La Suprema Corte de Justicia consideró que la ausencia de las normas que regulan el consumo terapéutico de cannabis impide que Carlos acceda a un tratamiento adecuado, “situación que, inevitablemente, resta eficacia a su derecho a la salud al no establecer las condiciones necesarias para ejercerlo”. Por su parte, la madre del menor de edad explicó que su lucha es también para las familias en la misma situación.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– Carlos tiene 15 años, discapacidad múltiple y epilepsia fármaco resistente asociada al síndrome de West y, gracias a un amparo promovido por su familia, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara a la Secretaría de Salud (SS) que le garantice un medicamento a base de cannabis. El logro también beneficiará a personas que necesitan mariguana para sus tratamientos.

La Segunda Sala de la SCJN concedió el amparo a Carlos y en él también ordenó a la SS, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), armonizar las disposiciones en el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados en 180 días hábiles.

La SCJN consideró que el Ejecutivo incumplió el mandato de la reforma de junio de 2017 a la Ley General de Salud, misma que daba seis meses para emitir normas que permitieran implementar la legalización de la cannabis con fines medicinales.

Un médico había recetado a Carlos que utilizara una preparación con tetrahidrocannabinol (THC), un producto hecho de de componentes psicoactivos de cannabis, pero su familia no podía acceder a él de manera legal, pues su consumo aún está prohibido en México.

Previo a dicho medicamento, Carlos usaba un aceite con cannabidiol (CBD), pero debido a la naturaleza de su epilepsia generó tolerancia a la sustancia y volvió a presentar síntomas, por eso se le recetó el THC.

La máxima Corte del país consideró que la ausencia de las normas que regulan el consumo medicinal de la mariguna impedían que Carlos accediera a un tratamiento adecuado, “situación que, inevitablemente, resta eficacia a su derecho a la salud al no establecer las condiciones necesarias para ejercerlo”, consideró en un comunicado. 

Entrevistada por el sitio Yotambien, Margarita Garfias, madre del menor de edad, explicó que emprendió junto a su hijo la batalla legal para  familias en la misma situación.

“Mi lucha no ha sido solamente por la cannabis, sino para que las mamás y sus familias tengan las mínimas opciones necesarias para estar bien, pues los medicamentos para este tipo de enfermedades cada día se recortan más, precarizando aún más el deterioro de las familias”, afirmó.

La sentencia de la SCJN sostiene que el Estado tiene la obligación de asegurar la salud de las personas. También contempla asignar recursos suficientes y la creación de políticas públicas para otorgar servicios médicos de la mejor calidad para el bienestar y desarrollo integral.

SS Y COFEPRIS ACATAN SENTENCIA

Luego de conocerse el fallo de la SCJN, la SS y la Cofepris informaron que acatarán la sentencia emitida por el amparo 57/2019.

Las dependencias aseguraron que brindarán un tratamiento médico integral al menor de edad.

Aseguraron que comenzó el trabajo coordinado entre áreas de la Secretaría de Salud como la Oficina de la Abogada General, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Cofepris, la Comisión Nacional contra las Adicciones y los Servicios de Atención Psiquiátrica.

EXPERTOS PIDEN REGULAR CANNABIS

Aplicar la justicia transicional para la regulación del uso y consumo de marihuana y valorar las consecuencias negativas de una política prohibicionista son factores necesarios para la construcción de la paz en México, opinaron expertos este martes durante la ponencia “Justicia transicional y políticas de drogas; interacción pendiente”, organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ahí, Nora Robledo, consultora en derechos humanos, destacó que es conveniente que el país aborde la discusión sobre el consumo lúdico y el uso medicinal de la cannabis.

“El prohibicionismo potencia la violación de los derechos humanos, que se refleja en que haya más de 200 mil muertos, 40 mil desaparecidos y 300 mil desplazados por el crimen organizado”, aseguró.

Explicó que la justicia transicional implican una variedad de procesos judiciales y no judiciales, y mecanismos asociados con los intentos de la sociedad por resolver los problemas que se han derivado de un pasado de abusos graves y a gran escala.