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Germán Petersen Cortés

12/05/2015 - 12:00 am

Pendientes en lucha anticorrupción

La inminente promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se convertirá en uno de los mayores logros en la lucha contra la corrupción en México. Hacia el futuro, la agenda anticorrupción presenta dos grandes pendientes: por un lado, implementar exitosamente el SNA, nombrando a personajes ejemplares para gestionarlo y asegurándoles que el control quedará en sus […]

La inminente promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se convertirá en uno de los mayores logros en la lucha contra la corrupción en México. Hacia el futuro, la agenda anticorrupción presenta dos grandes pendientes: por un lado, implementar exitosamente el SNA, nombrando a personajes ejemplares para gestionarlo y asegurándoles que el control quedará en sus manos y no en las de los partidos y, por otro lado, avanzar en puntos donde el sistema actual tiene áreas de oportunidad. Aquí nos concentramos en el segundo pendiente.

Hubiera sido un error de proporciones históricas no aprobar el SNA por considerar que no va tan a fondo en la lucha contra la corrupción, sobre todo considerando la magnitud del problema. Se habría dejado ir la oportunidad de asegurar un SNA de avanzada aunque perfectible, como es el actual, cuando había condiciones legislativas para que existiera. En consecuencia, la aprobación del SNA actual es un enorme acierto.

Ahora bien, haber avanzado no debe conducir a perder de vista la urgencia de ir más allá. Los mexicanos demandan, y con razón, un combate decidido a la corrupción. Urge, pues, mejorar los mecanismos de prevención y sanción de los delitos y faltas administrativas asociadas con la corrupción. Este es el gran reto de la legislatura que se elegirá el próximo 7 de junio y que entrará en funciones el 1 de septiembre.

Una de las enseñanzas que ha dejado el proceso electoral en curso es que la presentación de las declaraciones 3de3 contribuye sustantivamente a la transparencia y al combate a la corrupción. Tales declaraciones han permitido a la sociedad identificar cuáles candidatos están dispuestos a transparentar su patrimonio e intereses, saber de dónde sale su riqueza y exhibir a aquellos candidatos que se niegan a abrir al escrutinio público su patrimonio e intereses. Incluso en aquellos casos donde los declarantes han mentido, la 3de3 no ha perdido su utilidad, pues han quedado exhibidos como mentirosos y enfrentado elevados costos de imagen pública.

La experiencia del 3de3 deja apuntado un pendiente para mejorar el SNA: obligar a que quienes se postulen para un cargo público presenten sus declaraciones patrimonial y de intereses, y que también lo hagan al dejar el cargo, con miras a que la sociedad compruebe si el incremento en su patrimonio es consistente con sus ingresos.

Otro retoque que podría hacérsele al SNA es dotar de más herramientas a la procuración de justicia en materia de corrupción, sobre todo en términos de inteligencia financiera y patrimonial. A mi juicio, la Fiscalía Anticorrupción debería centrarse en los grandes casos de corrupción, pues son los más sencillos de detectar, los que más dañan las finanzas públicas y la legitimidad de las instituciones, y aquellos que, al ser castigados, más disuaden de incurrir en actos de corrupción. De cara a hacer esto exitosamente, la Fiscalía requiere mejores instrumentos de inteligencia financiera y patrimonial.

Un pendiente adicional, aunque más difícil de concretar, es la posibilidad castigar penalmente a personas morales que hayan incurrido en prácticas corruptas. Resulta más complicado pues la tradición jurídica mexicana no suele estar abierta a asimilar a las personas morales con las físicas. Sin embargo, partiendo de que quien corrompe frecuentemente es una persona moral, no una física, los incentivos para corromper cambiarían radicalmente si fuera posible conducir a aquellas ante instancias de impartición de justicia.

Acaso el pendiente de mayor impacto simbólico sea modificar el artículo 108 de la Constitución para quitarle al Presidente la inmunidad para ser procesado por actos de corrupción. Que el servidor público número uno del país esté protegido por un caparazón legal daña la legitimidad de la estrategia anticorrupción en su conjunto. ¿Cómo una sociedad justificadamente escéptica de la lucha contra la corrupción creerá que ahora sí se le combatirá cuando, de entrada, se está dejando intocada a la figura presidencial? Adicionalmente, desde una perspectiva de igualdad jurídica, no encuentro argumento válido para que el Presidente sea la excepción a la regla que aplica a todos los demás servidores públicos.

Hoy, la corrupción preocupa a los mexicanos más que nunca en los últimos años y compromete seriamente la legitimidad del Estado mexicano. Mayores avances en el SNA actual es la mejor respuesta institucional ante esta situación.

@GermanPetersenC

Germán Petersen Cortés
Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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