“Estamos listos para apoyar a la nueva administración, nos entusiasma que consideren el combate a la corrupción y la promoción de la integridad y transparencia como principal objetivo del Gobierno. Cuenten con nosotros”, aseguró el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría. También urgió al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador nombrar al Fiscal Anticorrupción.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) celebró que el nuevo Gobierno de México considere el combate a la corrupción como su principal objetivo y advirtió que si el país no logra acabar con este problema, difícilmente podrá erradicar otros desafíos como la pobreza, la desigualdad y seguridad pública.

“Estamos listos para apoyar a la nueva administración, nos entusiasma que consideren el combate a la corrupción y la promoción de la integridad y transparencia como principal objetivo del Gobierno. Cuenten con nosotros. La fortaleza de un Gobierno depende de la confianza que le tengan sus ciudadanos”, aseguró el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría.

Al presentar el “Informe de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad en México: Respondiendo a las Expectativas de los Ciudadanos”, el titular de la OCDE también urgió al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador nombrar al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, así como dotar al Comité de Participación Ciudadana de mayor solvencia para combatir con su mandato.

“El tema de la corrupción es como el de la salud, se gasta uno 1 peso en la prevención y se ahorra 10 en la cura”, dijo José Ángel Gurría en el evento en el que también estuvo presente la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

El Secretario de la OCDE también habló acerca de la austeridad en el Gobierno. Dijo que la continuidad de las políticas públicas suele verse mermada por la falta de un servicio público profesional. “Ésta es una área en la que habría de sopesar con mucho cuidado el impacto en el recorte de los salarios. Aquí la cuestión de la integridad no debe ser incompatible con la austeridad”, recalcó.

En el 2017, la OCDE entregó a México el estudio sobre la integridad, en el cual se analizó los esfuerzos del Estado mexicano para crear un sistema de integridad pública a través del Sistema Nacional Anticorrupción. También examinó la capacidad del gobierno para promover políticas de integridad relacionadas con conflictos de interés, de protección a los denunciantes, el control interno, la gestión de riesgos, entre otros.

Este 2019, el organismo presentó el “Informe de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad en México: Respondiendo a las Expectativas de los Ciudadanos”, en donde explicó que México atendió las primeras recomendaciones, sin embargo, siguen pendientes otras más complejas y de largo plazo que requerirán mayor coordinación y recursos.

“El informe de avances advierte que no estamos en una situación en una situación en el que echemos las campañas al vuelo. México sigue enfrentando enormes desafíos en materia de integridad y lucha contra la corrupción”, mencionó José Ángel Gurría.

En primer lugar, dijo, México tiene que seguir fortaleciendo y ampliando el SNA. “Es urgente, por ejemplo, nombrar al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, así como dotar al Comité de Participación Ciudadana de mayor solvencia para combatir con su mandato”.

La OCDE señaló que los Comités de Ética, creados para la instrumentación de los códigos de conducta organizacionales y la orientación sobre las políticas de integridad, siguen afectados por una serie de debilidades. Entre ellas, destacó la carencia de conocimientos especializados sobre el tema de los funcionarios electos para servir en los Comités, además de no ser su trabajo principal y del enfoque en la recepción de denuncias.

“Nuestro informe recomienda transformar los Comités en puntos de contacto para la integridad, como los que existen en Alemania y Canadá, con personal dedicado de tiempo completo a la función ética y con tareas exclusivamente preventivas y de orientación”, dijo el Secretario de la OCDE.

La OCDE indicó que el sistema disciplinario en México mantiene un bajo nivel de efectividad y se traduce en un alto nivel de impunidad.

“De acuerdo con un estudio de Impunidad Cero, la SFP sanciona el 13.4 por ciento de las denuncias recibidas, mientras que el Tribunal de Justicia Administrativa anula como el 42 por ciento de las denuncias que presenta la Secretaría, lo cual reduce el porcentaje de denuncias al 8 por ciento, eso responde a diferentes factores como el alto nivel de inexperiencia en el Tribunal y su alto nivel de rotación, sus salarios pocos competitivos, la mala integración de los casos, las pruebas que lo sustentan y escaso personal”, puntualizó Gurría.

LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

La OCDE también presentó el “Informe de Seguimiento sobre la Reforma de CompraNet en México: Mejorando el Sistema Electrónico de Contratación Pública de Manera Incluyente”,  que evalúa la implementación de las 14 recomendaciones de corto plazo incluidas en la Hoja de Ruta del primer estudio presentado por el organismo en 2017.

Sobre este informe de seguimiento, el organismo explicó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó avances importantes en la implementación de las recomendaciones de corto plazo para el sistema CompraNet y recomendó al nuevo Gobierno “continúe el esfuerzo por lograr una implementación exitosa de las recomendaciones de mediano y largo plazos”.

Las recomendaciones de la OCDE contenidas en el informe invitan a: incorporar nuevos campos de información al sistema sobre elementos de riesgo (como las subcontrataciones, las ofertas conjuntas, los convenios modificatorios y las excepciones a licitación); identificar reformas normativas necesarias para hacer de CompraNet un sistema plenamente transaccional; facilitar la presentación de denuncias relacionadas con procedimientos de contratación pública; y capacitar tanto a empresas como a funcionarios de contratación en el uso del sistema, entre otras.

Entre las recomendaciones de mediano plazo, destacan el desarrollo de documentos de licitación estandarizados, la aplicación de estándares de datos abiertos y la habilitación del seguimiento de decisiones y documentos en cadena de bloques (blockchain). Por su parte, las recomendaciones de largo plazo aspiran a lograr un sistema integrado y totalmente transaccional, con cobertura de punta a punta del ciclo de contratación pública, es decir, desde la planeación y presupuestación, pasando por la etapa licitatoria, hasta la gestión y el cierre de contratos.

Otras de las recomendaciones de la OCDE incluyen acelerar la interconexión de las bases de datos entre los sistemas de compras públicas y los de contabilidad, presupuesto y proyectos de inversión, gestionados desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Finalmente, la OCDE destacó que sin importar el modelo de gobernanza que defina la nueva administración para la función de contratación pública, continuar con la mejora de CompraNet sería pertinente para lograr los objetivos de promover la transparencia y lograr eficiencias y ahorros.