El autor estadounidense Daniel Lazare escribió un libro sobre el sistema político estadounidense con un título bastante elocuente: La República congelada (The Frozen Republic).
En él argumenta que la Constitución de ese país impide que se realicen cambios frecuentes que permitan, entre otras cosas, mayor participación política de los ciudadanos en las decisiones.
Su libro, publicado en los noventas, señalaba un problema de las democracias liberales que sólo ha sido evidente hasta hace poco. A saber: la falta de mecanismos para que los ciudadanos se impliquen en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, más allá de las elecciones de sus representantes.
En México, uno de los errores que se cometieron durante el período de la transición, fue precisamente no haber alentado maneras novedosas para que los ciudadanos se expresarán sobre diversos aspectos que les incumben.
Este yerro manifiesto fue quizás una de las causas de la llegada de la autodenominada 4T al poder.
Dándose cuenta de esta carencia, López Obrador habló demagógicamente sobre impulsar procesos de participación política, como consultas, plebiscitos y otros mecanismos populares. Uno de los ejemplos más claros de esto es el que se refiere a la revocación de mandato. A primera instancia parece una buena idea que los ciudadanos puedan sacar a un mal gobernante del poder cuando este está realizando un trabajo en detrimento del bienestar de la sociedad. Después de todo eso es lo que se hace en los regímenes parlamentarios y en gobiernos como el de Estados Unidos, a través del proceso de impeachment. ¿Pero qué sucede cuando este proceso es manipulado a favor del gobierno en el poder?
En 2022, el Presidente López Obrador se sometió a dicho proceso. Fue curioso que haya sido el propio régimen el que lo haya convocado y no la oposición, como es el caso en las grandes democracias modernas.
No es extraño, aunque sí es reprobable, que ahora el Gobierno de Sheinbaum no quiera incluir el asunto de la revocación dentro de la más amplia discusión de la reforma electoral, que está planeada para el próximo año. En lugar de eso se intenta presionar a los legisladores para que aprueben de manera inmediata una reforma de Ley que se refiere fundamentalmente al cambio de fecha en que debe ocurrir la revocación de mandato. De acuerdo con el texto actual, esta debe realizarse en una fecha diferente a la que se realizan las elecciones intermedias. La razón de esto es clara: la decisión de revocar el mandato de un Jefe del Ejecutivo es tan importante que los ciudadanos no deberían ser distraídos en otros menesteres.
A pesar de esto, Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando - piensa ella - su popularidad para elevar el voto en favor de sus candidatos a puestos de representación popular.
Con el INE y el órgano judicial electoral capturados, el Gobierno espera utilizar sus cuantiosos recursos para movilizar el voto a su favor, no a partir de una competencia equitativa real, sino mediante formas ilegales e ilegítimas de manipulación de masas.
De cualquier manera, las acciones más que transparentes por parte del régimen para manipular la voluntad popular son a la vez patéticas y peligrosas. Pero pronto la ciudadanía se dará cuenta.
