Cada año, desde hace casi tres décadas, el Gobierno federal debe destinar una parte del erario, es decir, de recursos públicos, para pagar la deuda del Fobaproa, que el Gobierno de Ernesto Zedillo y los legisladores del PRI y el PAN aprobaron para rescatar a los banqueros y algunos empresarios, al convertir sus deudas particulares en deuda pública.
“El atraco del siglo”, se le definió aquel diciembre de 1998, cuando los legisladores federales del PRIAN, lo avalaron, con los votos en contra del entonces PRD.
Zedillo acabó su periodo en el Gobierno y le dejó al país esas obligaciones de pago, mientras que él era cobijado por uno de los consorcios a los que benefició con su privatización de los ferrocarriles que lo incluyó como directivo.
Zedillo además continuó recibiendo su pensión de retiro por parte del Banco de México (Banxico) donde trabajó apenas unos años y obtuvo una pensión dorada, que mes con mes se le ha pagado desde hace décadas, y que este año ha ascendido a más de 141 mil pesos mensuales, según información que consulté en los registros oficiales del Baxico. El dato trimestral más reciente, actualizado al 30 de junio, cifra un monto de 141 mil 977 pesos mensuales por concepto de su pensión.
Revisar el costo que ha representado el Fobaproa es en el contexto de que actualmente está en revisión del Congreso el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026, que el Gobierno federal envió por conducto de la Secretaría de Hacienda.
En éste se precisa la propuesta de distribución del gasto público para el año próximo.
Uno de los rubros de mayor relevancia atañe al costo de las deudas heredadas, a las que la Administración actual debe hacer frente, entre ellas la que dejó el Gobierno de Zedillo, y que ha representado una parte considerable del gasto público, que se volvió una deuda para la cual no hay un estimado de su conclusión.
Como se explica en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, “la suma de recursos destinados a cubrir el costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal” comprende aquel que corresponde a la deuda de las empresas públicas del Estado; la de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento financiero, así como aquéllas para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
De manera que, dentro de la bolsa que se prevén como gasto del año próximo para cubrir el pago de intereses y servicio de la deuda pública, es decir, para el costo financiero relacionado con deuda pública, una parte se relacionan con las Erogaciones para los denominados “Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”.
Desde su origen, el Fobaproa resultó un muy costoso atraco a la Nación no sólo por el volumen de la deuda inicial, sino por los malos manejos y cochupos que se hicieron en toda la operación y transferencias cuando el Gabinete de Zedillo formalizó el llamado “rescate bancario”, y lo explicaré a continuación:
Antes de la crisis de diciembre de 1994, los bancos presentaban deficientes condiciones: por un lado, tenían muchas deudas que pagar a corto plazo y, por otro, un deterioro de la cartera de créditos.
El problema era que en la privatización que se hizo de la banca, durante el salinato, los bancos se entregaron a empresarios amigos de Salinas que no tenían experiencia y que hicieron todo tipo de malos manejos: se hacían autoprestamos, créditos cruzados, tenían cuantiosas deudas por pagar a corto plazo y las anomalías en sus créditos, y luego la crisis financiera de 1994-1995 ahondó las graves deficiencias. En ese contexto fue que el gobierno de Zedillo activó la polémica utilización del Fobaproa. Les lanzó el salvavidas.
Inicialmente, en 1996, en su Segundo informe de Gobierno, Zedillo dijo que se habían comprometido recursos fiscales estimados a precios de 1996 “en más de 180 mil millones de pesos”, que se destinarían al rescate bancario y que se irían erogando a lo largo de varios años. Pero su Gobierno empezó las transferencias sin tener el diagnóstico de la magnitud de la crisis ni las condiciones reales de los bancos, en total opacidad.
El “saneamiento financiero” que es como le llamaban, se hizo en condiciones de opacidad por parte del Comité Técnico, en la conformación de los portafolios de créditos de los bancos. El Fobaproa asumió obligaciones en los contratos de compra de cartera, a su vez entregaba pagarés (firmados por el Fobaproa con el apoyo solidario del Gobierno federal) relacionados con tal compra de cartera. Y en ese mecanismo se rescató a bancos que no cumplían los requisitos, los cuales a su vez abusivamente incluían créditos que presentaban múltiples irregularidades.
En tanto, se presionaba a los pequeños deudores, o quienes tenían créditos muy modestos a que pagaran a como diera lugar.
Destaca además que quienes operaban el Fobaproa, si se trataba de algún influyente les aceptaban bienes (como daciones de pago, o para quitas de los adeudos) a los cuales les daban un valor muy por encima del real. Luego esos bienes los fueron desincorporando y subastando también de manera discrecional.
La Constitución además le impedía a Zedillo transferir recursos públicos en el mecanismo que estaba utilizando, porque el Fobaproa era un fideicomiso que no era parte de la administración pública federal, por lo que no debía operarse con recursos públicos, y fue hasta dos años después que se envió al Congreso para su validación.
