El artículo de esta semana lo iba a dedicar al injusto y turbio desalojo del Refugio Franciscano, acto cruel, con harto tufo a corruptela y que ha condenado a cientos de perros y gatos a un sufrimiento inhumano; empezaba con mis notas cuando me llegaron las noticias de la detención de José Alberto Abud, Rector de la Universidad Autónoma de Campeche, por lo que decidí cambiar de tema, aunque sin dejar de lado la iniquidad en la que ha incurrido el Gobierno de la Ciudad de México al tomar partido por los grandes negociantes sin buscar una solución que resguardara el bienestar animal por el que tanto presumen preocuparse. El artículo de Leticia Bonifaz publicado hace unos días en El Universal da cuenta de las truculentas circunstancias del desahucio.

Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en este país. Layda Sansores ha cruzado la línea entre el poder y la vendetta. La captura del Rector de la Universidad Autónoma de Campeche con el pretexto ridículo de posesión simple de drogas no es otra cosa que una advertencia: sométete o te encarcelo.

La grotesca cacica de mi estado —caricatura viviente de la arbitrariedad local, que supera cualquier ficción de Ibargüengoitia— ha recurrido al abuso de fuerza, al montaje judicial y al acedo afán de someter instituciones incómodas al capricho del poder regional. Añorante del estilo de gobernar de su padre y de otros atamanes locales, conocidos por sus caprichos y sus intimidaciones contra cualquier crítico —aunque fuera un mero poeta satírico— ha decidido usar un delito anacrónico, injusto, aplicado siempre que no hay otro cargo a mano, para intentar someter a un Rector que no se ha doblegado y que ha creído, erróneamente, que la autonomía universitaria es algo más que una entelequia en este país de simulaciones.

El cargo de posesión simple es la navaja suiza del abuso policial: sirve para detener, para sembrar, para extorsionar y para fabricar culpables cuando no hay delito real que perseguir. En Campeche —como en buena parte del país— esa figura se ha convertido en coartada rutinaria para el montaje judicial, porque permite operar en la penumbra probatoria y trasladar la carga de la prueba al detenido. ¿Cuánta “droga” podía llevar Abud una mañana cualquiera, en su coche, acompañado de su esposa y de su asistente? ¿Un gramo milagroso aparecido en la guantera, una bolsita oportunamente hallada tras una revisión sin testigos, una evidencia tan cómoda como inverificable? La escena resulta grotesca por su desproporción y sospechosa por su previsibilidad. La Policía mexicana ha hecho de la siembra de drogas una técnica conocida, tolerada y funcional: se planta el objeto, se activa el tipo penal y se obtiene el resultado político buscado. La acusación no apunta a proteger la salud pública ni a reducir riesgos asociados al consumo; apunta a someter, a intimidar, a escarmentar. El delito de posesión simple opera aquí como lo que es: un instrumento de control discrecional, diseñado para castigar presencias incómodas más que conductas dañinas, una herramienta perfecta para la arbitrariedad policial o política.

La confrontación entre Layda Sansores y el Rector de la Universidad Autónoma de Campeche ha sido un festival de sarcasmo, descalificación y espectáculo mediático digno de cualquier tribuna populachera. Desde su programa Martes del Jaguar, Sansores ha tratado a Abud Flores como villano de telenovela, tachándolo de corrupto, “aviador” y opositor político con la ligereza con que un predicador lanza maldiciones desde el púlpito. Exhibió supuestas conversaciones privadas sin contexto ni verificación, invitó a una exfuncionaria a leerlas en vivo y convirtió un espacio de comunicación institucional en un ritual de escarnio, más cercano a la locuacidad de merolico de Hugo Chávez que a cualquier forma de deliberación pública. El Rector pidió compostura y respeto por la autonomía universitaria, pero sus palabras se disolvieron en el estruendo caciquil. Las cámaras, los micrófonos y las risas irónicas fueron herramientas de presión para doblegar a un académico que se negó a convertir la UAC en caja de resonancia de la agenda morenista. En ese teatro grotesco, la política académica se volvió pantomima de poder, con un Rector obligado a inclinarse o ser triturado por la narrativa vengativa de la Gobernadora, mezcla de burla y amenaza que va del show semanal al expediente judicial.

No es la primera vez que Abud se enfrenta al atropello político, Años atrás, durante su primera gestión como Rector, defendió la autonomía universitaria frente al entonces Gobernador Antonio González Curi. Aquella vez lo desalojó de la rectoría un joven operador priista: Alejandro Moreno, el inefable "Alito", que debutaba como verdugo de la educación pública desde su trinchera juvenil. El Consejo Universitario, en aquel entonces, se dobló ante el poder local. Hoy el cuadro es más turbio. Una parte del Consejo fue convocada de madrugada, fuera de la Universidad, y con la mitad más uno nombró como Rectora interina a la notaria Fanny Guillermo Maldonado, exdirectora de la Facultad de Derecho. La otra parte, integrada por quienes no asistieron a esa maniobra, emitió un pronunciamiento público en defensa de la autonomía universitaria y del Rector. La fractura es clara. Ya no hay unanimidad ni silencio frente al atropello. Ahora la autonomía se disputa a contracorriente, con dignidad.

La que no ha estado a la altura es la ANUIES. Su comunicado, edulcorado y diplomático, parece escrito para no molestar a nadie. Frente a la criminalización de un Rector, frente al uso del delito de posesión simple como garrote político, frente al uso del Poder Judicial para dirimir disputas con instituciones académicas, la Asociación Nacional de Universidades apenas musitó un llamado genérico a la legalidad. Una institución que se dice defensora de la educación superior debería tener más coraje que una nota de protocolo. Porque lo que está en juego no es solo un Rector: es la posibilidad misma de que exista un espacio autónomo, crítico, que no funcione como caja de resonancia del Gobierno en turno.

Las universidades y los centros públicos de investigación han estado bajo asedio desde que empezó este malhadado nuevo régimen. Ahí está lo ocurrido con el CIDE o con el COLEF, presidido por un payaso de verborrea incontinente, mientras que la mayoría de las universidades estatales siguen siendo vistas por los políticos locales como un espacio más para repartir empleo entre los leales. En medio de esa precariedad y esa cooptación sistemática, algunas instituciones públicas aún resisten como reductos incómodos para el poder. Allí sobrevive, con esfuerzos y no pocas tensiones, una cierta noción de crítica, autonomía y deliberación que el autoritarismo prefiere extinguir.

Usar la cárcel con el pretexto de la posesión simple para castigar el disenso no es sólo abuso: es una escalada en la ruta autocrática que este régimen transita sin pudor. Intimidación, escarnio y castigo definen ya la gramática del poder.