Por: Iván Benumea y Andrea Larios*
El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó la última revisión sobre el manejo de los recursos públicos en el ejercicio fiscal 2023. La labor de la ASF es fundamental para identificar irregularidades y posibles actos de corrupción, y, en teoría, sus recomendaciones deben ser atendidas por las autoridades. En el debate público, las auditorías de la ASF suelen enfocarse en los hallazgos más significativos sobre los posibles desvíos de recursos públicos, pero existe otra dimensión de su trabajo que muchas veces suele pasar desapercibida: identificar las fallas estructurales de las políticas públicas que impactan en los derechos humanos de las personas y que deberían ser atendidas a través de reformas jurídicas y una mejor coordinación entre las autoridades. En este artículo presentamos una muestra de este tipo de problemas:
Adaptación al cambio climático
Poca transparencia e insuficiente coordinación institucional. En 2025, el Congreso aprobó un presupuesto de 205 mil millones de pesos en medidas para la adaptación y mitigación del cambio. Sin embargo, como sostuvimos en nuestro último reporte, la Federación no distingue ni transparenta qué presupuesto se destinará en adaptación y qué presupuesto en medidas de mitigación al cambio climático, un problema que incluso obstaculiza el seguimiento al Acuerdo de París. En ese sentido, la ASF recomendó que esta situación cambie, y recomendó a la Semarnat coordinarse con otras dependencias para mejorar la identificación del presupuesto y tomar más protagonismo en el diseño de la política en materia de adaptación al cambio climático.
La poca fiscalización de la Conagua
Dentro de sus múltiples funciones, la Conagua se encarga de cobrar los pagos y fiscalizar a quienes cuentan con concesiones o permisos de uso de agua, tareas que lamentablemente aún están lejos de realizarse de manera efectiva. Al respecto, la ASF identificó que de un total de 56 mil 750 de personas y/o empresas que tienen alguna concesión o permiso de uso conforme al Registro Público de Derechos de Agua, solamente el 14 por ciento está registrado como contribuyente. Además, la ASF identificó que, en 2023, la Conagua no realizó ni una sola visita domiciliaria a los contribuyentes, una acción elemental en materia de fiscalización. De acuerdo con la Conagua, la explicación de esto recae en los bajos recursos presupuestarios y la falta de personal. De cara a la implementación del Plan Nacional Hídrico, sin duda los hallazgos de la ASF y la incapacidad de la Conagua por fiscalizar a los contribuyentes deberían ser evaluados seriamente.
Irregularidades en sector salud
En esta tercera entrega la Auditoría realizó 26 auditorías al sector salud, en las que se revisaron más de 132 mil millones de pesos. Dos de estas auditorías fueron bajo la modalidad de auditoría forense, lo que implica un proceso de fiscalización más detallado y exhaustivo. La primera a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex) – pieza clave en la apuesta federal por mejorar la compra y distribución de medicamentos e insumos en el sector salud– en donde se auditó una muestra de más de cuatro mil millones de pesos. La ASF encontró que uno de los proveedores tuvo retrasos en las entregas de medicamentos lo que afectó la distribución y acceso de medicamentos, sin que Birmex le impusiera las penas correspondientes. También encontró que algunos medicamentos fueron recibidos y pagados, aunque no cumplían con las especificaciones requeridas. Por ende, dichos medicamentos no fueron recibidos por las instituciones de salud. Además, algunos lotes de medicamentos no cumplieron con la calidad y seguridad requerida. Respecto a contratos con empresas para distribuir medicamentos, la ASF determinó que no se puede comprobar que estos servicios se hayan realizado a entera satisfacción, pues Birmex no proporcionó evidencia documental suficiente y sólida para acreditarlo.
La segunda auditoría forense fue practicada al IMSS, particularmente al servicio subrogado de laboratorios clínicos y anestesia, a fin de constatar que la adjudicación, contratación, recepción, pago, comprobación y registro se hayan realizado conforme a la legislación y normatividad aplicable. Se auditaron más de cinco mil 700 millones de pesos y se solicitó aclarar un monto por más de mil 225 millones de pesos. Se concluyó que hay una falta de supervisión respecto de las operaciones relacionadas con los servicios de laboratorio y anestesia (desde la solicitud del servicio hasta su pago) y deficiencias en la integración del expediente de ejecución de dichos servicios (entregables, anexos, términos y condiciones, entre otros), por lo que no se puede conocer si los servicios se llevaron a cabo y fueron recibidos conforme a los establecido en los contratos. Se encontró también que no hay investigaciones de mercado adecuadas y se contrata a empresas que participan en licitaciones de forma simulada, ya que comparten socios, accionistas, representantes legales y empleadas y empleados, lo que es contrario a la ley. Esta auditoría detectó actos irregulares y da cuenta de la necesidad de fortalecer los controles respecto a la contratación de servicios subrogados de anestesia y servicios de laboratorio en unidades del IMSS.
Asignación presupuestaria a Anexos Transversales (AT)
Las metodologías para la integración siguen siendo insuficientes. Los AT buscan identificar el presupuesto destinado a políticas para atender problemas o poblaciones específicas. Sin embargo, la ASF señaló que no se acreditaron explícitamente los factores, variables y fórmulas necesarias para la integración de los Anexos. Desde Fundar hemos señalado también que la integración de estos Anexos carece de una metodología clara, robusta y transparente. A pesar de ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solventó la observación refiriendo a los documentos titulados “Metodologías utilizadas para la elaboración de los Anexos Transversales” disponibles en línea. Sin embargo, estas metodologías, como también hemos documentado, son insuficientes pues no justifican los criterios que garantizan la alineación con los objetivos que persigue cada Anexo. Al respecto, la SHCP se comprometió a iniciar las actividades para establecer un modelo de evaluación de los AT en mayo y junio de este año, así como a actualizar los criterios mínimos para la inclusión de programas.
Los hallazgos de la ASF deberían ser atendidos a la brevedad por las autoridades de nuestro país. Sin embargo, quien debería priorizar este trabajo es la propia Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Lamentablemente, esta Comisión ha hecho muy poco por fortalecer la fiscalización del ejercicio público, lo cual también debería de corregirse cuanto antes en nuestro sistema de rendición de cuentas, pues esto ha contribuido al debilitamiento de la ASF.
Tanto los potenciales desvíos de recursos públicos como las fallas de políticas públicas reflejadas en las auditorías de la ASF deberían ser tomadas en cuenta por nuestras autoridades. A su vez, para la sociedad civil y los movimientos sociales, el trabajo de la ASF puede ser muy relevante para avanzar y fortalecer la exigencia de los derechos humanos, lo que también implica monitorear los avances y/o retrocesos de quien por ley se encarga de vigilar el desempeño de las autoridades. Al final del día, la fiscalización también es un asunto de derechos humanos.
* Iván y Andrea son parte del equipo de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
