El programa Escuela Segura es noticia otra vez. Según la prensa nacional, fracasó. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) determinó que la SEP no logró su cometido (según sus propios indicadores) y le hizo trece recomendaciones.
Se señala en los diarios que faltó un buen diseño, información oportuna y pertinente, mejor rendición de cuentas y evaluación eficaz. Resalta la observación de que la utilización de recursos (más de mil millones de pesos durante cuatro años) no se justificó plenamente.
Según la única encuesta de percepción llevada a cabo, en un tercio de las escuelas la violencia se agravó mientras que en el resto no hubo impacto. Se arguye como explicación que la violencia externa no es competencia de las escuelas, observación que extraña porque disminuirla nunca fue parte de los objetivos, que se centraban en la escuela y no en su entorno.
Los datos reportados acerca del programa Escuela Segura cubren los años 2009 a 2012. Se trata de un programa para responder al derecho de los estudiantes a la educación, que para cumplirse debe mantenerlos vivos y a salvo. Es heredero del programa Mochila Segura, que buscaba enfrentar los problemas derivados de la inseguridad y la delincuencia relacionada con las drogas.
En papel, más bien, en pantalla, no sonaba mal. Buscaba promover una cultura de paz, aumentar la participación ciudadana en la seguridad, apoyar la gestión escolar para promover el autocuidado y la responsabilidad del Estado en la seguridad de las escuelas, así como propiciar la formación del estudiantado en competencias relacionadas con la democracia, los derechos humanos, y la resolución de conflictos. Entre las acciones propuestas resaltan la impartición de cursos y conferencias, la organización de actividades deportivas, la implementación de programas de resolución de conflictos, el diseño de materiales de trabajo así como el apoyo económico para adecuar la infraestructura de las escuelas.
Lo que más preocupa de la nota periodística es el señalamiento de que no se realizan evaluaciones adecuadas de estos programas. Entonces, ¿cómo se sabe por qué fracasan?, ¿la lectura de los indicadores brinda este conocimiento? Sin una buena indagación, y una respuesta razonable, uno se pregunta por los intersticios políticos de las (des)calificaciones hechas y las medidas tomadas.
¿Qué no valdrá la pena involucrar a los organismos autónomos de investigación educativa de nuestro país en estos temas, torales para la vida de tanta gente? Da la impresión de que con una fracción de los más de mil millones de pesos gastados se podría disponer de conocimiento adecuado para enderezar el rumbo en estas políticas educativas.
Según Magnus Haavelsrud, en otros países los programas de educación para la paz, que quizá serían una mejor alternativa a largo plazo, se evalúan desde tres dimensiones: sus contenidos, sus formas pedagógicas y su organización.
Los contenidos de los programas que buscan disminuir la violencia y construir una paz positiva implican una interacción entre lo macro (lo que ocurre en el mundo y en los países) y lo micro (el barrio, la familia, el individuo). Así, tanto los docentes como los estudiantes pueden comprender las estructuras, los problemas y las propuestas formuladas. Esta perspectiva brinda confianza y permite la adecuación del conocimiento a los contextos particulares.
Las formas de entrega, que implican los enfoques dados a la enseñanza y el aprendizaje, buscan armonizar los contenidos con la manera de impartirlos. Se debe priorizar el diálogo horizontal entre estudiantes sobre la conferencia vertical del docente. Los valores a practicar por todos y todas son la igualdad y la equidad. La participación en la toma de decisiones por estudiantes y docentes resulta esencial. Los enfoques preferidos son los relacionados con la resolución de problemas significativos y específicos para cada contexto. En general, se puede decir que las formas son mucho más importantes que los contenidos.
En cuanto a la organización, la forma en que se distribuye el trabajo educativo y se establece la autoridad, la educación para la paz requiere congruencia entre las tres dimensiones. En otras palabras, si la escuela es inequitativa y autoritaria será casi imposible lograr la seguridad y la armonía. Este punto es vital. La contradicción entre la organización del sistema educativo (y de la escuela) con los contenidos y las formas requeridos por la educación para la paz puede implicar que, sin una modificación profunda, las escuelas no pueden liderar las transformaciones hacia la paz y la noviolencia.
¿No será esto lo más urgente, modificar a fondo las estructuras escolares de administración y poder? Quizá así luego nos podremos preocupar por los contenidos de los programas y la capacitación de los docentes. Primero, lo primero.
