Por Ángel Ruiz Tovar
La crisis de desaparición en México acarrea una crisis adicional en materia forense: no hay capacidad suficiente de los servicios del Estado para los procesos de búsqueda, identificación y restitución digna de los más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país. Las dos vertientes de atención–vía investigación penal por Fiscalías Generales de Justicia y General de la República, así como mediante las Comisiones de Búsqueda, locales y nacional– no han logrado crear las capacidades necesarias para un problema público que se agrava cada año. Y los recursos para atender la crisis, aunque se ha planteado que suban a partir de la tragedia del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, llevan años estancándose. Ante este escenario, ¿qué puede hacer distinto el Estado?
Desde el 2019, desde Fundar hemos realizado el seguimiento político, programático y presupuestario de la implementación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 2017. Así como la respectiva reforma del año 2022 cuando se incluyó la “búsqueda forense con fines de identificación humana” que habilitó a las Comisiones de Búsqueda para ello, y de iniciativas sin seguimiento como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. En nuestra última investigación “Crisis Forense en México: presupuesto para entidades federativas”, hicimos un análisis de cómo los recursos forenses llegan a cada estado. Derivado de todo lo anterior, hemos observado que existen dos problemas principales: 1) el estancamiento de la dotación presupuestaria para las instancias responsables; y 2) la desarticulación de las fuentes de financiamiento respecto de la implementación de la política pública. ¿Cómo hacer frente a este doble problema?
En primera instancia, es importante volver a tocar el punto de que el modelo en México para la atención a las desapariciones se basa en responder primero ante la ausencia de una persona, y calificando la comisión de un delito como un paso posterior. Esto permitió que la acción de las autoridades no estuviera derivada del análisis de un tipo penal, sino de la necesidad imperiosa que ocurre ante la ausencia de las personas: encontrarles. Ello plantea un doble rol en la búsqueda: dentro de las Fiscalías, donde la búsqueda y la investigación de delitos se complementan; y dentro de las Comisiones de Búsqueda, donde existen las capacidades, infraestructura y personal especializados para encontrar a las personas.
Este diseño, si bien significó una victoria de diversas articulaciones de víctimas en la Ley General, planteó un reto desde el inicio: ¿cómo coordinar a ambos tipos de autoridades? Esto, a nivel de presupuesto, quiere decir coordinar dos fuentes de financiamiento distintas que abonan a un mismo fin: aquellos recursos que se dirigen a Fiscalías Generales de Justicia (proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, FASP) y los recursos que subsidian a las Comisiones de Búsqueda locales (que tiene su propio programa presupuestario dentro del Ramo 4, Gobernación). Los gobiernos estatales tendrían entonces que ser el espacio donde se concreta la coordinación, al plantear cómo los recursos para búsqueda e investigación sirven a propósitos complementarios. No obstante, desde Fundar hemos observado que estos recursos no logran coordinarse, por lo que una propuesta viable sería que, a nivel de presupuesto forense la búsqueda e investigación se encontraran en un mismo instrumento.
En segunda instancia, vale la pena recordar cómo funcionan las políticas públicas en nuestro país. Y es decir ‘políticas públicas’ puede referir a diversas acciones del Estado para atender problemas sociales, pero en la manera en que funciona la administración pública en México eso se traduce en ‘programas presupuestarios’, los cuales tienen objetivos definidos, resultados esperados, reglas claras para lograrlos y –como su nombre lo dice– presupuesto propio. A nivel forense –es decir, para acciones de búsqueda, identificación, notificación y restitución digna– no existe a la fecha un programa presupuestario propio, sino que porciones de acciones públicas que se encuentran dentro de otras políticas públicas: tanto para búsqueda de personas desaparecidas más en general, como en sentido amplio de investigación penal.
Ante este escenario, proponemos la creación de un programa presupuestario forense, que concentre y coordine la ministración del gasto forense de las Comisiones de Búsqueda, locales y Nacional en coordinación con el gasto ejercido en la materia por las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. Un programa presupuestario permitiría una mejor coordinación política tanto entre Fiscalías como Comisiones, así como facilitaría la convergencia regional entre entidades federativas.
En conclusión: es necesario que existan mecanismos de coordinación interinstitucional tanto entre la Federación y los estados, como entre estos, y de trazabilidad del gasto y las políticas forenses. El hecho de que la crisis forense tiene implicaciones para diversos espacios institucionales (principalmente entre el sistema de justicia y el sistema de búsqueda) plantea la necesidad de espacios coordinados para el diseño, implementación y evaluación de la política forense. Existen los objetivos políticos planteados por la Ley General, pero el marco programático –es decir, la forma en que se diseñan y operan los programas públicos– sólo está creado para la distribución de recursos. De allí que contar con un instrumento programático y presupuestario para hacer frente a la crisis forense permitiría la trazabilidad y coordinación del gasto que se requiere para que podamos hablar de una política nacional forense que devuelva a todas las personas desaparecidas a casa.
* Ángel es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
