La nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos que proclama que el continente americano es “propiedad” de los estadounidenses, avanza sin que nadie le haga o pueda hacer frente. Proclamada desde la toma de posesión de Donald Trump en enero de 2025 y explicitada en la promulgación de la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional publicada en diciembre pasado, la potencia del norte pretende hacer realidad la voluntad de “negar a competidores no hemisféricos” el control de “activos estratégicamente vitales” en el hemisferio occidental y expulsar a las compañías extranjeras que construyen infraestructura en América y decretar el predominio de las empresas estadounidenses en la región. No son sólo amenazas. Ya invadió Venezuela el pasado 3 de enero en un operativo que se saldó con el asesinato de más de cien personas y el secuestro del Presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ahora las amenazas se centran sobre Cuba, nación a la que se pretende asfixiar cortándole el derecho elemental de abastecerse de energía. La orden ejecutiva firmada por Trump de imponer aranceles a las naciones que vendan y suministren petróleo a Cuba ha tenido graves consecuencias humanitarias para la población cubana, sociedad a la que se ha negado el derecho a ser independiente a lo largo de su historia. Después de estar sometida a la Colonia española, Cuba permaneció virtualmente como protectorado de Estados Unidos hasta la revolución de 1959 encabezada por Fidel Castro y el movimiento revolucionario que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista.

Inicialmente el nuevo gobierno revolucionario no pretendía una cercanía al bloque comunista que lideraba la Unión Soviética. Fueron las agresiones, invasiones y bloqueo estadounidense los que orillaron al gobierno cubano a radicalizarse y proclamar su anti imperialismo de Estados Unidos. Pero desde hace más de seis décadas Cuba no ha podido ejercer su soberanía e independencia plenamente debido al bloqueo económico, el espionaje y el estrangulamiento político. La actual presión que el gobierno de Trump ejerce en contra de esta nación probablemente terminen por asfixiar al actual gobierno debido a la falta de energía y necesidades básicas para la población de la principal isla del Caribe. Un ejemplo de esta presión rebotó en México, ya que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum dio acuse de recibo de las amenazas arancelarias de Donald Trump y suspendió la venta de petróleo a Cuba.

Pero tras Cuba, hay que preguntarse quién sigue. Por lo pronto, el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump mantiene la presión sobre el gobierno de Panamá para que este país dé término a los acuerdos y contratos que ese país llevó a cabo con una empresa china (con sede en Hong Kong) que maneja los dos puertos de entrada al Canal de Panamá. En un hecho considerado como una virtual injerencia de Estados Unidos en los asuntos panameños, la corte de este país declaró inconstitucionales los contratos con la empresa CK Hutchison, que opera puertos en todo el mundo a través de su división Hutchison Ports, entre ellos los del canal de Panamá.

La estrategia imperial de Estados Unidos de reafirmar su dominio en toda América Latina pretende eliminar y evitar la presencia de China. Otro ejemplo de ello son las amenazas que lanzó el Departamento de Estado, a través de su Oficina del Hemisferio Occidental, de la presencia de China en el puerto de Chancay, en Perú. El puerto de Chancay fue inaugurado en noviembre de 2024 por la entonces Presidenta peruana Dina Boluarte y por el Presidente chino Xi Jinping, y es propiedad de la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú, con inversión de 60 por ciento de China y 40 por ciento peruana. La semana pasada la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado publicó: “Preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores. Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, publicó en Twitter.

Es un mensaje hipócrita porque cuestiona la soberanía de las naciones latinoamericanas cuando estas, legal y justificadamente, hacen acuerdos y negocios con otras naciones, como China, pero no cuestionan la proclamación imperialista de que todo el Hemisferio Occidental es propiedad estadounidense. Una pretensión de reafirmación imperial que está impactando en la soberanía de todos los países de América Latina.

Por lo pronto el gobierno de Trump está tratando de afianzar un bloque de gobiernos latinoamericanos afines a las políticas conservadoras y que se han rendido a entregar sus recursos al gobierno y las empresas norteamericanas. El gobierno trumpista anunció una reunión en Florida el próximo 7 de marzo con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nayib Bukele de El Salvador; Daniel Noboa de Ecuador; y Tito Asfura, recién electo Presidente de Honduras.

La reafirmación imperial de Estados Unidos con el gobierno de Trump no está siendo resistida ni enfrentada por el resto de los países de la región. Apenas hay tímidas proclamaciones de soberanía y cooperación.

Eso permite que el gobierno de Estados Unidos, que preside Trump, este actuando como un bully imperial que impone, mediante las amenazas y la fuerza, sus intereses y deseos para todos los países de la región. Si las sociedades de América Latina no nos movilizamos para impedirlo, tendremos otro largo ciclo colonialista en nuestros países.