De las nueve universidades que fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por presentar irregularidades en la Cuenta Pública 2021, destacan tres cuyos exrectores tienen procesos penales abiertos: la Universidad Autónoma de Nayarit, la Autónoma del Estado de Hidalgo y la Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, que en esta ocasión sumaron 517 millones 783 mil 618.59 pesos ejercidos sin aclarar.
-Con información de Sugeyry Romina Gándara
Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).— Nueve universidades del país —entre ellas instituciones que ya están en la mira de la Justicia como la Universidad Autónoma de Nayarit y la Autónoma del Estado de Hidalgo— sumaron más de 860 millones de pesos sin aclarar, de acuerdo con la última entrega de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con respecto a la Cuenta Pública 2021.
Se trata de las universidades autónomas de Chiapas (UNACH), la “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Chapingo, de Chihuahua, de Nayarit, del Estado de Hidalgo (UAEH), de Nuevo León (UANL), de Tlaxcala (UATx) y la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), lo cual suma al discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la existencia de corrupción en universidades públicas donde existen cacicazgos.
De estas, exfuncionarios de las instituciones de Oaxaca, Hidalgo y Nayarit están bajo investigación por las Fiscalías estatales y federal, tales como José Ignacio Peña González, exrector de la Universidad de Nayarit detenido el pasado 26 de enero; Eduardo Martínez Helmes de la “Benito Juárez” de Oaxaca; y Gerardo Sosa Castelán y Humberto Veras Godoy de la UAEH. El primero es acusado de los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y tráfico de influencias; mientras que Sosa Castelán y Veras Godoy están en la mira por presunto lavado de dinero.
La lista de la ASF la lidera en montos la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), que presentó irregularidades por 326 millones 828 mil 718.43 pesos que le fueron entregados a través de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. Este ramo, el 11-U006 de la Cuenta Pública, tuvo observaciones en 563.5 millones de pesos por tratarse de un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública.
De acuerdo con el informe de la Auditoría, dicha universidad destinó cinco millones 073 mil 051.08 pesos para el pago de prestaciones no ligadas al salario, tales como “Compensación” y “Compensación por actividad directiva exfuncionarios”. Otros 386 mil 290.16 pesos se destinaron al pago de “Compensación por Actividad Directiva”.
El mayor monto —301 millones 978 mil 126.11 pesos— correspondió a un excedente del importe autorizado para Servicios Personales sin que el máximo Órgano Colegiado de la institución diera el visto bueno a la modificación ni notificar a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Asimismo, destinó recursos del subsidio para el pago de Amortización de un crédito de la deuda pública, sin presentar la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente y etiquetado en otro capítulo de gasto, a pesar de que este concepto de pago no está permitido en el Programa Presupuestario del cual se tomaron los recursos; y para el pago de Aportaciones y Amortización al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de ejercicios fiscales anteriores.
También erogó dos millones 423 mil 880.85 pesos para pagar a nueve trabajadores docentes que no cumplían con los requisitos de escolaridad mínimos requeridos para puestos que desempeñaron; la Universidad pagó estímulos al desempeño de personal docente a personal que no había sido seleccionado para dicha remuneración, y a 10 trabajadores jubilados. De igual manera, se pagó a personal que no fue reconocido por el titular del centro de trabajo de adscripción o cuyos centros de adscripción eran ajenos a las funciones académicas de la UAN.
El resto del dinero irregular se gastó en equipo de cómputo, pagos excedentes en el servicio de farmacia para personal académico, y dinero que no se erogó ni se reintegró a la Tesorería de la Federación al momento de la realización de la auditoría.
El informe hecho por la ASF corresponde a la Cuenta Pública de 2021, periodo en el cual el rector de la Universidad de Nayarit era José Ignacio Peña González (2016-2022), quien fue detenido en Tepic a finales de enero por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, su antecesor, Juan López Salazar (2010-2016) se encuentra actualmente prófugo de la justicia por ejercicio indebido de funciones y enriquecimiento ilícito.
UAEH PRESENTA IRREGULARIDADES POR 183 MDP
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), donde el exrector Gerardo Sosa Castelán amasó poderío y presuntamente una fortuna durante 30 años, fue la segunda con mayor monto de gasto irregular, con un total de 183 millones 392 mil 599.35 pesos pendientes de aclarar que fueron erogados en contratos suscritos por la institución educativa.
