad de los pueblos que no implica una mejoría para los habitantes”.
En contraste, las políticas de vivienda social permiten a los desarrolladores inmobiliarios aumentar los niveles de construcción a cambio de que un porcentaje de las viviendas tenga un precio menor. “La construcción de vivienda social queda condicionada a la inversión privada y a la ganancia del sector inmobiliario”, observa el Frente.
El Frente por la Defensa, en línea con lo diagnosticado por la Asociación Mexicana de Urbanistas y la Academia Nacional de Arquitectura, expuso que primero debe publicarse el Plan General de Desarrollo y, de ahí, derivarse y consultarse programas de salud, educación, economía, cultura o, en este caso, de ordenamiento territorial.
Además, el proceso tanto de consulta ciudadana como indígena no se ha difundido adecuadamente por lo que la población en general de la Ciudad de México desconoce los alcances de la expansión territorial que planea el Gobierno de la Ciudad de México rumbo a 2035-2040.
