Por: Natalia Pérez Cordero

La reciente visita del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura a México, realizada del 25 al 30 de enero de 2026, vuelve a colocar al país frente a un espejo incómodo: el trato que reciben las personas privadas de libertad y las condiciones de las instituciones que deberían garantizar su dignidad, pero que con frecuencia reproducen abusos y arbitrariedades. Diversas instituciones como cárceles, comisarías, hospitales psiquiátricos y centros de tratamiento de adicciones fueron objeto de inspecciones, sumado a entrevistas confidenciales, con el fin de detectar prácticas que pudieran constituir tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

No es la primera ocasión que México se somete a este escrutinio, el Subcomité ya había venido a una visita oficial en el 2008 y 2016. Sin embargo, esta tercera evaluación ocurre bajo la administración de Morena y la Presidencia de Claudia Sheinbaum, lo que permite por primera vez, contrastar la narrativa oficial que pretende argumentar que la tortura ya no se práctica en México. El Subcomité reconoció avances normativos, como la publicación de la Ley General para Prevenir la Tortura de 2017, pero advirtió la brecha entre el papel y la realidad: las leyes existen, pero la implementación sigue siendo deficiente.

Resulta llamativo que, a diferencia de visitas anteriores, no se señala la visita a estaciones migratorias ni instalaciones militares en el recorrido. La omisión es significativa, pues apenas en 2024 un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez dejó 40 personas muertas, un recordatorio brutal de que esos espacios siguen siendo focos de violaciones graves a derechos humanos.

De manera destacada, el Subcomité expresó especial preocupación por los llamados “anexos”, centros de tratamiento de adicciones que operan bajo escasa regulación, sobre todo porque allí se han documentado casos de malos tratos, reclutamientos forzados, desapariciones y asesinatos, muchos bajo el control de grupos criminales.

La impunidad, se mantiene como el hilo conductor, al igual que los obstáculos que se presentan para la pronta y efectiva investigación de actos de tortura. Al respecto, Human Rights Watch en su reciente Informe Mundial 2026, menciona que la impunidad en México es generalizada, una de las causas es que las fiscalías “suelen carecer de fiscales calificados, materiales, recursos básicos, y protección adecuada para llevar a cabo su trabajo”, lo que ha provocado que continúe la práctica ilegal de obtener pruebas que han sido alteradas, falsificadas u obtenidas mediante amenazas o tortura. Por su parte, la Organización Mundial contra la Tortura, en su Índice Mundial de Tortura publicado el año pasado, señaló que la tortura en el país sigue siendo generalizada.

Otro de los temas señalados fue el relativo a fortalecer el Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura, a través de la instalación de su Comité Técnico y permitir la cooperación de la sociedad civil, lo cual resulta relevante en un contexto dónde se han limitado los espacios de participación y construcción conjunta, en aras de fortalecer un sistema integral de prevención de la tortura en México.

Desde Fundar, esperamos que en sus conclusiones puedan pronunciarse sobre los grandes pendientes sobre el uso cada vez más permisivo de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y de seguridad pública, sin mayores controles para prevenir violaciones graves a derechos humanos; la permanencia de la figura de “prisión preventiva oficiosa”, pese a que tribunales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), han ordenado a México su eliminación; o sobre la pretensión del gobierno de impulsar una reforma que permita la figura de “jueces sin rostro”, que la misma CoIDH ha condenado en su reiterada jurisprudencia, al impedir que personas procesadas conozcan “la identidad de juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuraban causales de recusación, [para] ejercer su defensa ante un tribunal independiente e imparcial”.

Finalmente, es importante exigir que una vez que el Subcomité emita su informe con las conclusiones sobre su visita, el Estado mexicano lo haga público, pues aunque es su potestad decidir si lo publica o no, dicha práctica es una forma de transparentar los resultados de su evaluación, permite que organizaciones de la sociedad civil así como víctimas directas e indirectas den seguimiento a los avances, pendientes y retrocesos en el combate y prevención de la tortura; además de que, como el propio Subcomité lo ha referido, la publicidad del informe es en sí misma una medida preventiva.

* Natalia es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.