En 2018, el candidato presidencial del oficialismo realizó críticas severas hacia el fenómeno del llamado huachicol. En esto indudablemente acertaba, pues el robo de combustibles es una práctica criminal que además le cuesta mucho al país. Un problema mayor es que el huachicol no sucede aisladamente, pues a menudo está asociado a otros delitos como el lavado de dinero, la corrupción y el contrabando. Habla muy mal del país que no se le haya dado la atención debida a un problema cuya solución es impostergable.
La empresa más afectada es naturalmente PEMEX. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el robo a la compañía petrolera por este concepto es la segunda fuente de ingresos para el crimen organizado en México. El negocio consiste en vender el combustible robado en Estados Unidos y es, en su mayoría, llevado a cabo por cárteles en Jalisco, Sinaloa y el Golfo. Esto es algo de por sí muy delicado pero ahora lo es más con las recientes revelaciones de que la Agencia de Aduanas de México y la FGR tienen listas de más de doscientas solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de diverso personal operativo como agentes aduanales y funcionarios a nivel directivo que presuntamente participaron en el delito de huachicol fiscal. Hay que decir que entre los posibles responsables se encuentran personal militar, así como empresarios. El escándalo es de grandes proporciones y revela la necesidad de actuar con prontitud.
El caso ya generó víctimas, pues recientemente se halló sin vida a un Capitán de la Marina supuestamente implicado en acciones delictivas relacionada con el huachicol.
El contexto sin duda es la gran preocupación que tiene la administración Trump de que continúen las operaciones delictivas del crimen organizado relacionado con el narcotráfico en nuestro país. La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención hacia el gobierno mexicano.
El dilema para la presidenta es claro: llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias podría significar una acusación implícita a su predecesor que es también el símbolo de su movimiento político.
Nosotros esperaríamos que ella se decida por lo primero y logre de una vez por todas ponerle fin al flagelo del huachicol. Esperemos que se decida por esa opción y sea exitosa donde su predecesor fracasó.
Dado que esto es un problema que afecta a México y Estados Unidos su solución implica elevar el nivel de colaboración entre Washington y la Ciudad de México. A esto se debe abocar la diplomacia mexicana.
Es claro que nuestro país no podrá despegar si la impunidad de quienes quebrantan nuestro orden jurídico y saquean los recursos de la nación persiste.
México se encuentra en una encrucijada. Es hora de que todos tomemos la senda correcta que nos lleve al México nuevo que todos queremos en el cual la palabra huachicol sea algo del pasado.
