En diciembre, un apagón masivo puso en entredicho a la CFE. La compañía a cargo de Manuel Bartlett Díaz es un pilar de la política energética del país y del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, enfrenta retos de capacidad y calidad productivas, competencia con el sector privado y un entorno económico adverso, pese a que el año pasado registró un superávit financiero.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Hablar de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es hablar de la segunda Empresa Productiva del Estado más importante de México. Y hablar de la CFE, también es hablar de la autonomía energética del país, pero al mismo tiempo, de los retos y carencias que no deben pasar de largo en un contexto en que el consumo energético va en aumento.

De acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la CFE, el consumo promedio actual de electricidad de la población mexicana es de 35 mil 588 megavatios por hora (MWh). Ello implica que a nivel nacional –dependiendo del periodo– es consumido entre el 90 y 98 por ciento de la electricidad que generan los sectores público y privado.

La demanda nacional de electricidad es enorme. Por ejemplo, 35 mil 588 MW alcanzan para iluminar 3 mil 559 hogares por un año completo; o bien y si fuera posible almacenarlos en una batería, 35 mil 588 MW serían suficientes para cargar un auto eléctrico que pudiera hacer 268 viajes redondos entre la Tierra y la Luna.

En los próximos nueve años se espera un crecimiento anual del consumo bruto del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de 3.4 por ciento, refiere el informe “Prospectiva del Sector Eléctrico 2016-2030” de la Secretaría de Energía (Sener). A la creciente demanda de electricidad se suman los retos de generar energía a partir de fuentes limpias y de integrarlas –junto con otras fuentes– al SEN.

La situación anteriormente descrita implica la necesidad de cambios estructurales en la infraestructura eléctrica de México, como en el caso de sus medios de transporte (e.g. poliductos) y las instalaciones involucradas en los procesos productivos (e.g. plantas). Por ello, el reto para la CFE no es menor, máxime considerando que aunque en las últimas dos décadas (2000-2019) la generación de electricidad del sector público creció a un ritmo anual promedio de 1.4 por ciento, en el último trienio (2016-2019) cayó 4.9 por ciento real.

Mientras que la generación de electricidad del sector público se topó con un ligero bache, la generación eléctrica por parte del sector privado aumentó 53.1 por ciento entre 2016 y 2019. El crecimiento del negocio energético privado se inscribe en una dinámica positiva que en 19 años (2000-2019) implicó un aumento anual promedio de 12 por ciento.

Pese a las diferencias productivas entre los sectores público y privado, las cifras oficiales indican una cosa: entre 2000 y 2019 la variación real positiva en ambos sectores tuvo una tendencia a la baja, lo que significa que la mejora productiva se ha ido desacelerando con el paso del tiempo, tal y como puede ser observado en la siguiente gráfica.

En el caso de la CFE, los datos indican que la desaceleración de generación eléctrica en el último año comparable (2018-2019) se debió, en mayor medida, a una reducción en la producción de energía hidroeléctrica (-27.2 por ciento), carboélectrica (-20.8 por ciento) y nucleoeléctrica (-17.4 por ciento).

Sin embargo, la empresa a cargo de Manuel Bartlett Díaz no sólo encara una interrupción de su tendencia productiva al alza desde el año 2000, que en parte puede ser explicada por casos de fuerza mayor, como lo fueron los sismos de 2019. También registra deficiencias en la calidad de su servicio eléctrico, en el marco de una balanza energética –entre importaciones y exportaciones– negativa para el país, con una situación económica complicada en el último año fiscal (2019-2020), en que la CFE se enfrentó a recortes presupuestarios, a una recaída de sus ingresos por ventas y a un mayor endeudamiento, no obstante que el año pasado, la entidad bajo control presupuestario directo dejó atrás los números rojos de su balanza financiera.

LA EMPRESA “MÁS PODEROSA”

El 28 de diciembre de 2020 hubo una interrupción del suministro eléctrico que dejó a 10.3 millones de usuarios a oscuras. La CFE argumentó que el apagón se debió a un incendio y a causas fortuitas (climatológicas o accidentales) originadas en el municipio de Padilla en Tamaulipas.

Lo que ocurrió es que el fuego, el clima y otras condiciones (como la ionización del aire) generaron descargas a tierra que “crearon una sobrecorriente” que a su vez “ocasionó que oscilara” el SEN. Una situación que se complicó porque hubo centrales generadoras “sin capacidad para responder a la oscilación” eléctrica y que por tanto, se desconectaron del sistema eléctrico, refiere un comunicado oficial. 

La información dada a conocer por la CFE implica que si las plantas en Tamaulipas hubieran tenido la capacidad de generar electricidad de manera continua “para resolver la oscilación y la baja frecuencia” ocasionadas por causas de fuerza mayor, nada de ello hubiera ocurrido con la magnitud con que ocurrió.

Lo preocupante del asunto es que el “Sistema Eléctrico Nacional opera con exceso de generación intermitente”, que además de incrementar el riesgo de apagones, pone en vilo la confiabilidad del SEN. Y de acuerdo con la CFE, el problema es que en el futuro próximo “se duplicará la capacidad de generación intermitente” en México debido a la incursión de privados beneficiarios del “otorgamiento indiscriminado y sin planeación alguna de permisos de generación intermitente”.

Más allá de repartir culpas entre públicos y privados, las cifras oficiales indican que en los primeros nueve meses de 2020, el número de minutos promedio que los usuarios finales del sistema eléctrico mexicano permanecieron sin servicio de energía eléctrica después del minuto cinco de la interrupción fue 2.2 veces mayor al del mismo periodo de 2019, así como 7.3 veces mayor al del mismo periodo de 2018.