La Auditoría identificó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de siete millones 429 mil 690.72 pesos por no cobrar la penalización de la entrega extemporánea de “Mobiliario de altas especificaciones y fabricación especial” para la Unidad Central de Laboratorios.
También solicitó que se aclararan 95 millones 092 mil 559.89 pesos pagados en posible sobrecosto en la adquisición de “mobiliario de altas especificaciones y fabricación especial para la Unidad Central de Laboratorios”, “toda vez que la suma de su valor en aduana más los impuestos pagados por su ingreso al país, facturas de gastos a terceros, fletes y servicios aduanales de los mismos sólo representan 65.9 por ciento del valor contratado y pagado por la UAEH” y por bienes importados contemplados en los contratos con número DGJ-LIC-48-2021, DGJ/ADJDIR/387-2021 y DGJ/ADJDIR/388-2021.
Otros gastos irregularidades se emplearon en pagos no justificados de trabajos subcontratados de control de calidad de obra y el pago a sobrecosto por la obra de “Construcción de la Tercera Etapa del Centro de Entrenamiento de Biología y Química del ICBI” a una empresa que no contaba con la capacidad técnica, material y humana para su realización, por lo que tuvo que subcontratar a otro proveedor que no garantizó las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras.
La institución, que en ese momento estaba a cargo de Adolfo Pontigo Loyola, pagó también 59 millones 041 mil 815.92 pesos en volúmenes excedentes y conceptos extraordinarios no formalizados en contratos de obras públicas hechas en el edificio del Sistema Universitario de Radio y Televisión, la Escuela Superior de Zimapán y el Centro de Entrenamiento de Biología y Química del ICBI, “cuya realización implicó cambios sustanciales en los proyectos de obra no justificados”.
Pontigo Loyola renunció en septiembre de 2022 a su cargo como Rector, al cual llegó en 2017 y cuya administración estuvo marcada por una inhabilitación de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tras ser acusado de probable coautoría de un esquema de corrupción para sustraer recursos de la institución. En conferencia de prensa, el exrector aseguró que su dimisión no estaba relacionada con la investigación de la UIF y que trascendió a una causa penal promovida por la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo proceso seguía sin sentencia.
La UAEH fue señalada en su momento por formar parte del esquema de la “Estafa Maestra”, con la cual se desviaron miles de millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasmas. El exrector Gerardo Sosa Castelán, líder del grupo “Sosa Nostra”, enfrenta un proceso judicial por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
OAXACA Y DURANGO EN LA MIRA
A inicios de 2022, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca estuvo en el radar de la Justicia por su exrector Eduardo Martínez Helmes (2012-2016), quien fue procesado penalmente por el delito equiparado a la defraudación fiscal agravado en comisión por omisión, en agravio de la Hacienda Pública Estatal por un monto superior a los 51 millones de pesos. En la publicación más reciente de la Cuenta Pública, correspondiente al 2021, la Auditoría Superior de la Federación detectó más posibles agravios, ahora a la Hacienda Pública Federal, por un monto de siete millones 562 mil 300.81 pesos.
De acuerdo con el informe, las irregularidades estaban vinculadas con el pago de “Estímulo por Calidad” a personal de la institución sin que el gasto fuera autorizado ni justificado; el pago de sueldos excesivos a 10 trabajadores académicos y 45 administrativos; a 20 académicos que no acreditaron el nivel académico requerido para el desempeño de su puesto; el pago a 172 trabajadores que no laboraron durante el año del ejercicio fiscal analizado, 2021; y por no presentar la orden de compra de la contratación anual de los servicios de alojamiento y mantenimiento del sitio web del repositorio de tesis.
El mismo documento reportó pagos de más de 776 mil pesos por la contratación de bienes y la prestación de servicios sin proporcionar el contrato respectivo que permitiera corroborar el cumplimiento de las cláusulas pactadas; y otros 723 mil 247.11 pesos gastados en pagos superiores al monto contratado por el concepto de “Servicio de seguridad y vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública”. La UABJO también omitió presentar evidencia de la recepción de bienes y prestación de servicios por un monto de 862 mil 843.99 pesos.
