El 42 por ciento (1 mil 501 de 3 mil 579) de los sindicatos de trabajadores en México, según cifras oficiales, son independientes (porque no están afiliados a una federación o confederación). Sin embargo, la independencia sindical va más allá de eso. Requiere de procesos democráticos internos que aseguren la participación de la base laboral, sin influencia de intereses políticos y económicos particulares. Pero en México, dijeron sindicalistas consultados, estas condiciones rara vez se cumplen “y los administradores hacen negocios con los sindicatos”.
Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Uno de cada tres sindicatos en México es “independiente”, según los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Pero las libertades colectivas (para organizar sindicatos) e individual (para afiliarse o no) de los trabajadores mexicanos son, en muchos casos, coartadas por la injerencia de grupos mayoritarios con intereses políticos y económicos, destacaron analistas y líderes de gremios independientes.
Con la entrada en funciones de la nueva administración federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que durante su mandato, el Gobierno “no va a intervenir a favor de ningún grupo” porque “va haber democracia sindical”.
Inclusive, durante su conferencia matutina del 11 de diciembre, AMLO mencionó que luchará para eliminar el “charrismo sindical” (o la presencia de caciques) y a los sindicatos de gobierno (CTM, CROC, CROM, entre otros) a través de una reforma a las leyes “antes de que finalice el periodo ordinario [31 de diciembre de 2018] del Congreso [de la Unión]”.
La independencia sindical implica una estructura en que los dirigentes y la base laboral están organizados, de tal modo que los beneficios se traduzcan en mejores condiciones de trabajo, a la vez que la productividad se ve incentivada. Así, la independencia sindical es garantía de un contrato colectivo que no responde a intereses privados, sino más bien, a intereses colectivos.
De acuerdo con Víctor Ortega, abogado del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, la independencia de un sindicato parte, en primera instancia, de la falta de pretensiones políticas de los trabajadores; y nace, por contrario, del acuerdo colectivo para impulsar a la gente, y no para controlarla a través de estructuras corporativas.
Un elemento imprescindible de la independencia, explicó el litigante, es el principio de no reelección de los dirigentes, que por un lado asegura la libre competencia dentro de la estructura sindical; y por otro, genera incentivos de participación sindical, sin el agravante de la influencia que ejercen jerarcas y patrones en las organizaciones laborales, ya sea de manera directa (estructural) o indirecta (a través de los diferentes órdenes de Gobierno).
De acuerdo con el Artículo 2 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que ratificó el Senado de la República en septiembre de este año– se consideran actos de injerencia “las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores”.
Cuando la independencia de los sindicatos es cuestionable, el sustento de las libertades laborales, también lo es.
En la actualidad el problema en México es, “sin lugar a dudas, el control político en los sindicatos” y el enriquecimiento ilícito de los dirigentes, dijo a SinEmbargo la doctora María Xelhuantzi López, investigadora del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para la experta en materia sindical, el sindicalismo independiente es mínimo. Mientras que las cifras oficiales refieren que hay 1 mil 501 sindicatos independientes, la realidad sugiere que son pocas las organizaciones que en verdad están desligadas de centrales sindicales tradicionales como la CTM, la CROC y la CROM, que concentran al 43 por ciento de los sindicatos registrados ante la STPS.
El mayor problema, explicó Xelhuantzi, son los “registros fantasma que se utilizan para extorsionar a patrones y trabajadores”. De este modo, la tasa real de sindicalización nacional –de entre ocho y 11 por ciento, según cifras oficiales– no sólo “es menor al uno por ciento” de la población económicamente activa (PEA) sino que, los sindicatos independientes, en muchos casos, no lo son.
“En este país, no son más de 10 familias las que controlan cerca del 60 por ciento de los registros sindicales”, lamentó la también asesora del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. “Si el Gobierno realmente quiere dar autonomía y libertad sindical, tiene que empezar con un sistema de fiscalización, con base en los registros locales y federales, para revisar la organización y a los dirigentes”, abundó.
La simulación y el control sindicales, son un grave problema en México. Según Xelhuantzi, “hay una infinidad de membretes, de registros sindicales que se han dado a dirigentes y abogados patronales y sindicales, donde realmente no hay trabajadores” (o los hay pero no saben que tienen un sindicato).
