Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza tanto para proyectos de inversión como para el consumo. A tal grado esto es cierto que la deuda total global se mantiene por encima del 235% del PIB mundial. Aunque hay debates entre economistas sobre si esta situación es conveniente, lo cierto es que se espera que en el futuro cercano no haya cambios sustanciales en la forma en que la economía mundial opera.
En el caso de México, sin embargo, los niveles de penetración crediticia son más bajos que en otras naciones emergentes. Para finales de 2024, el crédito total otorgado por la banca comercial en nuestro país representó apenas el 28.8% del PIB.
Hay entonces mucho camino por recorrer para modernizar nuestra economía. Al tiempo que lo hacemos, es importante que las políticas crediticias trabajen en favor y no en detrimento de las familias y las empresas mexicanas. En este sentido, habría que referirse a ciertos cambios que sería positivo introducir en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en particular en lo que se refiere al llamado buró de crédito.
Es cierto que durante el 2025 se ha mantenido y reforzado el cumplimiento de la eliminación automática de registros negativos según el monto de la deuda que se calcula en UDIS. Esto, no obstante, no parece ser suficiente. Una buena idea consistiría en reducir la permanencia de registros negativos para facilitar la reintegración al sistema financiero. Se habla de la conveniencia de reducirlos de los seis años a sólo tres años. Esto daría alivio a muchas personas que lo necesitan y les otorgaría la oportunidad de corregir para bien su situación económica.
Otra reforma razonable sería prohibir explícitamente que los reportes de Buró de Crédito sean utilizados por empleadores para evaluar la contratación de personal, evitando la discriminación laboral por deudas. Lo mismo sería el caso en lo que se refiere a la evaluación de necesidades médicas, de vivienda u otros propósitos que no tienen que ver con el ámbito financiero.
Otra medida importante sería la incorporación de disposiciones que obliguen a especificar y corregir errores contenidos en los reportes de crédito. Aunque se ha avanzado en esto, la verdad es que se necesitan impulsar reformas adicionales para garantizar un trato justo y frenar abusos relacionados con la carga de la prueba en los errores.
En conjunto, la implementación de estas reformas constituirá un avance significativo para reforzar los derechos de los mexicanos frente a prácticas crediticias, que son en última instancia dañinas tanto para el bienestar de las personas como para la economía mexicana.
Hay que decir que el contexto en que esto ocurre es uno en que una gran mayoría de los mexicanos pagan a tiempo sus deudas. Se estima que más de 70 millones de personas tienen un registro en las Sociedades de Información Crediticia. En 2023, 36.2% de los adultos en México reportó tener alguna deuda y el 27.3% admitió haberse atrasado en sus pagos. Sin embargo, a nivel bancario el nivel de morosidad, al cierre de 2024, era sólo del 2.02%. En general, fuentes del sector financiero indican que aproximadamente 9 de cada 10 mexicanos registrados mantienen un historial crediticio saludable.
Ha llegado la hora de perfeccionar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia para que muchos mexicanos puedan prosperar y vivir sin angustias innecesarias. Es lo justo.
