Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto prometió al inicio de su mandato que 2013 será un año “de importantes reformas que elevarán a México al sitio que se merece”. La firma del Pacto por México y el entramado político desde la Secretaría de Gobernación con el Congreso de la Unión parecen dar viabilidad a su plan, pero saltan dudas respecto al apoyo de diversos sectores para concretar legislaciones, muchas de ellas catalogadas como temas sensibles para la izquierda.

De sus propuestas destacan tres: La Reforma en materia de Telecomunicaciones, la Fiscal y la Energética. La primera ya está en la mesa de discusión y podría ser aprobada esta semana. De las dos restantes se conoce poco sobre su planteamiento y la intención que traigan desde Los Pinos, aunque ya forman parte del debate público.

Miembros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han coincidido en rechazar ambas al asegurar que el Ejecutivo busca gravar alimentos y bebidas en material fiscal, y privatizar Pemex con la Reforma Energética.

Si bien el proyecto en Telecom es el que cuenta con más apoyo, #YoSoy132 y Morena no la aprueban: el primero al calificarla como una medida incompleta y el segundo al ver en ella un “engaño a la población”.

Todas las reformas del Ejecutivo se encuentran en el Pacto por México –firmado el pasado 2 de diciembre por las principales fuerzas políticas– y pretenden dar sus primeros pasos este año. Basadas en rubros para una sociedad de derechos; para el crecimiento, el empleo y la competitividad, y para la gobernabilidad democrática, las 95 propuestas del documento ya están agendadas, pero por ahora falta conocer sus detalles y saber la forma en que se desarrollarán en un futuro.

Otra de las reformas que saldrán a la luz durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, que comprende el periodo febrero-abril, será la minuta que modificará la Ley del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI.

De acuerdo con la agenda, el Gobierno también presentará en el segundo trimestre la Reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Reformas en las Constituciones de las entidades federativas y del estatuto del Distrito Federal, así como la Reforma electoral.

Todas estas iniciativas estructurales pretenden un cambio en México por medio de la transformación de las instituciones y sus leyes. Sin embargo, no son bien recibidas por todos.

AGENDA DE REFORMAS DEL PACTO POR MÉXICO

REFORMA EN TELECOMUNICACIONES 

Presentada el 11 de marzo por el grupo firmante del Pacto por México, en un evento encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, la Reforma en materia de Telecomunicaciones busca modificar ocho artículos de la Constitución y establecer 19 transitorios para hacer viable la transformación del sector.

El proyecto gira en torno a tres ejes principales: fortalecer los derechos vinculados con la libertad de expresión e información, elevando a grado constitucional el primero; fomentar la competencia en el ramo, y  generar condiciones para incrementar sustantivamente la infraestructura y la obligación de hacer más eficiente su uso.

La Reforma también incluye dos nuevas cadenas de televisión abierta, en las que no podrán participar ni Televisa ni TV Azteca, y de aprobarse, dará origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), organismo que asumirá las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Además, establece que las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones podrán ser para uso comercial, público, social y privado. Serán otorgadas mediante licitación pública y en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. E incrementa el porcentaje de participación de 49 a 100 por ciento en televisión abierta a la inversión extranjera

La Reforma en Telecomunicaciones ha sido bien recibida por distintos sectores, comenzando por los principales órganos políticos.

Miembros del PRD han considerado que se trata de una medida con voluntad política. El líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva, dijo que apoya la reforma “porque ya no habrá ni en la radio ni en la televisión ni en la internet propaganda tramposa… porque se romperá la relación perversa entre las cadenas de televisión y el poder político”.

Por su parte el PAN, encabezado por Gustavo Madero, considera que se trata de un “acto sin precedente” por su “formato incluyente, por su debate plural, por sus posicionamientos valientes para tocar esos intereses”.

En tanto, el PRI ha rechazado que se trate de un acto partidista. “No se ha pretendido que se legisle en contra de nadie, sino legislar a favor de todos”, expuso César Camacho Quiroz, Presidente Nacional del tricolor.

Distintos especialistas aseguran que la iniciativa tiene aspectos positivos. Por ejemplo, la presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Aleida Calleja, destaca la propuesta de dar autonomía al órgano regulador en la materia, e incluir el concepto de “servicio público” para las telecomunicaciones.

El Presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, dijo que en la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones “todos están reconociendo que el juego es parejo”.

Pero no todos apoyan la reforma. El 11 de marzo pasado, la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento #YoSoy132 dijo que la Reforma está incompleta porque no consideró a la sociedad civil y fue realizada por un grupo copular.

A las criticas también se sumó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que calificó el 12 de marzo al proyecto como un mensaje claro del Gobierno de Peña Nieto para privatizar sectores estratégicos.

Martí Batres Guadarrama, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dijo que la propuesta es sólo es un intento por engañar a la población que exige frenar a los monopolios en televisión y telefonía que dominan el país.

Además, el proyecto ha generado incertidumbre entre inversionistas y ha afectado en los últimos días los títulos de América Móvil y de Televisa ante posibles medidas contra empresas dominantes. Incluso, derivado de la caída en sus acciones, Forbes publicó que el magnate Carlos Slim podría perder el título del hombre más rico del mundo.

Para el 14 de marzo, la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro ya había aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. Este martes se espera que la iniciativa –que ya cuenta con la firmas de más de 350 diputados– empiece a ser discutida en el pleno de la Cámara Baja.

