Como cáncer, la extorsión es un delito que fue multiplicándose invadiendo las regiones de Michoacán, incentivado por la modalidad misma del ilícito que implica la amenaza y violencia para que no se denuncie, pero también ante la insuficiencia de las autoridades para establecer mecanismos realmente efectivos y diligentes para su denuncia y procesamiento.
Michoacán es una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las vías más rentables para la economía criminal, asociado a ese delito la violencia y desplazamiento forzado, así que atajar y desarticular las redes que se benefician de la extorsión es uno de los principales retos para que funcione la estrategia planteada desde el Gobierno federal por la paz y la justicia en Michoacán. De allí que las acciones específicas para el combate a la extorsión, fueron las que primero se detallaron en la presentación del "Plan Michoacán" el 9 de noviembre.
Entre las directrices principales se anunció un protocolo homologado de atención que se aplicará mediante subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias.
También la operación de unidades especializadas que estarían en coordinación con la Sedena, Marina y la Fiscalía General de la República (FGR). Dichas unidades especializadas realizarán operaciones para el combate a la extorsión mediante estrategias regionalizadas acorde al área, grupo delincuencial y forma de operar.
Se prometió trabajo de inteligencia e investigación para frenar las capacidades económicas y operativas de los grupos criminales.
Además de elementos y equipo para blindar el proceso de producción, corte y empacado de limones y aguacate, cuyos productores son uno de los blancos principales de extorsiones; también patrullajes y la recepción de información mediante denuncia ciudadana, a través de la línea de atención del 089 que tendrá operadores específicos para atender los reportes en Michoacán.
Para analizar el alcance de las operaciones anunciadas habría que referir cómo la extorsión se volvió una de las principales vías de economía criminal en la entidad:
La presencia de grupos criminales en Michoacán es de muy larga data, primero en la producción de cultivos de droga que proveían a narcotraficantes del norte del país. A partir de los años setenta fueron cobrando relevancia grupos dedicados al cultivo, producción, trasiego, cruce y comercialización de estupefacientes, mecánica que en la entidad se conoce coloquialmente como “el oficio”.
En los ochenta, cuando introdujeron también la producción de las drogas sintéticas, cobraron notoriedad personajes como Los Valencia, fundadores del grupo que denominaron Cártel del Milenio, que como ellos, Nazario Moreno, "El Chayo", quien pasó de ser pistolero a líder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, y también Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), todos tienen en común esta trayectoria de vida de su juventud hacia Estados Unidos y participar en el trasiego de drogas desde muy jóvenes.
Hasta antes de los años noventa, la extorsión aún no era una vía de ingreso relevante para los grupos criminales.
Los registros de las denuncias presentadas ante la entonces Procuraduría de Justicia de Michoacán (hoy Fiscalía), datan del año 1997, en que se presentaron 143 denuncias por extorsión; en 1998 se presentaron 211 denuncias; en 1999, 195; en el año 2000, 137; en 2001, 128 denuncias; en 2002, 162; en 2003, 137.
La irrupción en la entidad de miembros de Los Zetas y su inicial alianza con grupos criminales locales detonaría toda la dinámica extorsiva: adicionaron al negocio del narcotráfico la extorsión como vía de ingresos, que al mismo tiempo les resultaba efectiva para el control territorial a través de acciones violentas, como las que Los Zetas aplicaban en entidades del Golfo y noreste del país.
Se hicieron llamar La Empresa, franquicia criminal que operaba trasiegos de drogas y cobro de derecho de piso. Luego las disputas internas en La Empresa se visibilizaron con el crecimiento de grupos locales como La Familia Michoacana, que hasta los estados vecinos Guanajuato y particularmente en el Estado de México, replicó el modelo extorsivo (que recién comenzó a combatirse en la estrategia conjunta de la federación con el Gobierno local mediante operativos como el "Liberación").
En Michoacán la extorsión se fue imponiendo a diversos sectores: agrícola, de la madera, a los comerciantes… hasta volverse una de las actividades criminales de mayor prevalencia ejercidas mediante complejos mecanismos, tan complejos como la geografía de la entidad que se tornó en disputa de muchas organizaciones criminales por ejercer el cobro de piso.
Las dinámicas de asociaciones, rupturas, escisiones, fragmentación de grupos criminales originaron mayores actores pretendiendo imponer su cuota mafiosa, así surgieron grupos como Los Viagra, la Nueva Empresa, la Nueva Familia Michoacana.
Luego la irrupción del CJNG que se anunció en operaciones como Matazetas generó otra oleada de violencia y un nuevo grupo imponiéndose en el cobro de extorsión. Para contrarrestarlo, otros grupos formaron lo que llaman Cárteles Unidos, pero luego las disputas internas generaron más células criminales.
En la actualidad los grupos criminales que ejercen la extorsión se dicen parte del CJNG, Cárteles Unidos, Caballeros Templarios, Cártel de Tepalcatepec, La Familia Michoacana, Los Blancos de Troya, Los Viagras, algunas células operan asociadas y dependiendo la región. Esa complejidad la han aplicado a la disputa por el quién cobra y cómo se impone el cobro.
