De investigar las redes de robo, contrabando, transportación y comercialización ilícita de combustibles, personal de la Marina terminó por involucrarse en las redes de huachicol. Los tentáculos de ese delito han corrompido hasta a miembros de las más sólidas instituciones, por lo que identificarlos, detenerlos y procesarlos judicialmente son pasos importantes para combatir a profundidad ese delito, que desde hace décadas lacera las finanzas públicas del país, y representa un desafío para la seguridad nacional.
Se harán investigaciones, "hasta donde tope", prometió la Presidenta Claudia Sheinbaum, hace unos meses desde Palacio Nacional, cuando el Gabinete de Seguridad informó del aseguramiento de más de 10 millones de litros de combustible que, como contrabando técnico, o llamado huachicol fiscal, en marzo pasado se introdujo al país vía marítima, a bordo del buque Challenge Procyon procedente de puertos estadounidenses, con bandera de Singapur.
El "hasta donde tope" se va demostrando con las primeras detenciones de involucrados en esa red de contrabando que incluye al Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de Marina, Rafael Ojeda, junto con otros cuatro miembros de la Marina en activo y otro más en situación de retiro, cinco exfuncionarios de Aduanas, quienes habían tenido entre sus funciones la administración, vigilancia y control, operaciones, revisión en recintos fiscales, y de administración y finanzas en áreas aduanales portuarias; además de tres empresarios detenidos.
Al anunciarse de manera oficial las detenciones, el domingo 7 de septiembre, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló que fue el propio Ojeda quien desde hace dos años acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) y les hizo saber de los problemas que tenía en las distintas áreas de la Marina y pidió que la FGR indagara todos los involucrados irregularidades, que se investigara “sin distinción”.
Así, como parte de esas investigaciones, cuando hace unos meses se dieron significativos aseguramientos de cargamentos, el más grande, el que entró en el buque que ingresó al puerto de Tampico por el Golfo de México, y al indagarlo se comprobaron los vínculos de personal de la Marina en las redes de huachicol.
La operación conjunta que derivó en la detención de 14 involucrados en esa red se llevó a cabo por la Secretaría de Marina, la FGR, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en una investigación que sigue abierta, por lo que habrá más detenciones. “Hay muchas órdenes de detención”, adelantó el Fiscal Gertz, lo que evidencia la magnitud de esta red.
La participación de integrantes de la Marina y Aduanas en las redes de huachicol, que se comprobó con las recientes detenciones derivó precisamente en la indagatoria del combustible de contrabando que se introdujo al país a bordo del buque Challenge Procyon, un petrolero con bandera de Singapur, que operaba en puertos mexicanos con la intermediación de una agencia consignataria mexicana.
Revisé la trayectoria marítima del buque que se utilizó para ese cargamento de contrabando y el buque estuvo antes en puertos de Estados Unidos haciendo viajes hacia puertos mexicanos no sólo en Tampico, sino también a Coatzacoalcos, Pajaritos, y luego volvía a otros puertos de Texas y Bahamas.
Hasta que la mañana del 19 de marzo de 2025 atracó en el puerto de Tampico, donde se le dio entrada con documentos que decían que traía 17 mil 459 toneladas de aditivos para aceites lubricantes, cuando en realidad traía el combustible de contrabando. El disfrazar la carga es una manera de contrabando, es contrabando técnico para evadir impuestos e implica el uso de documentación falsa, y la colusión precisamente de funcionarios portuarios y agentes aduanales.
Tras el aseguramiento del buque, las indagatorias llevaron a cateos en diferentes puntos de Tamaulipas, donde se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques, y se aseguraron los 10 millones de litros de combustible.
Al avanzar en la indagatoria de esa estructura criminal que robaba y contrabandeaba combustible principalmente desde Estados Unidos, utilizando documentación falsa, se identificó que mandos de la Marina, por lo menos un Vicealmirante y otros varios capitanes facilitaban la operación de cargamentos de contrabando, introducidos por empresas del sector petrolero, empresas de transporte, agencias aduanales y con colusión con funcionarios de Aduanas.
Se desplegaron operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México para ejecutar las órdenes de aprehensión contra cinco marinos en activo y uno en retiro, cinco exfuncionarios de Aduanas, y tres empresarios.
La detención de miembros de la Marina, en la indagatoria en que participó la propia institución resulta relevante primero porque con ella se dan pasos en el compromiso de detener a los involucrados en ese delito sin distinción, y segundo porque resulta paradójico ya que, desde hace años las áreas de inteligencia y otras áreas operativas de la Marina llevaban investigaciones internas precisamente desde el puerto de Tampico y otras regiones portuarias del Golfo de México, para identificar embarcaciones involucradas en robo, comercialización y contrabando de combustible, y miembros de esa institución terminarían involucrándose en esas redes.
Publiqué varias investigaciones sobre las indagatorias que la Semar realizaba contra “huachicoleros náuticos”; a través de su área de inteligencia indagaba 90 barcos que se utilizaban para robo, contrabando y comercialización ilícita de combustible, utilizando como puertos clave los de Tamaulipas, en el Golfo de México.
Y, al cabo del tiempo, esas mismas redes alcanzarían a varios de sus miembros quien acabarían por coludirse.