Por otro lado, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) —una de las instituciones educativas acusadas de participar en la “Estafa Maestra”— sumó más irregularidades a las ya detectadas a noviembre de 2022, cuando SinEmbargo reportó que la administración del actual rector Rubén Solís Ríos llevaba, desde 2018, más de mil 125 millones de pesos sin aclarar.
La misma institución que presentó una querella ante la Fiscalía duranguense en contra de la administración del exgobernador José Rosas Aispuro por supuestamente adeudar 304 millones de pesos del presupuesto universitario, dejó sin aclarar 119 millones 833 mil 173 pesos en el 2021, según el último informe de la ASF.
De acuerdo con la Auditoría, la UJED recibió de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno estatal recursos del ramo U006 2021 por un total de mil 500 millones 903 mil 200 pesos. De éstos, no aclaró ni proporcionó la documentación para justificar y comprobar el ingreso ni egreso de 119 millones 833 mil 173 pesos.
MEDICINAS Y EQUIPO SIN JUSTIFICAR
Entre las universidades restantes de las cuales se encontraron irregularidades, la Autónoma de Nuevo León tuvo un gasto sin aclarar de 81 millones 048 mil 193.02 pesos; la de Chiapas de 67 millones 338 mil 837.02 pesos; de Tlaxcala 41 millones 884 mil 608.83 pesos; de Chapingo 33 millones 006 mil 475.67 pesos y en Chihuahua 94 mil 983.64 pesos.
En el caso de la UANL, los probables daños a la Hacienda Pública se generaron por no contar con la documentación justificativa y comprobatoria de medicinas y productos farmacéuticos adquiridos; así como la falta de documentación que acreditara la entrega de los bienes y servicios de mantenimiento y conservación de áreas verdes, fumigación, control de plagas, insectos rastreros, voladores, adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, impresión de documentos, apoyo para organizar y/o asistir a eventos, adquisición de materiales útiles y equipos menores de oficina y limpieza.
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) ejerció parte de su presupuesto en el pago de 11 prestaciones que no están contenidas en los contratos colectivos de trabajo; el pago de personal académico y administrativo por encima de lo estipulado en el tabulador de sueldos; pago de multas y recargos por incumplimiento de aportaciones al ISSSTE, Retiro, Cesantía y Vejez y FOVISSSTE; pagos a un trabajador después de su baja y a otros dos que tenían licencia sin goce de sueldo; pago de cinco prestaciones no contenidas en los contratos colectivos por los conceptos de “bono de productividad”, “bono de productividad CS”, “bono de productividad IP”, “estimulo practica educativa” y “estimulo del PEAPAA”; y la falta de validación por parte del titular del centro de siete plazas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
En Chapingo, la Auditoría solicitó la intervención del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatorias con motivo de dos irregularidades detectadas. Además, el dinero ejercido con irregularidades fue por el pago de 120 empleados con sueltos por arriba del tabulador autorizado; a 87 empleados posterior a su baja; a 16 empleados comisionados a los sindicatos in autorización; y por no proporcionar la información que acreditara la asistencia de una muestra de 75 empleados que no cumplieron con el perfil de sus puestos; y la falta de justificación y comprobación de servicios en siete contratos.
Finalmente, la Universidad Autónoma de Tlaxcala dejó pendiente de aclarar 41 millones 884 mil 608.83 pesos por el concepto de dinero no comprometido ni reintegrado a la Tesorería de la Federación; el pago de remuneraciones no financiables con los recursos erogados con conceptos como “estimulo único por desempeño”; “indemnización”; “prima de antigüedad”; “otros”; “pago de cláusulas 25-80 STUAT”; “reposición de días”; y “salarios caídos”; pago de 33 conceptos de remuneraciones que no fueron timbrados en los comprobantes fiscales; 46 mil 344 pagos de remuneraciones por concepto de sueldos y salarios en exceso al tabulador autorizado; y los pagos de remuneraciones de plazas y categorías que no se corresponden con las plantillas del personal autorizadas en los contratos colectivos de trabajo. La Universidad Autónoma de Chihuahua hizo pagos en exceso a seis trabajadores por un total de irregularidades de 94 mil 983.64 pesos.