Hablo con productores de la zona citrícola que me explican que de esa disputa entre grupos criminales deriva que les imponen dobles impuestos mafiosos porque en las cadenas productivas desde que buscan sacar los cultivos de sus tierras y luego hasta el proceso de comercialización a veces les toca pasar por áreas que aun dentro de la misma región pueden estar en manos de grupos antagónicos, y cada uno les exige pago.
Son productores de la misma región de Bernardo Bravo, líder de los citricultores asesinado en octubre tras sufrir amenazas -que hizo públicas- por denunciar las prácticas extorsivas y de los “coyotes” que imponían precios.
En las indagatorias conjuntas de autoridades locales y federales se identificó como uno de los autores del crimen a Rigoberto López Mendoza, alias "El Pantano", extorsionador que opera como parte de las células asociadas al CJNG. López tenía credencial de la asociación de citricultores que presidía Bravo, lo que evidencia el nivel de infiltración de los grupos criminales que ejercen la extorsión.
Posteriormente, el 6 de noviembre la Fiscalía de Michoacán informó que obtuvo orden de aprehensión contra César Alejandro Sepúlveda, "El Botox", por su responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo. Se trata de un criminal a quien se había identificado como uno de los líderes de Los Blancos de Troya, relacionados también con el asesinato de Hipólito Mora.
Bernardo Bravo Manríquez tuvo el mismo destino que su padre, Bernardo Bravo Valencia, asesinado en 2013 también cuando denunciaba el mecanismo de extorsión del que eran blanco los citricultores.
La extorsión históricamente es un impuesto mafioso que se remonta a la manera en la que creció en Italia la poderosa Cosa Nostra, que desde el siglo XIX por lo menos generalizó esta práctica exigiendo a los comerciantes y empresarios sicilianos un porcentaje fijo a cambio de la supuesta protección para su actividad, derivándolo luego a imponer la contratación de miembros de la organización criminal en esos negocios, hasta imponer también el que la proveeduría fuera suministrada por la organización criminal, y es importante detallar esos mecanismos, porque son los replicados por las organizaciones criminales en México, como lo han hecho también otras organizaciones criminales en otros países, como ocurrió en Colombia donde en las regiones agrícolas se impuso el pago de “vacuna” por cada tonelada de cultivos, donde en zonas urbanas los “combos” criminales son quienes cobran el impuesto mafioso.
Y pasa en otras regiones, ello lo registran informes como los que realiza la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
La extorsión es de las actividades más predatorias del crimen, que va carcomiendo socialmente multiplicada por la baja fracción de denuncia y por la impunidad.
Otro obstáculo radica en la dilación de las investigaciones, que pueden implicar años en su integración y hasta su archivo por prescripción, o que se declare como temporalmente archivada, y ese temporalmente puede ser por años.
En Michoacán ni en la Guerra declarada por Calderón, ni tampoco en los años en que Peña Nieto designó un comisionado para la seguridad en esa entidad–Alfredo Castillo– tampoco se garantizaron mecanismos que fueran efectivos para la denuncia ni mucho menos se trabajó en la desarticulación de la economía criminal, lo que desalentó la denuncia formal.
Del año 2001 al año 2014, la entonces Procuraduría de Justicia de Michoacán recibió dos mil 794 denuncias por extorsión. De esas, mil 130 fueron “suspendidas”; en 119 casos se decretó prescripción; en 272 se archivaron de manera “temporal”; en otras 255 se archivaron; en 198 casos se declaró incompetencia; en 498 casos estaban en estatus de “en trámite” (hasta el año pasado en que obtuve esta información que estoy citando); y sólo en 301 averiguaciones previas hubo consignaciones.
De los casos que se integraron como carpetas de investigación por el delito de extorsión ante la ya Fiscalía, a partir del años 2015, y hasta el año pasado se habían abierto 691 carpetas de investigación, 457 aún están en trámite, en 27 casos se declaró la incompetencia, en 27 casos se declaró no ejercicio de acción penal, en 12 casos se declaró como abstención de investigar; en 107 casos están en archivo temporal.
Los mecanismos anunciados desde el Gobierno federal que incluyen unidades especializadas y la coordinación de autoridades locales con el Gobierno federal significan un nuevo modelo que podría dar resultados si es que se realiza un trabajo diligente, que garantice protección a quienes denuncien, para que se recupere la confianza de la ciudadanía en los mecanismos formales de denuncia, pero también requiere de un Poder Judicial incorruptible.
Otra de las claves radica en que realmente se atajen las redes de la economía criminal en todos los sectores que están bajo imposición de prácticas extorsivas por parte de grupos criminales, porque en algunas regiones se imponen mediante precios a productos de la canasta básica y productos de consumo frecuente; en otras mediante la imposición de la proveeduría, son mecanismos más estructurados de prácticas extorsivas.
Las dinámicas de extorsión en Michoacán son muy complejas. La complejidad hace visible la necesidad de que, para desmantelar las economías criminales, se blinden todas las etapas de la cadena productiva en un territorio muy extenso y que representa grandes dificultades de fiscalización.
Este es uno de los enormes retos a los cuales las autoridades deberán hacer frente. Porque atacar los mecanismos de extorsión hasta el fondo, hasta la raíz, permitiría avanzar en la pacificación de la entidad, para que se logren resultados en conjunto con las otras muchas acciones que comprenden la estrategia integral con que se busca justicia social para una entidad que históricamente ha estado tan lastimada por la criminalidad.