Aunado a que las atribuciones que se le dio a la Marina para las operaciones en puertos y aduanas eran, precisamente, para evitar actos de corrupción, pero varios de sus miembros terminaron corrompiéndose.
El caso demuestra cómo los delincuentes de cuello blanco se van imbricando en las instituciones, coludiendo a funcionarios de diversos niveles, de allí la importancia de identificarlos y detenerlos, por eso son relevantes las recientes detenciones.
Destaca también la relevancia que según el cargo tiene un Vicealmirante en la Marina, porque es el segundo en orden descendente en los grados en esa institución. Además de que no se trataba de cualquier Vicealmirante, sino del sobrino político del extitular de la institución, e incluso en un tiempo, internamente, entre los miembros de la Marina, se identificaba a ese Vicealmirante como candidateable a Secretario.
Había ingresado a la institución en 1992, a la Heroica Escuela Naval Militar, luego hizo una maestría en Seguridad Nacional en el Cesnav. Estuvo en áreas operativas y de patrullaje. Pero sus ascensos más relevantes llegaron cuando su tío político se volvió titular de Semar.
En el año 2023, su nombre fue incluido precisamente en los ascensos a Vicealmirante. Recordemos que dichos ascensos se ratifican por parte del Congreso. En esa misma lista de ascensos aparece por lo menos otro de los miembros de la Marina detenidos: Climaco Aldape, que recibió el ascenso a Capitán de navío.
Manuel Roberto Farías Laguna tuvo en sus funciones la de secretario particular del Jefe del Estado Mayor de la Armada, y de secretario particular del Subsecretario de Marina, José Luis Arellano. Luego, en enero de 2024 se le asignó como titular de la 12 Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, cargo del que fue relevado en enero pasado.
Su nombre comenzó a aparecer también en señalamientos que miembros de la Marina hicieron de cómo él y su hermano, con grado de Contralmirante, operaban el manejo de cargos, asensos y contrataciones a partir de las amplias atribuciones que se dio a esa dependencia.
Los otros miembros de la Marina detenidos tienen rango de capitanes, adscritos a la Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca, uno de ellos, y los otros al área de supervisión de Aduanas.
“No podemos ser tibios en este tipo de actos”, expresó el titular de la Semar, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, en la conferencia de prensa donde se anunciaron las detenciones, “la Ley es para todos. Estos golpes de timón son necesarios para defender el compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano”. Y agregó que la Semar fortalece sus controles internos y procedimientos disciplinarios para prevenir y erradicar malas prácticas. Defender a la institución, subrayó, “significa cero impunidad”.
El que se detecte y erradique la colusión de quienes desde cargos públicos participan en las redes de huachicol es indispensable, porque el involucramiento de miembros de las Fuerzas Armadas en las redes de huachicol ya es de larga data, incluidos militares del más alto rango, como es el caso del General Eduardo León Trauwitz, el exjefe de seguridad de Enrique Peña Nieto en sus tiempos de Gobernador en el Estado de México, y quien una vez en la Presidencia, designó a Trauwitz al frente de la seguridad en las instalaciones de Pemex, con la función de vigilancia y que terminó por involucrarse junto con sus subalternos -también militares-, en las redes de huachicol.
En el caso de Trauwitz, sigue en Canadá tratando de evadir el juicio abierto en su contra en tribunales mexicanos que incluye una orden de detención, por la que su proceso de extradición sigue en curso. Hace unos meses que sus subalternos vinculados en el huachicol fueron sentenciados.
Lo expresado por las autoridades que integran el Gabinete de Seguridad el pasado 7 de septiembre, al anunciar las detenciones de funcionarios y exfuncionarios en cargos clave, confirma lo que he documentado y evidenciado en amplios reportajes e investigaciones periodísticas: que el huachicol es crimen organizado que involucra a funcionarios públicos, empresarios, transportistas, agentes aduanales, empresas de comercialización, redes gasolineras, y muchos otros. Es un delito que involucra crimen organizado.
Hace varias semanas, en este mismo espacio, en la columna que titulé "La génesis del huachicol" detallé el mecanismo del huachicol, en sus modalidades de robo directo a las instalaciones de Pemex, y del llamado huachicol fiscal, el contrabando técnico, que es también delito de larga data.
Les invito a revisar ese trabajo periodístico en que se da con mayor detalle el modus operandi de las redes de huachicol.
A manera de recapitulación: básicamente hay dos mecanismos mediante los cuales se opera la comercialización ilegal de combustibles: uno es aquel combustible que ingresa a México como contrabando con la finalidad no sólo de evadir impuestos, sino ocultar su origen que pudo ser combustible robado, y que se ingresa transportado principalmente en barcos: buques petroleros, también embarcaciones menores, y hasta lanchas, también en trenes y pipas, y que es ingresado con documentaciones falsa.
El segundo es aquel combustible que se sustrae ilícitamente en las instalaciones o ductos de Pemex.
Uno y otro se comercializan en establecimientos que pueden ser gasolineras formales o establecimientos clandestinos.
Se trata de delitos del fuero federal, de delincuencia organizada, así que tocará al recién estrenado Poder Judicial procesar estos casos.
