Encender la mecha del estallido social es relativamente fácil en San Quintín, un municipio asentado en la región sur de Baja California, un valle rodeado de montañas y mar cuyo motor principal de la economía es la agricultura. De hecho, la zona habitada por unos 150 mil residentes entre uno y otros ejidos, dado que el 97 por ciento de la tierra está en esa categoría; es la segunda productora de fresa en México. Aunque su producción de bayas de alta calidad como la fresa, frambuesa, arándano y zarzamora es la más destacada, no es la única, también se cosechan tomate, pepino, cebolla, calabacita, entre otros. En acuicultura destaca por los cultivos de ostiones, y en la pesca, diversos pescados y almejas, por mencionar algunos.

Pero la enorme riqueza natural de San Quintín es proporcional al abandono gubernamental. El que viene a ser el sexto municipio de Baja California, lo es, por capricho de Andrés Manuel López Obrador cuando era Presidente de la República, y Jaime Bonilla Valdez cuando era Gobernador de Baja California y concretó la municipalización de las delegaciones que solían ser parte de Ensenada. 

Hoy día, en Baja California existe el municipio más extenso del país, San Quintín con sus 32 mil 883 metros cuadrados, y uno de los que mayor rezago social carga a cuestas. No hay agua, no hay drenaje, no hay electrificación, no hay desarrollo urbano, las calles son de tierra y las zonas aledañas agrestes; tampoco hay instalaciones para garantizar la seguridad de una población, además, asediada por el crimen organizado. Por supuesto no hay alcantarillado ni letrinas, la infraestructura educativa es insuficiente y solamente cuenta con un hospital rural. Lo que sí abunda son los desarrollos irregulares que complican aún más la prestación de todos estos servicios. Lo que predomina en San Quintín es la desolación, el abandono gubernamental, que, una vez más, contrasta con los campos verdes y las aguas azules de donde proviene el único aporte que reciben los jornaleros por parte de agricultores y acuicultores: su salario, su paga, por el trabajo realizado.

En las elecciones de 2024, donde por cierto hubo once candidatos a la Presidencia Municipal, los sanquintinenses eligieron por primera vez a sus autoridades municipales, y la Alcaldía se la concedieron, aún en un ajustadísimo triunfo, a la morenista Miriam Cano. Ella fue de los legisladores que, en el 2020, votaron a favor de la municipalización de San Quintín, y en el Gobierno de Marina Ávila Olmeda sirvió como Secretaria de inclusión social y equidad de género, cargo que dejó para ser candidata del partido oficialista a la primera Alcaldía del sexto municipio.

Hoy en sí la frase que con mayor frecuencia es asociada a Miriam Cano es ¡fuera Miriam! Por corrupta, por insensible, por el alejamiento con su sociedad y hasta de soberbia la señalan, a la par de abuso de poder, malos manejos del recurso, aumentos sin sustento… Ahora mismo, ciudadanos tienen tomadas las instalaciones municipales y exigen no sólo la renuncia de ella, también la de once de sus principales colaboradores. Hace no pocos meses, incluso diputadas de Morena se negaron a votar a favor el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos que propuso para San Quintín, ante el desaseo con que fue elaborada, sin sustento, para incremento en cobros, modificación al alza de registro y revalidación de estancias infantiles, tabla de valores catastrales inflada y sin tabulador oficial, injustificado aumento en nómina para empleados, y unos 27 millones de pesos cuya entrada se registra, pero que carece de definición de partidas para su ejecución. 

Ahora mismo, una suerte de manifestantes con origen más en el revanchismo político que en la causa social han aprovechado la precariedad en la que se vive en San Quintín, para armar un frente contra la Alcaldesa, exigir su renuncia y la de por lo menos once de sus principales colaboradores, señalados todos de corrupción. El tema ha crecido tanto, que tienen carreteras e incluso las oficinas municipales tomadas, y la Gobernadora, que tampoco goza de buena fama por estos meses, Marina Ávila Olmeda, ha entrado al quite pagando del bolsillo estatal una auditoría por áreas al ayuntamiento de San Quintín, para justificar las renuncias si es que se dan.

En este contexto de pobreza, estallido social, corrupción, y en un estado en el que a la Gobernadora, una Alcaldesa, un Alcalde y un Diputado federal el Gobierno de los Estados Unidos les ha retirado la visa de trabajo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una visita a Baja California, y específicamente a San Quintín, donde dijo, hará un plan ante la injusticia laboral… De hecho, el único sector que no registra ni alzamientos, ni denuncias, es precisamente el de empleo en San Quintín, aunque ya atravesó por lo propio en el año 2015.

Es decir, lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el rezago en que los gobiernos, municipal, estatal y federal mantienen esa región productiva del país y a sus habitantes.

Considerando los propios datos del Gobierno de la República, más del 85 por ciento de la población de San Quintín vive en pobreza. Desglosados por nivel de pobreza, la Secretaria de Bienestar reporta que 55 mil 472 personas viven en vulneración por carencias sociales, es decir, que no son pobres por ingresos dado que reciben un buen salario por parte del empleador, pero son pobres porque enfrentan la carencia de sus derechos básicos sociales como no tener acceso a la educación, la salud o la vivienda, no contar con servicios básicos como agua, energía eléctrica, drenaje, no poder acceder a la seguridad social y tener que sobrevivir el yerro de los cárteles en esta remota región clave para el trasiego impune de droga.

Esto significa que a más de una tercera parte de la población de San Quintín, 55 mil 472 ciudadanos, el gobierno, a pesar de cobrarles impuestos a ellos y a sus empleadores, no es capaz de proveerle las mínimas, o básicas condiciones para una vida digna, como es la vivienda, la educación, guarderías, los servicios públicos y la salud, son pobres no porque no tengan un trabajo, sí lo tienen y sí cobran un sueldo, sino porque el gobierno no les ha establecido lo necesario para vivir, ya no digamos con decoro, con dignidad.

41 mil 53 ciudadanos sí viven en pobreza, y 36 mil 582 en pobreza moderada; sumando las tres cifras, la de los vulnerables por carencia social, los pobres y los pobres moderados, son 133 mil 117 sanquintinenses viviendo en precariedad. A ello se suma un pésimo manejo de los recursos por parte de ayuntamiento, estado y federación, que mantienen la localidad en el abandono institucional.

Esta injusticia social o rezago social del cual los responsables principales son los tres órdenes de gobierno, lo cual se confirma con la repartición, en San Quintín, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el FAISMUN. Consideremos la inversión en 2024: Para agua potable, cuatro millones 451 mil pesos. Alcantarillado, 0 pesos, drenaje y letrinas, 0 pesos, electrificación, 0 pesos, infraestructura educativa, 12 millones 282 pesos; infraestructura de salud, 0 pesos, mejoramiento de viviendas, 0 pesos, urbanización, 43 millones 460 mil pesos.

Es evidente, por tal inversión, que la injusticia no es laboral, es social, que el plan que requiere San Quintín por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum no es para controlar aún más al sector productivo, sino un plan integral de los tres órdenes de gobierno para llevar a esa región de Baja California los servicios que no tienen, pavimento de calles, escuelas de tiempo completo y guarderías, energía eléctrica, agua potable, drenaje, hospitales públicos, educación de calidad, urbanización, parques, canchas, y hacer de un pueblo, una verdadera ciudad.

Eso si el interés es sacar a un pueblo de la pobreza y llevarlo al progreso; y en ese sentido, no es la injusticia laboral, es la injusticia social la que urge atender en San Quintín, Presidenta, el sexto municipio en este estado que Morena creó sin visión a futuro.