Circula en redes sociales un documental de manufactura francesa intitulado "México: los carteles hacen la Ley". En él se evidencia la situación muy preocupante que se despliega en algunas regiones del País. Queda claro, después de verlo, que la inseguridad que viven millones de habitantes del país es cada vez más aguda. El documental galo es sólo uno más de los ejemplos de medios de comunicación internacionales que han llamado la atención sobre el papel del crimen organizado en los niveles elevados de violencia en el país.
Aunque es positivo que en el mundo se tome conciencia de la tragedia mexicana, la realidad que se documenta es trágica. El hecho de que, como lo muestra en el trabajo videográfico, habitantes de localidades más bien modestas en su nivel económico, tienen hoy que recurrir a la organización de su propia seguridad, ya que el Estado no ejerce el monopolio legítimo de la fuerza, es francamente indignante. Por Hobbes sabemos que el regreso al Estado de Naturaleza entraña que, como bien lo dijo en su Leviatán, el hombre se convierte en el lobo del hombre. Eso es lo que se vive en varias zonas de México.
Aunque la Presidenta de México parece estar apartándose de la política central de su antecesor bautizada por él mismo como una de "abrazos no balazos", la celebración sin auto-crítica de su actuación pasada y realidad presente no augura que vayan a haber los cambios de fondo que se necesitan.
Desde luego que no olvidamos que el fenómeno de la inseguridad es poliédrico con aristas socioeconómicas, geográficas e institucionales de gran complejidad. Aún así, es necesario pensar en soluciones, algunas de las cuales responden a un horizonte de corto, mientras otras lo hacen a mediano y largo plazo.
Aunque por ahora parecen haber oídos sordos a las propuestas de los grupos no alineados al oficialismo, es necesario seguir insistiendo en algunos puntos fundamentales.
La desmilitarización y la gestión civil de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana, continúa siendo un imperativo. Igual de relevante es que la política de seguridad tenga un claro énfasis en el respeto a los derechos humanos. Aunque, por ahora haya que nadar a contracorriente, habría que rescatar la autonomía judicial y la profesionalización de la judicatura. Habría también que realizar una reforma efectiva de las fiscalías. No menos importante será fortalecer los mecanismos de control y supervisión del sistema de procuración de justicia. Finalmente, existe la necesidad de aumentar los presupuestos en todo el andamiaje de seguridad especialmente al orden municipal de gobierno, y de dotar de más recursos a la capacidad de investigación científica de las policías.
De acuerdo con los pensadores del pensamiento liberal clásico, el primer deber de un Estado es el de salvaguardar la seguridad de sus gobernados. Antes como ahora, la verdad de este aserto no puede negarse.
