Greenpeace
25/07/2016 - 12:00 am
Urgente necesidad de defender los derechos humanos frente a la minería
El auge de la actividad minera ha sido posible bajo el control y vigilancia del Estado, muchas de las concesiones otorgadas se traslapan con territorios comunales y ejidales, atentando con las formas de organización y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas y campesinas.
Por María Colín*
Actividades extractivas de recursos naturales como la minería, en la que se privilegian los beneficios económicos sobre el bienestar social, hacen indispensable contar con herramientas de defensa para las comunidades y pueblos indígenas, principales víctimas de los abusos que se promueven con estas prácticas y que van desde el despojo de tierras hasta la coerción de derechos como la libertad de expresión. Además, se atentan contra los derechos laborales y ambientales; los relacionados con la salud, vivienda, agua y saneamiento; consulta y consentimiento libre, previo e informado; acceso a información, así como a la participación y acceso a la justicia. En el caso de los pueblos indígenas o equiparables se violan, inclusive, el respeto a su cultura, identidad y en general a su autodeterminación y desarrollo.
A fines de 2014 se registraron un total de 25,267 concesiones mineras, que amparaban una superficie de casi 26 millones de hectáreas, representando alrededor de 12.7 por ciento de la extensión del territorio nacional. Tan sólo en 2015 se expidieron 897 títulos de concesión, pese a que el Gobierno mexicano reconoce que la minería es, en muchos lugares, la “génesis de conflictos sociales” ya que genera enormes cantidades de desperdicios y contaminación, que trastorna las economías locales y las fuentes de sustento de las poblaciones indígenas, destruyendo hábitats naturales a través de un legado tóxico que dura cientos de años.
El auge de la actividad minera ha sido posible bajo el control y vigilancia del Estado, muchas de las concesiones otorgadas se traslapan con territorios comunales y ejidales, atentando con las formas de organización y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas y campesinas.
Esto suscita una problemática compleja, la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera: contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; alteración del entorno y los ecosistemas; cambio de uso de suelo, incluso en áreas naturales protegidas; despojos con violencia, represión y crimen contra formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas.
Por ello, resulta indispensable fortalecer en México el trabajo de defensa social y ambiental frente a esta actividad industrial depredadora.
De acuerdo con el Observatorio de conflictos mineros en América Latina (Ocmal)[1], en 2014 México ocupaba el segundo lugar de la región con problemas registrados en este sector con 37; mientras que la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) señala la existencia de 300 conflictos en comunidades y pueblos rurales e indígenas, producto de la actividad y concesiones mineras.
Frente a este panorama, Greenpeace México, Fronteras Comunes y un colectivo de abogados y abogadas presentaron el Manual para la “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de Pueblos y Comunidades frente a los Megaproyectos Mineros en México” que aborda las relaciones y tensiones entre los DESCA y la minería, para entender cómo a partir de la sobreexplotación, el deterioro, la afectación de los recursos naturales, la corrupción y la impunidad, es que el Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados nacionales y extranjeros sobre los DESCA, quebrantando así los derechos colectivos.
Esta publicación pretende socializar instrumentos jurídicos y no jurídicos de defensa de las comunidades y del medio ambiente en el tema de minería, pero que también pueden aplicarse a otras luchas sociales para la protección de los derechos humanos.
El manual está disponible para su descarga en:
*María Colín es asesora legal de Greenpeace México
[1] http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02024200
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