Una playa de Quintana Roo.

“Los conflictos políticos por despojo de playas públicas se replican infinitamente por todo el país”. Foto: Elizabeth Ruiz, Cuartoscuro

Con menor repercusión que lo que merecería una nota de esta relevancia, el miércoles 21 de octubre se anuncio la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que “se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas”.

Dichas modificaciones fueron aprobadas por los senadores el pasado 29 de septiembre por una extraña unanimidad que hizo a los legisladores de todas las fracciones parlamentarias coincidir en la necesidad de poner fin a la virtual privatización de las playas públicas de México.

La iniciativa fue promovida por el Senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) José Luis Pech Várguez de Quintana Roo, y avalada por senadores de ese mismo partido de los estados costeros del país: Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Nayarit, Campeche, Veracruz, Colima, Oaxaca, Michoacán y Jalisco.

El decreto, que ya entró en vigor el jueves 22 de octubre, establece que quienes impidan el acceso a las zonas marítimas, serán sancionados con 3 mil a 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, equivalente a 260 mil 640 pesos a un millón 42 mil 560 pesos. Estas multas serán aplicadas a propietarios de terrenos colindantes y a los titulares de concesiones, permisos u autorizaciones que por cualquier medio o acto impidan el paso a playas privadas.

La modificación al artículo 127, por su parte, señala que en caso de que no haya vías públicas o accesos a las playas los propietarios de estos espacios deberán brindar el acceso a las mismas, lo cual se establecerá de común acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Como se sabe, constitucionalmente las playas son bienes nacionales y por lo tanto espacios públicos de libre acceso a todas las personas. Pero la realidad contravenía la ley en muchos casos por todas las costas del país. El impulso a la industria turística en los pasados 50 años, promovida por el Gobierno federal, fue entregando una proporción importante de las costas nacionales a los particulares mediante concesiones, lo que terminó en un proceso de virtual privatización de las playas del país.

En estados costeros como Jalisco, Nayarit y Quintana Roo la mayoría de las playas impiden el acceso libre a la población. En el caso de Jalisco, defensores de los bienes públicos denunciaron que apenas tres de una treintena de playas estaban abiertas al público. En Nayarit esta misma semana el Colectivo Playas Libres exigió la liberación de al menos 34 playas cerradas al público, entre La Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita, apenas una fracción de la costa de ese estado; en Quintana Roo, de las 14 playas públicas que tenía Cancún actualmente solo hay tres a las que se puede acceder, según reconoció el propio titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, y así por todo el país.

La geografía privilegió a México con destinos de costa tanto en el océano Pacífico  como por el Golfo de México. En total, el país cuenta con más 474 millones de metros cuadrados de costa, de los cuales 32.2 por ciento (153 kilómetros cuadrados) estaban entregados a particulares mediante concesiones y desincorporaciones, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), conseguidos mediante solicitud de transparencia para un reportaje sobre el tema publicado por Georgina Zerega (El País, abril de 2019).

Aunque el promedio de costas privatizadas es de un tercio del total nacional, en algunas regiones la entrega de concesiones de playas a particulares es mayor, de acuerdo a este mismo reportaje: 43 por ciento de las costas del Pacífico están concesionadas y en estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit las playas concesionadas aumentan hasta 53 por ciento.

En Jalisco, hay más de 3.5 millones de metros cuadrados de playas concesionados apenas a 580 beneficiarios distintos (Reporte Índigo, 20 octubre 2017).

Y aunque el Gobierno y los capitales turísticos defienden a esta industria como forma de generar inversiones, empleos y supuesto reparto de riqueza, la realidad es que muchos desarrollos turísticos se han impuesto mediante el despojo de playas y terrenos, la división de comunidades y la represión que abarca desde las amenazas, hasta el encarcelamiento y asesinatos y desapariciones. Empezando desde el polo de desarrollo turístico en Acapulco, Guerrero, en la década de 1940, como ha contado en un espléndido ensayo de 1974 el sociólogo Francisco Gómez Jara.

Los desarrollos turísticos, especialmente en las costas del país, no son simples y pacíficos negocios. El virtual despojo de playas a pobladores, pescadores y productores locales para entregárselas a empresas que emprenden lucrativos negocios turísticos o inmobiliarios ha desplazado a miles de pobladores de sus hábitats tradicionales y les ha destruido sus medios de reproducción de la vida de forma irreparable en muchas ocasiones.

Y estos conflictos, por desgracia, se tornan violentos y muchas veces propician encarcelamientos, desplazados, represión, desalojos, y hasta desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En Jalisco, tres pescadores de Cruz de Loreto, Tomatlán, están desaparecidos desde marzo de 2011 por denunciar la privatización de sus playas, y dos defensores de las costas de Jalisco han sido asesinados en los últimos años: Aureliano Sánchez, líder de las cooperativas pesqueras de La Huerta ocurrido en junio de 2011, y Salvador Magaña, exregidor, quien fue violentamente asesinado el 24 de diciembre de 2017 en ese mismo municipio.

En Nayarit hace años que pobladores de Punta Mita, San Pancho, Jarretaderas, y Las Varas denuncian apropiación ilegal de terrenos y privatización de playas. En Baja California Sur un abogado ambientalista, John Moreno Rutowski, fue encarcelado injustamente durante más de tres meses en 2017 por defender a un grupo de pescadores que se oponen a un multimillonario desarrollo turístico en Todos Santos.

En Michoacán, la comunidad indígena nahua ha pagado un alto precio con asesinatos y desapariciones por defender sus tierras comunales de taladores ilegales, enclaves mineros y las atractivas playas de la costa que pertenecen a la comunidad.

Y así, los conflictos políticos por despojo de playas públicas se replican infinitamente por todo el país. Las modificaciones recién aprobadas no van a frenar por completo el despojo de costas del país ni repararán los atropellos contra miles de pueblos y comunidades. Será un primer paso por la restitución completa y justa de las playas a todos los mexicanos, y a las comunidades y pueblos que las han habitado y conservado a la vez que reproducen su vida en esos paraísos frente al mar.