Organizaciones defensoras de derechos como R3D señalaron que la creación de una “CURP con fotografía” podría abrir la puerta a que el Gobierno federal realice una vigilancia masiva a sus ciudadanos, con particular atención a grupos vulnerables como activistas, periodistas, opositores políticos, entre otros; y generar vulnerabilidad en caso de que la base de datos, que incluiría datos biométricos, como las huellas dactilares, se filtrara o vendiera.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Una iniciativa presentada en el Senado de la República para crear una Cédula de Identidad Ciudadana, denominada coloquialmente “CURP con fotografía”, ha sido criticada y puesta en la mira por organizaciones defensoras de derechos humanos y digitales las cuales argumentan que este registro, de concretarse, expondría a la población a una vigilancia masiva por parte del Gobierno federal y podría generar vulnerabilidad en caso de que los datos biométricos requeridos por el registro fueran filtrados o hackeados.
En marzo del año en curso, las senadoras morenistas Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández Balboa suscribieron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Población de 1974 y se sustituye por una nueva. Entre sus artículos se encuentra la creación de un Registro Nacional de Ciudadanos a cargo de la Secretaría de Gobernación–al cual sería obligatorio a todo ciudadano y ciudadana inscribirse– y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana.
Dicha Cédula, según el artículo 79 de la iniciativa, contendría “cuando menos”: apellido paterno, materno y nombre(s); la Clave Única de Registro de Población (CURP); fotografía de titular; lugar y fecha de nacimiento; firma y huella dactilar. La recopilación de estos datos biométricos ha sido señalado como problemático e innecesario por organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
R3D ha cuestionado que este Registro Nacional de Ciudadanos obligatorio, ya con datos biométricos como la fotografía y huellas dactilares, pudiera ser un instrumento con fines políticos y de condicionamiento a programas sociales; constituir una base de datos susceptible a ataques cibernéticos; o incluso abrir la puerta a que el Gobierno federal lo utilizara para ampliar su capacidad de vigilancia masiva, y monitorear y perseguir a activistas, periodistas, representantes de la oposición, minorías, entre otros.
“Hay muchas herramientas con las que puedes identificarte, y tu derecho a la identidad no se reduce a una sola credencial única”, remarcó Grecia Macías, abogada de la ONG. “Nos preguntamos, ¿con qué finalidad [se crearía este Registro], que no se pueda lograr ya con con el INE o con cierto tipo de herramientas? (…) ¿Qué vas a lograr con esto [la Cédula] que no puedas hacer con lo que ya tienes, no? Que no sea para cuestión de control o herramientas de vigilancia”.
El Gobierno mexicano no es ajeno a la vigilancia de grupos sociales y políticos opositores en años recientes. Tanto los documentos filtrados de Guacamaya Leaks como el caso del software Pegasus han demostrado que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se hizo un seguimiento y monitoreo puntual por parte del Ejército de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de los cuales 43 fueron desaparecidos en septiembre de 2014; a periodistas y activistas como Marcela Turati, Ricardo Raphael, miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), entre otros.
La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó a México por el uso de Pegasus contra activistas en ocasiones anteriores, y expertos de la organización hicieron un llamado en la cumbre RightsCon de junio de 2023 a la cautela “ante el impacto radical de las tecnologías digitales en el contexto de las crisis humanitarias, desde la recopilación de datos a gran escala –incluida la recolección de datos biométricos muy sensibles– hasta el uso de tecnologías avanzadas de vigilancia selectiva”.
¿A DÓNDE IRÍAN NUESTROS DATOS?
La iniciativa de Morena, que fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, contempla en su artículo 84 que datos del Registro Nacional de Ciudadanos podrán compartirse “a las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones”, sin que se especifique en qué situaciones se pudiera hacer la transferencia de la información o bajo cuáles se impediría esto.
