Nadie está obligado a lo imposible. Pero esto, que es de elemental lógica y sentido común, parece escapar a la comprensión de los legisladores.
Desde su cúpula reluciente, elevada sobre el común de los mortales, a donde no llegan las voces de reclamo ni las lágrimas de ira, los bien planchados legisladores cavilan asuntos que suponen que somos incapaces de entender. Claro, para ellos somos simples ciudadanos, los de abajo, los que vemos a México desde la banqueta, los que vivimos a golpes del opresor.
No se piense que exagero por enojo. Es una conclusión que se deriva por lógica del análisis de sus decisiones, que sólo pueden estar basadas en ideas muy, muy alejadas de la realidad nacional. Lo digo por esto:
El miércoles, los diputados aprobaron una ley que desde 2009 había estado acumulando polvo en el cajón de los pendientes. Originalmente la presentó el entonces Senador, hoy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el priista Eloy Cantú Segovia. El “ligero” retraso se debió a varios ajustes que la mandaron de regreso a la cámara alta.
El mandato aprobado se refiere a la implantación, a nivel nacional, de la obligación de una doble verificación vehicular: de emisiones y de condiciones mecánicas. Los autos nuevos estarán exentos durante tres años de este doble examen. La norma aplica a las carreteras federales: si un vehículo no tiene las verificaciones, la policía federal lo recoge. Y aquí es donde entra el tema de la imposibilidad, mire:
Hay 26 millones de mexicanos viviendo en zonas rurales y en condiciones económicas más que deterioradas. Por vivir en zonas poco habitadas, el hecho de salir de su área implica un viaje por carretera. Si ha circulado usted por las zonas alejadas de los núcleos urbanos sabrá que los vehículos que van de un pueblo a otro no son -salta a la vista- de modelo reciente.
La ley aprobada es aplicable a estos vehículos, cuyos dueños tienen condiciones económicas precarias que los de la cúpula nomás no ven. Los diputados y los senadores toman decisiones basándose en lo que se ve desde su ventana, pero ésta siempre está demasiado alta. Y si se dan cuenta, sus intereses personales o de pandilla los distraen. No saben del trabajo que cuesta conseguir trabajo, sino cuánto se captará con sus “geniales” reformas a costas del pueblo.
Hay 25 millones de vehículos en el país, por lo que se estima ingresar con esta nueva ley asciende a 7,500 millones de pesos. Y quien no acredite las verificaciones pagará multas que van de 40 a 500 días de salario mínimo, recursos que serán destinados a programas de seguridad pública y prevención del delito, de la Secretaría de Gobernación.
¿Cómo va un campesino a poder pagar 40 días de salario mínimo? ¿O pagar las verificaciones? Y más aún: ¿Cómo se imagina la todopoderosa comunidad gubernamental que millones de mexicanos que viven en comunidades pequeñas, tendrán dinero para poner en óptimas condiciones mecánicas y mínimas emisiones, sus vehículos? ¿O será que les parece factible que se compren un auto nuevo cada 3, 5, 8 años?
Eso es imposible, y nadie está obligado a lo imposible. La verdadera doble verificación debería ser para los diputados y senadores, para que confirmemos a) si realmente ganaron la elección; b) Si no violaron la ley electoral para alcanzar el cargo; c) si no venden su voto; d) si no se duermen en las audiencias; e) si votan de acuerdo a la ciudadanía que representan o reciben línea y/o una remuneración nada económica.
Y también que un organismo civil aplique a los legisladores la doble verificación del cumplimiento de sus obligaciones, cada tres años.
