El sino del escorpión ha atestiguado a través de los medios de comunicación y las redes sociales el trágico caso de la señora Carlota “N”, cuya hija Mariana “N” denunció apenas el 27 de marzo “que unas personas intentaban apoderarse de su casa”, un inmueble que la señora de 74 años les rentaba. Al no haber respuesta pronta de la autoridad, Carlota y su hijo Eduardo “N” se apersonaron armados en el inmueble de la calle Hacienda la Labor en Chalco, Estado de México, y abrieron fuego contra Esaú Márquez, de 51 años, y su hijo Justin de 19, a quienes dieron muerte. Carlota y su hijo están hoy detenidos mientras el caso se investiga a fondo, al igual que a todos los involucrados, pues existe la sospecha de que el joven fallecido realizaba actividades ilícitas, según fotografías de sus redes sociales.
La tragedia ha resonado en redes y ha generado una amplia discusión entre quienes justifican la acción de la señora, al destacar la actitud delincuencial de los invasores de la propiedad, y aquellos que rechazan el que haya tomado la justicia en sus manos. En el centro, está la incapacidad de la autoridad y los juzgados para resolver con prontitud este tipo de juicios civiles entre propietarios, inquilinos e invasores. Estos juicios prolongados sólo llevan a la frustración y la impotencia; la actitud de ministerios públicos y abogados, siempre al acecho de honorarios por llevar las carpetas y los procedimientos legales apegados a los enredados protocolos establecidos, son factores que generan desesperación y gastos, muchos gastos.
El alacrán trae esta nota roja a cuento porque una queridísima amiga suya, a quien llamaremos “R”, ha perdido ya dos años enteros de su vida en una prolongada y angustiosa batalla contra unos violentos inquilinos, a quienes rentó un departamento y luego han intentado apoderarse de la propiedad por todos los medios posibles. La zona es la Alcaldía Iztapalapa, donde durante los últimos 20 años “R” fue arreglando poco a poco la que fuera su casa paterna. Con esfuerzo logró hacer el lugar habitable y disfrutarlo unos años. No obstante, cuando se le brindó la oportunidad de viajar a estudiar a Alemania, decidió convertir la casa en dos departamentos y rentarlos para financiarse su vida en aquel país.
Todo parecía normal hasta que en una visita rápida a la Ciudad de México se dio cuenta que los inquilinos habían hecho remodelaciones y arreglos a un departamento, acciones explícitamente prohibidas en el contrato de arrendamiento. Los inquilinos insistieron en que deseaban quedarse no sólo con ese departamento, sino también con el departamento vecino donde “R” habita cuando está en México. Desde luego que ella se negó y sugirió mejor que, como el contrato se vencía pronto, dejaran el inmueble en la fecha acordada. Empezó entonces el pleito civil. En marzo de 2023 ella presentó su demanda dando a los inquilinos un año para abandonar el inmueble, y regresó a Alemania. Para marzo de 2024, ella volvió a México para recibir el inmueble que habían acordado abandonar en esas fechas, pero ¡oh sorpresa!, los inquilinos habían llevado a cabo nuevas y mayores modificaciones a la estructura del inmueble y, alegando su inversión, volvieron a negarse a abandonarlo, se ampararon y buscaron de muchas maneras hacerse de la propiedad.
Desde marzo de 2024 esta batalla tiene lugar en tribunales con demandas y contrademandas. Sentencias a favor del “R” y nuevos amparos de los inquilinos, lo que prolonga aún el proceso. “R” perdió la oportunidad de regresar a Alemania y se ha mantenido en su departamento a pesar de las amenazas y la intimidación permanente de los inquilinos. Han sido dos años difíciles y con noches de angustia para ella mientras los meses siguen pasando sin una resolución legal definitiva.
Con una acción legal en febrero y otra en abril de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pudo desmantelar a un amplio grupo de invasores de viviendas que se había desplegado y apoderado de numerosos departamentos en la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto y también en la colonia Ejército de Oriente, todo esto en la Alcaldía Iztapalapa. En los departamentos recuperados se encontraron droga y armas. Todo apunta a que estos grupos y su modus operandi para apoderarse de viviendas en esa Alcaldía, conforman otra suerte de cártel inmobiliario paralelo al que los panistas organizaron en la Alcaldía Benito Juárez, sólo que la Alcaldía Iztapalapa está controlada por Morena y abundan los grupos delincuenciales.
A principios de este 2025 se corrió el rumor de que la fracción de Morena en la Cámara de Diputados intentaría pasar una reforma al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la CdMx, en la que se impedía la posibilidad de desalojar a los inquilinos de un departamento. La reacción en contra fue tan fuerte que se modificó ese intento, y la propuesta, se aclaró, nunca buscó “permitir” la invasión de propiedades, sino que plantea que ninguna persona pueda ser desalojada sin una orden judicial, respetando así el debido proceso y buscando la mediación y la conciliación. Esta precisión es crucial, ya que dista mucho de autorizar la ocupación ilegal de inmuebles o impedir un desalojo si éste es bien sustentado por una orden judicial.
Como casi todas las tragedias cotidianas que ocurren en la urbe y se esparcen por las redes, cargadas de violencia, memes y humoradas siniestras, la de la señora Carlota ha sacado a la luz un problema bien enraizado en las alcaldías del oriente de la Ciudad, en particular la Alcaldía Iztapalapa, de donde procede la hoy Jefa de Gobierno Clara Brugada. El escorpión entiende que el problema de la vivienda es gigantesco en la Ciudad de México y en buena parte del país. A su altísimo costo y su gentrificación, por una parte, ahora se añade el descubrimiento escandaloso de gigantescos fraudes inmobiliarios llevados a cabo a través del Infonavit. De igual forma, se sabe de desalojos “arreglados” legalmente que son injustos e injustificados, pero también hay otros casos en que los ciudadanos de a píe llevan a cabo la legítima defensa de su patrimonio respetando la tortuosa legalidad. Y eso merece respeto, insiste el alacrán.
@Aladelagarza
