Se podría afirmar sin temor a equivocarnos que una distinción fundamental entre la tiranía y la democracia liberal es que en la primera no se tolera la crítica al poder mientras que en la segunda incluso se promueve.
Esto aplica, desde luego, a las tiranías modernas, tanto de izquierda como de derecha. Cualquiera que sea la diferencia entre el Gobierno de extrema derecha de Putin en Rusia o el de extrema izquierda del chavismo en Venezuela, ambos regímenes comparten su intolerancia a la disidencia, a la que atacan en el terreno jurídico, con leyes despóticas, y en el terreno político, con represiones sistemáticas.
Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay signos muy preocupantes que apuntan a que el Gobierno podría estar cayendo en la tentación tiránica de impedir la libre expresión de las ideas.
Por ello es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya establecido jurisprudencia que aclara la cuestión en varios sentidos.
Las tesis jurisprudenciales de la SCJN proceden del amparo que se le concedió al reconocido periodista Sergio Aguayo en 2022.
Éstas establecen un marco jurídico sobre el respeto a la libre expresión. En primer lugar, la Primera Sala de la SCJN establece que en caso de opiniones o juicios de valor que no son susceptibles a verificación y versen sobre temas de interés público, la Constitución protege siempre el ejercicio de la libre expresión sin cortapisas. La cuestión cambia, de acuerdo con esta tesis, si la opinión genera hechos verificables o se refiere a temas de orden privado. En segundo lugar, la SCJN dice que la carga de la prueba sobre si una publicación se hizo con dolo o malicia recaerá en el demandante y no en el medio o el periodista. Finalmente, la SCJN señala que, en el caso de opiniones basadas en hechos, el medio o el periodista sí deberán realizar una diligencia responsable para corroborar la veracidad de la información publicada.
Estas tres tesis configuran un paradigma de acuerdo con el cual se deberán resolver los casos en que una demanda sobre la materia llegue a algún tribunal.
La intervención de la SCJN no ocurre, por supuesto, en el vacío. En los últimos meses hemos visto proliferar una serie de casos en los que no sólo periodistas, sino incluso ciudadanos y ciudadanas han sido sancionados por ejercer su derecho a la crítica del poder.
Es muy positivo que las tesis jurisprudenciales se hayan publicado a tiempo para evitar que la deriva autoritaria contra la libertad de expresión comenzara a extenderse.
Hay que decir, sin embargo, que existe el peligro de que la nueva SCJN que entrará en funciones en septiembre pueda formular una jurisprudencia distinta a la liberal y republicana recientemente establecida que se base en fundamentos autoritarios. Esperemos que no sea así. Por lo pronto la publicación de las tesis jurisprudenciales en favor de la protección de la libre expresión debe considerarse una buena noticia.