Para entonces, los 180 mil millones de pesos habían aumentado a 552 mil 300 millones de pesos.
El Fobaproa como deuda pública se aprobó en la sesión de Congreso del 12 de diciembre de 1998. Derivado de ello se creó un Instituto, el IPAB, que asumiría la deuda neta proveniente del rescate financiero aplicado por el Gobierno por conducto del Fobaproa, para lo cual, a ese organismo se le transferirían anualmente asignaciones presupuestales en un ramo específico del Presupuesto de Egresos de la Federación. En resumen: los pasivos de la banca privada, para entonces en poder del Fobaproa, los volvían deuda de todos.
Para diciembre de 1999, cuando empezó a operar el Instituto para asumir las funciones que hasta esos momentos tenía el Fobaproa, la deuda neta ya se había incrementado a 687 mil 844 millones de pesos.
El episodio Fobaproa que se había convertido en uno de los de mayor discrecionalidad primero en la decisión del rescate bancario, luego en su mecanismo de aplicación con la férrea negativa de informar públicamente a quiénes y con qué montos se estaba rescatando con el pretexto de “secreto bancario”.
Las auditorías que en diversos periodos se intentaron llevar a cabo, tanto relacionadas con el proceso de saneamiento financiero, como de la recepción y posterior colocación de esos bienes, fueron bloqueadas. A cuentagotas se daba apenas alguna información con el objetivo de obstaculizar los trabajos de fiscalización.
Eso mismo también ocurriría en los primeros años en que el IPAB se encargó de dar continuidad a los programas: aun cuando se había condicionado a los bancos la obligación de someterse a auditorias, de forma recurrente entablaron procedimientos jurídicos para impedir que se les fiscalizara.
Durante la etapa de creación del IPAB, el Fobaproa supuestamente permanecería en operación hasta que concluyeran las auditorías que había ordenado el Congreso, pero estas auditorías no se hicieron a cabalidad; y tal y como habían alertado los legisladores que se opusieron a la aprobación de este mecanismo, la transferencia Fobaproa-IPAB terminó encubriendo los quebrantos.
Nuevamente hubo bancos que recurrieron a procedimientos jurídicos como argucia para evitar que se auditaran las operaciones de compra de cartera, y con la finalidad de que los canjes de los bonos de IPAB les siguieran favoreciendo.
El proceso de canje de los pagarés Fobaproa por bonos IPAB acabó por convertirse en otro episodio de concesiones y privilegios a los bancos, auspiciado por el ya Gobierno panista en la Presidencia.
Ante el Órgano Interno de Control (de los años 2000 a 2007), se presentaron numerosas quejas y denuncias por el manejo de los activos que se subastaban, que supuestamente debían ser mediante subasta pública. Se presentaron quejas y denuncias internas contra funcionarios por anomalías en la venta de cartera Fobaproa, por inconsistencias en la compra de inmuebles; por irregularidades en la liquidación de bancos como el Banco Unión y Banco Obrero; por inconsistencias en la compra venta de carteras crediticias; por supuestas irregularidades en la dación de pago de inmuebles de bancos, entre otras, según datos que obtuve y detallé en el libro Hijos del neoliberalismo (Grijalbo, 2023).
Así que el episodio Fobaproa quedó como auditoría inconclusa, pero es deuda presente. Para dar cumplimiento al pago de esa deuda, el IPAB lo hace mediante tres fuentes de ingreso principales: las transferencias fiscales del Gobierno Federal provenientes del Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca del ramo 34; las cuotas aportadas por los bancos; y los montos de las recuperaciones.
La deuda ha representado a lo largo de los años el pago, tan sólo por concepto de intereses por un billón 523 mil 239 millones de pesos. La cuantificación del saldo nominal de la deuda neta al cierre de 2024 era de un billón 016 mil 090 millones, según datos del informe anual del IPAB.
Cuando realizaba el libro Hijos del neoliberalismo, mediante diversas solicitudes de información pregunté al IPAB el año en que se cubrirá la deuda total que dejó el Fobaproa, la respuesta es que no hay un plazo específico.
El IPAB explica que “la estrategia del IPAB en materia de administración y financiamiento de pasivos, ha consistido en hacer frente a sus obligaciones financieras de manera sostenible en largo plazo al menor costo posible”.
Pero para el cuándo se terminará de pagar, no hay un plazo específico, así que el próximo año, y el siguiente y el subsecuente… y no se sabe hasta cuando, del presupuesto se deberá destinar una parte a cubrir los costos de esa infinita deuda que dejó el Gobierno de Zedillo, mientras que él seguirá embolsándose la pensión que le paga el Baxico, en tanto no se revisen y eliminen todas esas pensiones doradas de las que siguen sangrando al erario.