En 2009, por ejemplo, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (CEDSDF) advirtió que la contratación colectiva en la capital del país, era “corporativa y de escasa o nula integración de bases”, con “evidencia [de] que la voluntad que domina es la de la dirección sindical”.
Entonces, como ahora, la Ciudad de México concentraba la mayor parte de los sindicatos del país (19 y 37 por ciento en 2009 y 2018, respectivamente). Y entonces, como ahora, la falta de autonomía sindical vulneraba los derechos de los trabajadores.
Casos como el del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad –que acusa hostigamiento y trato discriminatorio por parte de su sindicato nacional– o el del Sindicato Disidente de Bomberos de la Ciudad de México –que este año denunció presiones por parte del sindicato mayoritario de bomberos capitalino para apoyar a políticos de la Delegación Benito Juárez– evidencian lo que también ocurre en todo el país:
“El cáncer de la simulación contractual [que] afecta a porcentajes altos de los contratos colectivos” en la Ciudad de México, permite concluir que el problema “está presente en todas las federaciones sindicales”, reza el aún vigente diagnóstico del CEDSDF.
Inclusive, la crisis sindical se traduce en la actual falta de confianza de la ciudadanía en los sindicatos.
La encuesta nacional “Confianza en instituciones 2018” de Consulta Mitofsky refiere que, de un rango de 0 (nula confianza) a 10 (máxima confianza), los sindicatos tienen una calificación de 5.4 puntos. Es decir, están reprobados.
“A lo que debería dirigirse el movimiento sindical, en este mundo moderno, es regresar a sus funciones básicas, que es la negociación colectiva. Armar y celebrar contratos colectivos de trabajo, con el consenso de los trabajadores, donde haya vida sindical en los centros de trabajo […] y donde se negocie con la empresa en función de las capacidades económicas”, dijo Xelhuantzi.
Según la OIT, el derecho a la libertad sindical y de asociación “permite a los trabajadores y empleadores unirse para proteger mejor no sólo sus propios intereses económicos, sino también sus libertades civiles como el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, y a la libertad personal y colectiva. Este principio, elemento integral de la democracia, es fundamental para hacer realidad todos los demás principios y derechos fundamentales en el trabajo”.
EL MONTE DE PIEDAD
Acabar con los denominados “sindicatos blancos” (que defienden los intereses del patrón) y con las prácticas de injerencia patronal y gubernamental en los sindicatos es tan grave en nuestro país que, durante décadas, el Gobierno de Estados Unidos ha presionado al Gobierno Mexicano para que adopte medidas como el del Convenio 98 de la OIT para la libertad sindical.
Este año, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el capítulo laboral del acuerdo comercial incluyó un anexo relativo a la representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas de nuestro país, para que México se comprometa a efectuar acciones legislativas para garantizar la libertad sindical, según datos de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
Mientras tanto, la autonomía sindical continúa secuestrada por viejas usanzas corporativas. Ejemplo de ello es el caso del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.
Hace un año y medio, alrededor de 200 empleados del Nacional Monte de Piedad se unieron para formar un gremio independiente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y de Empresas de Préstamo Prendario.
La escisión se debió a irregularidades por falta de transparencia y democracia sindical, en una organización que ha sido dirigida por Mauro Arturo Zayún González desde hace 18 años.
Incluso, una carta dirigida a AMLO por parte del secretario general del sindicato independiente, Carlos Gerardo Ríos Macías, refiere que él y sus agremiados son “víctimas de discriminación laboral”, ya que el líder del Sindicato mayoritario, en contubernio con los “representantes del padrón”, negoció para desplazarlos de “varias vacantes y beneficios económicos”.
Asimismo, Ríos Macías acusa a Zayún González de “condicionar y amagar a muchos trabajadores para no elegir libremente su opción de representación, a través de sus seccionarles e incondicionales”.
El Artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo establece que “si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores”. Empero, el Artículo 396 establece que “las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado”.
