El sino del escorpión observa la humareda, los ataques, contrataques y explosiones de violencia. Disipado el polvo, van perfilándose las consecuencias de la guerra simbólica en X. Hay damnificados por la censura, mujeres amenazadas de muerte, insultos inconcebibles provenientes de las cloacas y el céspol, misoginia frenética y orgullosa de sí misma, injurias, un odio irrefrenable contra todo aquel que osé criticar a la 4T y de seguro linchamiento, violencia verbal, hostigamiento digital y amenazas contra quien hable tantitito mal del expresidente López Obrador. Todo al mismo tiempo y en el mismo lugar.
Al escorpión le han lanzado apenas insultos menores a consecuencia de sus escritos, pero nada de importancia comparado con la guerra cotidiana que se vive en la red social X (aunque luego de esta columna todo puede pasar). Esta batalla en X, aun simbólica, tiene efectos físicos reales en muchas y muchos usuarios —ansiedad, insomnio, miedo, ataques de pánico, degradación de la imagen pública—, causados por la exposición impía, el robo y mal uso de imágenes e identidades, acusaciones falsas, campañas negras y mucho más.
El más reciente cruce de acusaciones violentas tiene que ver con el programa de Sabina Berman en Canal 11, donde reunió a algunas periodistas y comunicadoras del colectivo La Mesa Roja (Daniela Pastrana, Ingrid Urguelles, Diana Fuentes, Teresa Rodríguez De la Vega, Gabriela Arévalo), quienes recordaron los desencuentros de López Obrador con los grupos y colectivos feministas.
Ello les costó un durísima campaña misógina en redes que se agravó luego, cuando la Defensoría de las Audiencias del canal público de la Ciudad de México, Capital 21, encabezada por Karla Prudencio, determinó que el periodista Víctor Arámburu, titular del programa Lo más absurdo de los medios, del mismo canal, incurrió en conductas constitutivas de violencia de género, acoso selectivo, violencia comunitaria y discriminación, a través de más de 300 publicaciones en su cuenta personal en X.
El periodista alegó censura y señaló en su cuenta que “era algo previsible, no de hace unas semanas, sino desde el inicio de año cuando, de manera deliberada, decidieron privilegiar a voces que abiertamente han estado en contra de la 4T y favoreciendo a quienes estuvieron en contra de la reforma al Poder Judicial y recientemente se burlaron hasta del presidente López Obrador”. Contra esas voces se manifestó llamándolas “progredumbre hipócrita”, señalamiento referido a los “progres buenaondita”, como llamó AMLO a varios periodistas y feministas.
Aquí el venenoso se pregunta si existe una normalización de la violencia en ciertos sectores de la izquierda mexicana, para los que el uso de insultos, descalificaciones y amenazas se justifica como parte de la lucha política (igual que lo justifica la derecha). Ese sector radical tiende a ver con sospecha o agresividad a quienes critican al expresidente incluso si provienen de la misma izquierda. Aquí deja su duda el venenoso para pasar a la otra cara de la moneda, aquellos casos en los que la acusación de violencia política de género con trabajos disfraza la censura.
Es el caso célebre de Karla María Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por publicar en X que la diputada Diana Karina Barreras habría accedido a su cargo gracias a su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, un influyente morenista. La sanción incluyó disculpas públicas durante 30 días, una multa y su inclusión en el registro de personas violentadoras. Algo tan ridículo e inútil que la misma “víctima” pidió detener el proceso. Sin embargo, ni la intervención de su esposo freno lo ya establecido por al tribunal, todo lo cual provocó una mayor exposición en redes de la vida de lujos de la pareja, empeorando su situación y su imagen pública.
Destaca también el caso de Paco Cedeño, periodista en Morelos denunciado por violencia política de género por la regidora Anita Sánchez Guerra y la senadora Juanita Guerra Mena, tras publicar señalamientos sobre presuntas irregularidades en su gestión. Las funcionarias solicitaron que el periodista se abstenga de mencionarlas y que se le imponga una multa. Otro caso interpretado por periodistas como un intento de censura institucional bajo el argumento de protección de género.
En Guerrero, el periodista Jesús Castañeda fue obligado a disculparse públicamente por 15 días tras publicar una investigación sobre presuntas irregularidades por casi 898 millones de pesos en el gobierno de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. Aunque el reportaje se basaba en datos de la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Electoral lo consideró violencia política de género, haciendo que la línea entre crítica legítima y agresión simbólica se vuelva cada vez más difusa.
En Campeche, el periodista Jorge Luis González Valdez fue sancionado por un juez que ordenó detener su ejercicio del periodismo y revisar previamente sus contenidos antes de publicarlos, tras denuncias de la gobernadora Layda Sansores. Esta forma de censura previa, prohibida por tratados internacionales, se justificó bajo el argumento de “incitación al odio” y violencia política. Otro caso en el que la crítica hacia mujeres en el poder se judicializa no por su contenido sexista o misógino, sino por el efecto político que provoca.
Esta guerra continúa en el caso del periodista Héctor de Mauleón, quien publicó una columna en El Universal en la que sin insultos ni descalificaciones mencionaba que Tania Contreras López, entonces candidata al Supremo Tribunal de Justicia del estado, era cuñada de Juan Carlos Madero, presunto líder huachicolero señalado por el exsecretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
En respuesta Tania Contreras denunció a De Mauleón y a El Universal ante el Instituto Electoral de Tamaulipas por presunta violencia política de género. El instituto ordenó eliminar la columna del sitio web, inscribir por cuatro años al periodista y al medio en el Registro de sancionados por violencia política de género, prohibirle volver a escribir sobre ella y entregar los datos personales del periodista, incluyendo su domicilio, lo que derivó en actos de intimidación como el sobrevuelo de un dron frente a su casa.
El caso sólo banaliza el concepto de violencia de género para silenciar la crítica a las figuras públicas femeninas, como ocurrió al periodista Álvaro Delgado, cuando en su programa SinEmbargo Al Aire mencionó que la magistrada federal Magda Zulema Mosri Gutiérrez, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), era esposa del general Rafael Macedo de la Concha, exprocurador general de la República durante el sexenio de Vicente Fox.
En respuesta, la magistrada presentó una queja ante el INE por violencia política en razón de género. El INE avaló la censura y ordenó a Google suprimir el video del programa en YouTube y que Delgado no volviera a mencionar a Mosri Gutiérrez en sus contenidos. La persistencia del periodista en denunciar la medida como un ataque a la libertad de expresión, provocó entonces una amenaza directa de la magistrada, quien le advirtió en la red social X: “En un país gobernado por mujeres, hasta aquí llegaste.”
En este campo de batalla simbólico, insiste el escorpión, se cruzan denuncias legítimas de violencia de género con controversias sobre libertad de expresión, censura y uso político de las leyes. La red X amplifica tanto el hostigamiento digital como la reacción institucional, y a veces, contradictoriamente, funciona como una herramienta para exigir justicia y visibilizar agresiones.
