Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– Sólo 12 de los 86 ayuntamientos más importantes del país tienen viabilidad financiera y, aun así, las calificaciones de esos municipios no rebasan los 70 puntos, lo que muestra la endeble situación de las finanzas públicas en este nivel de gobierno, alertan los resultados de un análisis realizado por la consultora ARegional.
El Índice de Viabilidad Financiera Municipal (IVFM) evaluó 86 municipios, de los que 26 corresponden a capitales estatales. Su base económica descansa en servicios, comercio, manufacturas y turismo, y son base fundamental de la economía de los estados a los que pertenecen. En conjunto albergan al 36.1 por ciento de la población total del país y cuentan con al menos una calificación crediticia.
Sin embargo, de acuerdo con los resultados del análisis, gastan en exceso, principalmente en el pago de la nómina burocrática y épocas de procesos electorales, además campañas superfluas. También evidencian pocas acciones para aumentar la productividad y generar empleos, además de que son ineficientes incluso en la recaudación de impuestos.
La directora general de ARegional, Flavia Rodríguez Torres, explicó que las calificaciones reflejan la capacidad de los ayuntamientos en el manejo de los niveles de deuda pública, así como el control del gasto administrativo y del servicio financiero.
El municipio que encabeza la lista es Cholula (Puebla) con 77.5 puntos, municipio que presentó niveles de deuda en cero puntos, además de bajo apalancamiento financiero.
Con calificaciones mayores a 60 están Ciudad Juárez (Chihuahua), Querétaro (Querétaro), Salamanca (Guanajuato), Chihuahua (Chihuahua), Celaya (Guanajuato), Mérida (Yucatán), San Pedro Garza García (Nuevo León), Zamora (Michoacán), Toluca (Estado de México), Ahome (Sinaloa) y Puerto Vallarta (Jalisco).
El resto de los municipios no rebasó los 59.5 puntos de Tlalnepantla (Estado de México) y son 33 los ayuntamientos que están en cifras alarmantes: Playas de Rosarito (Baja California), Ensenada (Baja California), Tuxpan (Veracruz), Othón P. Blanco (Quintana Roo), Tepic (Nayarit) y Tonalá (Jalisco), que ocupan los últimos lugares de la evaluación con calificaciones que van de los 38.9 a 28.9 puntos.
Esta situación, explicó la doctora Rodríguez Torres, se debe a que presentaron una baja efectividad en el cobro de impuestos y, por el contrario, altos gastos en materia administrativa y burocrática, un factor que, además, se incrementa en época electoral, pues “en elecciones hay más gasto, pero los ingresos son los mismos”.
En el Índice de Capitales Estatales, de las 26 evaluadas sólo cuatro tienen una calificación aprobatoria: Querétaro (Querétaro) con 68 puntos; Chihuahua (Chihuahua) con 66.3; Mérida (Yucatán) con 65.1, y Toluca (Estado de México) con 60.9 puntos.
LOS MÁS ENDEUDADOS
Dentro del índice están dos municipios que registraron un incremento importante de deuda en comparación con 2012. Salamanca (Guanajuato) aumentó su deuda de 32.4 millones de pesos a 74 millones de pesos, mientras que Mérida (Yucatán) pasó de los 40.5 millones de pesos a 157.3 millones de pesos.
“Si se tiene un balance deficitario, necesariamente se va a financiar con endeudamiento, ya sea de corto o largo plazo (…) el problema de un aumento en el endeudamiento, es que automáticamente el servicio financiero aumenta, lo que retroalimenta los gastos y hay menos posibilidades de viabilidad financiera en un municipio”, ahondó Rodríguez.
En el estudio se especifica que por el clima de violencia que se vive en el país, los municipios aumentaron los gastos en materia de seguridad pública, por lo que si la propuesta de Enrique Peña Nieto de desaparecer la figura de las policías municipales es aprobada, será un factor positivo para los ayuntamientos, ya que se ahorrarían gastos de salarios, equipo y capacitación, precisó Rodríguez.
Respecto al resto de los municipios que no fueron evaluados, se especificó que su situación puede presentar un panorama más estable, ya que son zonas que dependen de las transferencias federales. El riesgo está si el precio del petróleo sigue su tendencia a la baja, lo que podría desembocar en mayor endeudamiento o en mayor recaudación de ingresos en forma de nuevos o más impuestos.
Lo que debe ponerse en marcha, de acuerdo con las recomendaciones del IVFM, son acciones que reduzcan los costos operativos y que los niveles de endeudamiento se mantengan acorde a los ingresos ordinarios. Además, enfocar los esfuerzos en disminuir la dependencia de las transferencias federales y estatales, ya que evidencia una baja generación de ingresos propios.
“En los municipios hay una necesidad de corregir sus deficiencias estructurales, fortaleciendo y consolidando su gestión administrativa, lo que mejorará el desempeño en corto, mediano y largo plazos”, declaró Flavia Rodríguez.
EL CONGRESO APOYA A DEUDORES
El lunes pasado, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyados por los de Acción Nacional (PAN), los de la Revolución Democrática (PRD) y los del Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron con 85 votos a favor y tres en contra, una reforma en materia de endeudamiento de estados y municipios que exime a los ex gobernadores y ex presidentes municipales de rendir cuentas sobre el endeudamiento heredado a la sociedad, por lo que los ciudadanos de todo el país serán los directamente responsables de pagar los 489 mil 693.4 millones de pesos que, hasta el cierre de junio pasado, sumaba la deuda estas entidades, de acuerdo con los datos más recientes publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hasta junio de 2014, el endeudamiento de los gobiernos locales creció 1.4 por ciento respecto al saldo del cierre de 2013 (482 mil 807.2 millones de pesos), y 10.5 por ciento en relación a junio de 2013 (443 mil 38.9 millones de pesos).
Esto significa que las obligaciones financieras de los estados y los municipios del país representaron 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, porcentaje ligeramente menor al 3.1 por ciento que se reportó en diciembre de 2013, pero superior al 2.8 por ciento de junio del año previo.
Dicha reforma constitucional modificaría el artículo 73 fracción octava que contiene un candado para limitar la contratación de deuda pública: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”. En otras palabras: se autoriza a los Ejecutivos a contratar deuda sólo para proyectos de inversión.
La reforma avalada en el Senado de la República agrega cuatro párrafos a esa fracción octava, en donde abre el catálogo a lo que contenga la “ley en la materia”.
Además, establece la creación de una comisión bicameral que “analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados”.
Y que además “emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda”.
En materia de deuda, en el Congreso también se promovió la creación de un Sistema de Alertas, la supervisión de la deuda desde una Comisión Bicamaral y las observaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, dichas observaciones que se emitan a partir de esta nueva facultad de los organismos no será vinculante, ni promoverá la sanción de los estados, por lo cual se ha calificado como una reforma “sin dientes y de mera opinión”.
Durante otra discusión sobre el tema, realizada el fin de semana pasado, el Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Fernando Salazar Fernández, afirmó que esta nueva facultad concedida al Congreso para legislar en materia de endeudamiento de estados y municipios, “no resulta suficiente”, pues era necesario que no sólo se objetara, sino que también sancionara a los estados.
Por su parte, el Senador del PAN, José María Martínez Martínez. dijo que esta es la Comisión Bicamaral es una figura “sin dientes y de mera opinión, pues no contiene lo que se ha planteado por algunos de nosotros, con motivo del endeudamiento”.
