El abogado Alejandro Gertz Manero es el típico funcionario que se aprovechó de la transición política para escalar, y en ese arte ha sido maestro consumado. Le ha servido a todos sin importar el color del partido. Es una pieza de inventario de la alta burocracia mexicana, de larga y nefasta data.
Nacido en el lejano año de 1939, su formación la recibió en instituciones de corte privada y llegó a su cargo actual –con calidad de “autónomo”– nominado por López Obrador a principios de 2019 y fue conservado en el puesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Gertz Manero es su propio predecesor en el cargo ya que salió de la titularidad de la desprestigiada Procuraduría General de la República (PGR), que en el curso de los años se ganó un descrédito descomunal como pieza del sistema de corrupción e impunidad que no se ha ido del país. El pañuelito con el que acostumbraba despedirla López Obrador hoy suena a burla.
Con Gertz Manero podemos afirmar que para que haya autonomías en el entramado institucional hacen falta autonomistas. Si bien la fobia del obradorismo a los órganos constitucionales autónomos fue un gran factor para su desaparición, los titulares aportaron también su cuota; claro que no todos, pero sí aquellos que pensaban en retribuciones y vida regalada. Pero ese no es el tema que hoy preocupa a esta columna.
En estos días, y con motivo de las afectaciones de la corrupción de la mal llamada “impoluta” Marina, debido al escándalo del “huachicol” fiscal, Gertz Manero se ha adelantado a todo: sin guardar distancia del poder se apresuró a exonerar, sin investigación de por medio, a personas y situaciones que deberían ser materia de su “autonómica” función. En otras palabras, la Fiscalía “independiente” y responsable ante sí, y sólo ante sí, ha claudicado.
Según cálculos de la UNAM, citados por algunos analistas, el monto del desfalco ocasionado por el “huachicol” fiscal al erario, tan sólo en 2024, fue de unos 24 mil 738 millones de pesos, el mayor registrado en el país en lo que va del presente siglo.
Es loable que el tema de la Marina y su anterior titular, Rafael Ojeda Durán, puedan ser tocados por el escándalo, igual que sus familiares y el mismo López Obrador. Pero Gertz Manero ya cerró la puerta. Eso para él es harina de otro costal llamado impunidad, ausencia de rendición de cuentas.
El caso es fundamental, esencial si lo que se busca es confianza, al menos en dos aspectos: deslindarse de López Obrador en cuanto a su decreto de bandera blanca en materia de corrupción política, y poner fin a otro de su mitos: que las Fuerzas Armadas son incorruptibles, amén de la impertinencia de recurrir a las corporaciones militarizadas para todo tipo de tareas.
El Estado mexicano era civil, pero dejó de serlo. Hay una regresión más que evidente. No la ve quien no quiere.
La autonomía y aun el cambio de nombre de la Fiscalía tenían un puerto de llegada, pero Gertz Manero ha desviado la nave: no es el Estado de derecho su meta actual, de ahí su prisa por brindar impunidades anticipadas, como siempre.
El exsecretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, debe ser investigado en paralelo y convergencia en el caso del huachicol fiscal, un asunto mayúsculo, por decir lo menos.
Como se sabe, Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención, por derecho propio y personal, en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, en sus propiedades fuera de la medianía franciscana, en sus plagios en “investigaciones” publicadas, y muy posiblemente en el tráfico de influencias que afloraron con ese otro escándalo de corrupción de Julito Scherer Ibarra.
No hay pañuelito blanco a la corrupción. Como muchos otros, Gertz Manero se ha encargado de mantenerla vigente.
