La acusación que han hecho más de 23 mil personas en contra de Calderón y de narcotraficantes por crímenes de guerra, ante la Corte Penal Internacional en La Haya, ha sacado lo peor del carácter autoritario del Presidente. Se entiende que el gobierno federal no este de acuerdo con este planteamiento y se entiende que las autoridades crean que están en su obligación de hacer la guerra contra los cárteles con todos los recursos que están a su alcance. Lo que no se entiende es la respuesta absurda y desproporcionada en contra de los ciudadanos que se atreven a recurrir a una corte internacional.

Por Jorge Zepeda Patterson