Determina Comisión de Fiscalización nuevo ajuste de tope de gastos en elección de Gobernador; La Comisión determinó que Miguel Riquelme también se benefició por la propaganda contenida en las inserciones, sin que esto fuera reflejado en su informe de ingresos y gastos.
ADEMÁS
Coahuila/Ciudad de México, 28 de octubre (Vanguardia/SinEmbargo).- Al resolver la última queja pendiente sobre los gastos de Riquelme –el expediente INE/Q-COFUTF/141/2017/COAH, interpuesto por el PAN– la comisión fijó un rebase de 1 millón 823 mil 994 pesos. La cantidad se estableció por gastos de videos y de desplegados en medios de comunicación, y equivale al 9.4 por ciento del tope de gastos de campaña establecido en el Estado, de 19 millones 242 mil pesos, lo que coloca nuevamente a Riquelme, en el supuesto para anular la elección.
El Artículo 41 de la Constitución Mexicana señala que los comicios tienen que anularse cuando haya un rebase de más del 5 por ciento en el tope de gastos por parte del candidato ganador. Pese a su aprobación en comisión, el dictamen será discutido por el Consejo General el lunes 30 de octubre, quien tomará la decisión definitiva en lo que corresponde al INE.
Habrá que esperar, además, una posible impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que previamente emitió una sentencia en la que redujo 2 millones considerados por el INE como rebase, a sólo 310 mil 621 pesos, tras revisar los resolutivos del Instituto.
LAS CUENTAS
Guillermo Anaya, excandidato del PAN a la gubernatura expuso, en un comunicado, que confiaba en la fiscalización realizada por las autoridades electorales. Durante el análisis del caso, la comisión encontró fundado el agravio presentado por el PAN respecto al gasto no reportado en inserciones de prensa tituladas “Guillermo Anaya es un cobarde al ofender a las mujeres” publicadas en cuatro diarios locales y uno nacional. El desplegado fue firmado por 27 candidatas a diputaciones locales, así como de presidencias municipales del PRI.
No obstante, la Comisión determinó que Miguel Riquelme también se benefició por la propaganda contenida en las inserciones, sin que esto fuera reflejado en su informe de ingresos y gastos.
Por este concepto, se añaden a los gastos del candidato 362 mil 294 pesos, que de acuerdo a las reglas de prorrateo y los topes de gastos de los candidatos, corresponden al 54.6 por ciento del monto total del egreso en los desplegados publicados (663 mil 756 pesos).
Por otra parte, la comisión encontró que de 151 videos denunciados como no reportados, la edición y producción de 84 de ellos no fue registrada en la contabilidad del candidato priista. Si bien fue reportado el gasto por la exposición de los videos en la plataforma Facebook, el partido no logró acreditar el reporte de la producción de los materiales. El costo determinado según la matriz de precios utilizada en el dictamen correspondiente fue de 17 mil 400 pesos para este tipo de videos, por lo que el monto que se sumará por el no reporte de 84 videos asciende a 1 millón 461 mil 600 pesos.
En suma, Riquelme superaría el tope de gastos por un monto de 2 millones 134 mil 515 pesos, equivalente al 11 por ciento.
RESOLUCIÓN NO SE APEGA A DERECHO: PRI
En un comunicado, el PRI se refirió al dictamen de la Comisión de Fiscalización del INE sobre la queja 141, interpuesta por el PAN, por supuestas faltas en los reportes de gastos de campaña de Miguel Riquelme. El texto señala que “los integrantes de la Comisión de Fiscalización, en votación dividida, decidieron modificar el Proyecto y seguir nuevos criterios, sin audiencia a la Coalición (‘Por un Coahuila Seguro’)”.
“Se espera que el Consejo General en su sesión del próximo lunes 30 de octubre se ajuste a los principios constitucionales que deben regir su actuación y emita una resolución apegada a los principios de legalidad, objetividad y certeza”, agrega.
Por último, el PRI advierte que tanto la Coalición como el candidato afectados tienen a su disposición medios de impugnación para acudir ante la última instancia jurisdiccional, la Sala Superior del Tribunal Electoral con objeto de combatir
cualquier afectación a sus derechos.
“El PRI confía en el Estado de Derecho y en caso de ser necesario se acudirá con argumentos legales para restablecer el orden legal violado por la autoridad electoral administrativa”, concluyó.