En ese sentido, Macías profundizó que a miembros de grupos vulnerables los pondría “en la mira”, porque no habría un control de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se están compartiendo los datos del Registro. Incluso, de ser solicitada y brindada la información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se expondría a las personas a que se les abriera una carpeta de investigación por un delito no cometido sin el conocimiento del acusado, consideró.
“Ya había otras bases de datos centralizadas, otras ideas, otras propuestas de este tipo de base de datos centralizadas, y casi todas han venido de la Secretaría de Seguridad Pública, porque también hay herramientas tecnológicas con capacidad de reconocimiento facial que se están usando en aeropuertos, en algunos estados, entonces sería darles esta base en la que pueden entrenar todas estas tecnologías, usarlo en nuestra contra, y en especial con grupos en situación de vulnerabilidad como periodistas o defensores”, expuso.
“Pierdes esa capacidad de poder moverte sin ser sometido o sometida constantemente a vigilancia masiva y encubierta, que aparte no tenemos los medios para poder pelearlo, porque, uno, no están siendo transparentes, y dos, ni siquiera nos enteramos de que está ocurriendo porque está encubierto”.
LEY PRETENDE AUXILIAR EN PREVENCIÓN DE DELITOS: SENADORA
La autora del documento, la Senadora Olga Sánchez Cordero, dijo en entrevista con SinEmbargo que la creación de este Registro con fotografías, según consultó con el titular del Registro Nacional de Población e Identidad, Jorge Leonel Wheatley, permitiría que a todo ciudadano se le haga un reconocimiento facial con base en un documento oficial independientemente de su edad, ya que actualmente la única identificación oficial gratuita con fotografía es la credencial de elector que expide el Instituto Nacional Electoral (INE) a quien la solicite cuando se cumplen los 18 años de edad.
Asimismo, remarcó que auxiliaría en la persecución de personas acusadas de algún delito, y en la prevención de delitos contra niñas, niños y adolescentes al no haber a la fecha un registro gubernamental fotográfico obligatorio de personas menores de 18 años.
“¿Cómo vamos a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes del tema de trata, del tema de pornografía infantil, de tantos delitos que se cometen contra ellos?”, repuso Sánchez Cordero. “Ojalá que el Estado tenga el reconocimiento facial, como lo dijo en algún momento Marcelo [Ebrard en su plan A.N.G.E.L] para poder identificar a los criminales”.
–¿No ha considerado la posibilidad de que se haga uso discrecional para ir contra activistas, para periodistas…?–, se le cuestionó.
“Claro que no, tú me estás diciendo ‘Es que la Ley…’. La Ley General de Población [propuesta] es una ley avanzada como lo fue el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es una ley del Siglo XXI que está dando respuesta a todas las tecnologías de la información, a todas las plataformas. Por favor, es una ley que está pretendiendo cuidar a sus niñas, niños y adolescentes hasta antes de que tengan los 18 años, ¿por qué si tú le entregas al INE tus datos cuando tienes 18 años, el Estado no puede también ser usuario de esto? Es más, el padrón electoral se estaba vendiendo por cinco mil pesos en Internet”.
–¿Y justamente, qué impediría que se hiciera lo mismo por parte de…?–.
“Ah, entonces como se vendió el padrón, entonces tú crees que se vaya a vender una base de datos. Esto lo intentó hacer [Felipe] Calderón, y gastó muchos miles de pesos en los equipos, ahí están los equipos que no sirven. Lo intentó hacer [Enrique] Peña Nieto, tampoco pudo lograrlo. Lo estamos intentando hacer nosotros para avanzar realmente en la protección de los niños. ¿Cómo se van a identificar los niños antes de los 18 años?”, reviró.
Finalmente, la legisladora consideró que podrían implementarse las mismas medidas de seguridad que tiene el INE, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), otras instituciones, o los bancos. “¿Cuántas instituciones no tienen tus datos biométricos? ¿El Estado mexicano no puede tener eso para proteger a su población, para saber de su población?”.