Además de violar estos y otros estatutos, como el Artículo 4 que establece que “no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona”, las presuntas acciones de Zayún violarían el Artículo 1 del Convenio de la OIT, según el cual “los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Zayún, de acuerdo con el abogado sindicalista Víctor Ortega, tiene pactos con los patrones y con los representantes locales, quienes consienten sus caprichos y deseos por interés. De ese modo, el jerarca sindical negocia 3 millones de pesos anuales, además de las cuotas sindicales; los representantes se llevan su tajada y los patrones se evitan problemas derivados del control sindical.
“A él le dan todo. Él, si quiere violar a una chica, la viola. Si quiere cobrar por un ingreso, lo cobra. Si quiere quedarse con todas las cuotas, se las queda. Es como un dios”, lamentó Ortega.
Los sindicatos, en México, por lo general tienen una estructura vertical, compuesta por un secretario general que se apoya en sus delegados de sección (o regionales) para acordar, o en muchos casos, controlar a los trabajadores de base.
En el caso del sindicato mayoritario del Monte de Piedad, los delegados fungen como “operadores políticos” de Zayún y “no hacen nada más que andar prometiendo favores”. En este respecto, el litigante del sindicato independiente refirió que este corporativismo no debería ser autorizado por ningún empleador, porque “altera la libertad sindical” y propicia favoritismos antidemocráticos y antiproductivos.
Hay dos principales problemas para los sindicalistas independientes.
Uno es que, a pesar de que los trabajadores del Monte de Piedad tienen el derecho de elegir entre dos sindicatos, en realidad no hay opción “porque la empresa está metiendo las manos para favorecer al otro sindicato”. Ello implica la posibilidad de tener mejores prestaciones y horas extra y turnos dobles, derechos que le son negados a los trabajadores que pertenecen al sindicato independiente.
“Hay cerca de 500 vacantes a nivel nacional. Las tareas están siendo cubiertas por los trabajadores con dobletes laborales. Les pagan doble sueldo y les va muy bien. Sucede que, el sindicato actual, que le da órdenes al patrón, presiona para que a los independientes no les permitan dobletear, lo que constituye discriminación laboral. Así limitan el número de personas que pueden o quieren ser parte del sindicato independiente”, explicaron a SinEmbargo Carlos Gerardo Ríos Macías y Víctor Ortega.
En términos de la Ley vigente, Artículo 358, así como “a nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato”, tampoco puede obligarse a alguien “a no formar parte de él”.
A pesar de la normatividad, en México no hay procesos legales expeditos que permitan revertir casos como el del sindicato independiente del Nacional Monte de Piedad.
“En temas de discriminación –dijo Ortega– no puedes esperar a litigarlo. El trabajador necesita de una respuesta inmediata. […] ¿Dónde está la autoridad? ¿Sabes qué nos dicen a nosotros? ‘¡Demándame!’ Y los abogados se ríen porque saben que una demanda dura tres años”.
Esto queda corroborado según los argumentos presentados este año por la Diputada morenista María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, durante la presentación de su iniciativa de reforma al Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, en que plasma que “el tiempo que se lleva en resolver un juicio laboral no ha disminuido. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje no resuelven en los plazos que fija la ley”.
Un segundo problema, es el hostigamiento y la corrupción. Por un lado, dijeron los sindicalistas consultados, “la Ley es un chiste” cuando la rendición de cuentas descansa en partes fiscalizadoras que, a su vez, son las partes a fiscalizar. Y por el otro, las plazas son negociadas de manera discrecional y arbitraria, además que el acoso sexual –en el caso de las mujeres– es una realidad diaria, sea para obtener beneficios, o para conseguir o mantener su trabajo.
Según la Ley federal del Trabajo, Artículo 3, “el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas”, entre ellas el acoso sexual, es considerado como hostigamiento.
La Ley establece; pero en realidad, no se respeta. Por ello, dijeron los independientes, “el sistema sindical es cuestionable en México; pero el tema del Monte de Piedad es más cuestionable todavía porque cubre una necesidad” social como institución de asistencia privada.
“Esto afecta el servicio a la gente, y por tanto, al consumidor y a los beneficios correlativos”, dijo Ortega. El problema es que el Monte de Piedad “está dirigido por un patronato de nueve personas. No hay un dueño y a nadie le importa lo que pase con el dinero. Y los administradores hacen negocios con los sindicatos”.