Lo anterior también implica que en los primeros nueve meses de 2020, la duración promedio de las interrupciones del servicio eléctrico fue cuatro veces mayor al nivel máximo estándar, que es de tres minutos a partir del minuto cinco de la interrupción, y que las interrupciones promedio (incluyendo los cinco primeros minutos) duraron poco más de 20 minutos, mientras que en 2019 y 2018 la duración promedio fue de casi 10 y siete minutos, respectivamente.

En la siguiente tabla es posible observar la duración de las interrupciones de acuerdo con el “Índice de duración de interrupción promedio del sistema” (o Saidi, por sus siglas en inglés). Dicho indicador cuantifica y evalúa la calidad o confiabilidad de los sistemas eléctricos.

De igual forma, la calidad o confiabilidad de los sistemas eléctricos es cuantificada y evaluada con el “Índice de frecuencia de interrupción promedio del sistema” (o Saifi, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la CFE, “el Saifi máximo permitido […] deberá ser no mayor a 0.20 interrupciones promedio anual”. Pero hasta septiembre de 2020, el número promedio de interrupciones anuales fue de 0.32, mientras que en el mismo periodo de 2019 y 2018 fue de 0.084 y 0.064, respectivamente.

Lo anterior implica que para septiembre de 2020, las interrupciones promedio fueron 60 por ciento superiores al máximo permitido, mientras que en el mismo periodo de 2019 y 2018, los niveles fueron 58 y 68 por ciento inferiores al máximo permitido. Ello supone que en los últimos tres años la frecuencia de interrupciones fue en aumento y que, aunque en 2018 y 2019 hubo niveles adecuados, para septiembre de 2020 hubo niveles elevados de interrupciones promedio. Así pues, el Saifi indica un eventual retroceso en la confiabilidad o calidad del SEN.

En la siguiente tabla es posible consultar todas las cifras y cálculos utilizados para la elaboración de este texto.

 

En un contexto en que la CFE asegura ser la “empresa más poderosa del país”, en alusión a que es la instancia encargada de llevar electricidad a todo el territorio nacional, Manuel Bartlett Díaz ha referido que la compañía ha invertido en el reforzamiento de las redes de transmisión, pero que “toda inversión es insuficiente” sin un control adecuado de permisos (a privados) de generación eléctrica intermitente.

Pese a los retos actuales, la CFE se mantiene optimista. En un comunicado fechado al 27 de octubre de 2020, la Empresa Productiva del Estado refiere que “con la recuperación económica en 2021 se tendrá una mayor demanda de energía eléctrica, que ayudaría a superar la meta presupuestada de 450 mil millones de pesos de ingresos propios”, con lo que mejorará la rentabilidad de la CFE y podrá invertirse en “recuperar espacios en el mercado de generación”.

Asimismo, la compañía a cargo de Bartlett Díaz planea obtener recursos adicionales “a través de nuevos mecanismos de financiamiento, procurando que la mayoría de los nuevos proyectos de inversión puedan ser autofinanciables”.

EL NEGOCIO DE LA COMISIÓN

El año pasado fue, hasta cierto punto, un buen año para la CFE porque su balance financiero (ingresos menos gastos) fue positivo al reportar utilidades por 41 mil 95 millones 100 mil pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Lo anterior contrasta con los dos años previos en que hubo pérdidas acumuladas de 41 mil 815 millones 900 mil pesos. 

El superávit de la CFE es más significativo si se considera que la empresa “tiene que hacer mucho más con menos presupuesto y no limitarse”, como refiere uno de sus comunicados, cuya aseveración es respaldada por las cifras oficiales.

Entre 2017 y 2020, por ejemplo, los ingresos presupuestarios de la CFE –como proporción del Presupuesto de Egresos de la Federación– aumentaron 1.8 por ciento real; y para 2021 hubo una caída de 11.3 por ciento que implica que la CFE dejará de recibir 39 mil 291 millones 658 mil 695 pesos.

Además de la caída de sus ingresos gubernamentales, los ingresos propios de la CFE fueron a la baja (-7.6 por ciento) en el último año. Un descalabro más auspiciado por la contracción de las ventas netas de bienes y servicios en el extranjero (-33.3 por ciento) que por la contracción de aquellas al interior de la República Mexicana (-10.9 por ciento), en un contexto de aumento de las exportaciones y de retroceso de las importaciones de electricidad, en que la balanza comercial de energía sigue siendo negativa para el país, lo que implica que importamos más electricidad de la que exportamos (véase el apartado “Balance de energía” de la tabla “CFE”).

Las cifras de ingresos referidas suponen que entre 2019 y 2020, los ingresos (propios y públicos) de la CFE tuvieron una reducción de 2.6 por ciento real, o el equivalente a 11 mil 531 millones 100 mil pesos.

Lo anterior pudo ser compensado por la reducción del gasto neto en 14.7 por ciento, que supuso 55 por ciento menos presupuesto para inversiones y 28.3 por ciento menos gasto en materiales y suministros, que fueron los rubros más afectados por los recortes. 

Pese a que la CFE logró superar el déficit financiero de 2018 y 2019, salir a flote no estuvo exento de la necesidad de contraer más deuda pública. De acuerdo con las cifras de la SHCP, en el último año (2019-2020) el endeudamiento total de CFE aumentó 9.6 por ciento real con ajuste inflacionario a precios corrientes de 2020 (véase el apartado “Situación financiera” de la tabla “CFE”).

El año pasado, por ejemplo, la deuda equivalió al 110 por ciento de los ingresos anuales de la CFE. Una situación aceptable de acuerdo con los estándares de la SHCP, que no está libre de mantenerse en observación para evitar complicaciones presupuestarias derivadas de los compromisos crediticios.