REFORMA ENERGÉTICA

En enero, Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, dijo que “no será fácil” pero este año saldrá la Reforma Energética. Si bien será presentada hasta septiembre, de acuerdo con el calendario del Pacto por México, su discusión ya está en el aire.

También se incluyó en el Pacto por México, donde aparece en el Compromiso 57 y dice: “Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de Pemex”.

Pese a que aún falta tiempo para que se concrete y no está claro el contenido de dicha reforma, el 2 de marzo delegados nacionales priistas, modificaron sus estatutos partidistas que permitirán a su partido presentar iniciativas que incluyan generalizar el IVA y abrir Pemex al capital privado, hecho que ha provocado rechazo y movilizaciones en contra de la iniciativa.

El propio Peña Nieto ha dicho que el proyecto es viable pese a las diferencias políticas, y también inaplazable. Recientemente, en el marco del 75 aniversario de la expropiación petrolera, el Presidente aseguró que Pemex no se vende ni se privatiza, y anunció que su gobierno impulsará una Reforma Energética que beneficie a todos los mexicanos.

El Presidente ha hablado en más de una ocasión de la necesidad de modernizar y aumentar la inversión en la paraestatal, y en el Pacto por México se comprometió a mantener los hidrocarburos como propiedad de la nación y a la petrolera como empresa pública. En tanto, el Director General de Pemex, Emilio Lozoya, ha dicho que habrá modernización, no privatización.

Para los especialistas en la materia, la iniciativa deberá aminorar la dependencia de las finanzas públicas a la venta del petróleo -que representa 37 por ciento de ingresos federales-, permitir la inversión privada en petroquímica y otras áreas, sin afectar la propiedad del Estado, así como considerar que el rubro de energía debe ser solamente el petróleo, sino todos los aspectos existentes.

El tema ha llevado a la izquierda –por separado– a pronunciarse en contra y mantenerse en “alerta roja” ante una “posible privatización de la paratestal”.

Es por ello que este mes iniciaron protestas. Morena inició ayer con una concentración masiva en el Hemiciclo a Juárez y continuará con una marcha nacional en cada estado del país por la “defensa del petróleo”. Previamente el ex candidato presidencial y Presidente del Consejo Nacional de dicha organización, Andrés Manuel López Obrador, anunció su Plan de Acción en Defensa del Petróleo y la Economía Popular.

Por su parte, los principales líderes y la militancia del PRD se reunieron el 17 de marzo en el Monumento a la Revolución para mostrar su rechazo y dejar claro que están a favor de la modernización de Petróleos Mexicanos, siempre y cuando no se privatice a la empresa.

También Cuauhtémoc Cárdenas ha fijado su postura en este tema. Ha dicho que no es necesaria una Reforma Energética, “sólo cambios en leyes secundarias”.

Desconociendo aún los “cómos” de la reforma, el ex candidato presidencial afirmó en entrevista con Luis Prados y Salvador Camarena, publicada el 17 de marzo en El País, que Pemex necesita “autonomía presupuestaria y de gestión, un tratamiento fiscal distinto del actual e inversión privada en algunas áreas, pero para ello no es necesario reformar la Constitución”.

REFORMA FISCAL

Considerada el mayor reto de Enrique Peña Nieto, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al igual que la reforma anterior, aún se desconoce mucho sobre este proyecto, mismo que podría ver la luz este 2013. Lo mismo opinan miembros el Banco Mundial, la OCDE y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Analistas han opinado que no puede esperar más.

Hace años se ha buscado elevar la recaudación a través de dos principales tributos: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Ahora es indispensable una Reforma Hacendaria integral para que la gran mayoría de los 95 compromisos del Pacto por México sean puestos en práctica y no queden en promesas.

Desde su campaña presidencial, el mandatario colocó este rubro como uno de los elementos centrales para elevar el crecimiento económico.

Lo poco que se sabe del proyecto ha dado pie a pensar que el Ejecutivo no tiene un panorama sencillo y más cuando su propuesta pueda implicar la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos y medicinas, hecho rechazado por la izquierda.

El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, detalló el 10 de enero que el país necesita una Reforma Fiscal que le otorgue al estado la capacidad financiera de cumplir con sus obligaciones dentro de una “economía democratizadora de la productividad, en la que quien genere más utilidades, pague más”.

Para Mauricio Millán, del Grupo de Consultores Internacionales (GCI), la intención del Gobierno en materia fiscal es recaudar más entre quienes perciben mayores recursos.

El experto dijo a la agencia Efe que el gran reto será incorporar el sector informal a la economía formal, lo cual es “materialmente imposible. Las condiciones no lo permitirían en muchos años, quizá en décadas”. Lo que sí se puede hacer –aseguró– es realizar ajustes en los actuales “hoyos fiscales”.

Luego de que el PRI eliminara los candados para poder presentar iniciativas que contemplen un incremento al IVA, la izquierda se ha mostrado preocupada y rechaza cualquier acto que “afecte la economía familiar”.  Morena ha resumido la aún desconocida reforma al decir que simplemente se trata del aumento de impuestos.

La asociación que busca convertirse en partido asegura que la Reforma Fiscal significaría “golpe letal” a las familia al aumentar el IVA hasta 22 por ciento y extenderlo a todo lo que hasta ahora se mantiene en tasa cero, como son medicinas, alimentos, libros, educación y transporte público.

Si bien el PRD está de acuerdo con una Reforma Fiscal y Hacendaria integral, rechaza modificar los impuestos en detrimento de los que menos tienen. El PAN también está en contra.

Ha quedado fuera del debate el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), que nació con la reforma hacendaria del 2007.