La semana pasada, Peña Nieto anuncio desde Los Pinos que el próximo lunes 19 de agosto entregaría su propuesta de aspirantes a conformar la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), organismos públicos creados a partir de lo dispuesto en la Reforma en Telecomunicaciones presentada el pasado 10 de junio del presente año. Peña agregó que buscaría “los perfiles de mayor idoneidad para integrar estos órganos constitucionales”.

El discurso es el adecuado, guiándose por el sentido común, nadie objetaría esta acción. Efectivamente todos los puestos en las empresas, instituciones u organismos, deben ser ocupados por personas que tengan el perfil “idóneo” para desempeñar las actividades requeridas por cada dependencia, ¿pero realmente sucede así?

La realidad es otra. Los puestos clave en dependencias gubernamentales son ocupados por quienes tienen las mejores relaciones con los directores-presidentes-líderes-delegados-jefes de cada institución. Ejemplos hay muchos, imposible citarlos todos, pero hay algunos que sobresalen por el alto grado de indignación que causan a gran parte de la población, especialmente a la juventud profesionista, esa que logró surcar todas las dificultades que en nuestro país se tienen como: pobreza, delincuencia, falta de apoyo educacional, etcétera, y que a “base de puro orgullo”, y ganándose a pulso el famoso sobrenombre de "estudiambre", consiguieron terminar una carrera profesional.

Después de la “heroica hazaña” de terminar la universidad o un posgrado, los sueños se topan con otro reto, conseguir los 100 mil o 200 mil pesos que te costará una oportunidad –plaza– para ofrecerle a México los conocimientos que obtuviste “quemándote las pestañas” durante cuatro o cinco años en las aulas, y poder trabajar en una de las diferentes dependencia como: IMSS, ISSSTE, SEP, PEMEX, CFE, etcétera. Claro, a menos que tu papá sea sindicalizado-amigo-compadre-socio-cuñado-hermano de quien pueda influir en dichas instituciones. Tengo que dejar en claro que así como muchos logran vencer los retos y obtener un título profesional en México, también hay quienes con base en méritos académicos y/o laborales logran posicionarse en alguna de las dependencias antes mencionadas, pero son los pocos, y no porque hagan falta jóvenes talentosos que se gradúen año tras año, si no porque el hermetismo de cada una de esas dependencias es injusto.

Con respecto a las plazas que se ocuparán en la CFCE y el Ifetel, se abrió una convocatoria para concursar por dichos puestos, se creó un Comité de Evaluación y se aplicaron exámenes en cuya elaboración participaron la UNAM, el IPN, el CIDE, el ITAM y el ITESM. Suena excelente, un proceso objetivo y profesional de selección. Sin embargo, deduzcamos con base a los hechos: la lista de aspirantes contempló a más de 600 candidatos, entre los cuales predominaban nombres de funcionarios y ex funcionarios como el jefe de la Unidad de Radio y Televisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Fernando Borjón, quien aparece en la lista luego de haber encabezado el apagón analógico en Tijuana; los comisionados Mony de Swaan y Gonzalo Martínez Pous; el ex Subsecretario de Comunicaciones, Héctor Olavarría, así como Gerardo Sánchez Henkel quien después de Gonzalo Martínez Pous se desempeñó como jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros.

Cabe mencionar que el promedio de calificación obtenida por los candidatos en los exámenes fue de 75.2 puntos. El número de aspirantes se redujo a 14 listas con 10 aspirantes cada una, las cuales serán sometidas a consideración del Ejecutivo Federal. ¿Alguien es tan iluso como para creer que la selección de los aspirantes ha sido o será objetiva?

En México últimamente se vienen promoviendo diferentes reformas constitucionales que tendrán un fuerte impacto en el país –energética, laboral, telecomunicaciones, educación, etcétera–. Aún cuando el éxito que tengan las reformas anteriores dependerá de múltiples factores, sin duda será determinante la manera en que se implementen las reformas; ninguna reforma, por mejor estructurada que se encuentre en papel, será de utilidad si en la práctica se ve socavada por la corrupción o negligencia.

En junio de 2008 se publicó la reforma constitucional que vino a determinar el cambio de sistema penal hacia un sistema Acusatorio o Adversarial. Muchos de los retos que se vislumbran en la implementación de dicho sistema –que debiera estar aplicándose en todo el país para 2016–, es precisamente buscar la “idoneidad” de los perfiles que ocuparán los cargos clave en los Ministerios Públicos, Juzgados, Servicios Periciales, Defensa Pública, etcétera. Se busca profesionalizar la justicia en México y romper el paradigma de corrupción, ineficacia y lentitud del proceso actual.

¿Cuáles son los perfiles idóneos para desempeñarse en este nuevo sistema penal? Sin duda hay un abanico amplio de profesionistas que deberán participar, sin embargo, aquí debo resaltar uno de los que hasta el día de hoy se encuentra en el banquillo del anonimato, el criminólogo, quien tienen competencia científica en todas las etapas del proceso penal, y aun así,  no se le incluye  actualmente.

No sólo en la CFCE y el Ifetel se debe buscar la “idoneidad” de los perfiles que ocuparán los puestos –hecho que ya se pone en duda por los especialistas– sino en todas las instituciones.

La justicia es de especial importancia, y con la Reforma del Sistema Penal en México, esperemos que la figura del criminólogo sea protagonista, ya que su perfil es el idóneo; o ¿a qué se refiere el Presidente con “idoneidad”?

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