Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Hace poco más de una semana que arrancaron las primeras elecciones judiciales en el país y se ha visto casi de todo, muy al estilo de las campañas a cargos de elección popular donde más que propuestas y mesura, abunda el espectáculo y mensajes vacíos. ¡Lamentable! Sin embargo, hay diferencias importantes: Las reglas de estas sui generis elecciones; el volumen de las responsabilidades a elegir y su complejidad en términos de contar con información accesible y sencilla; así como lo distintivo de la función de estas importantes encomiendas.
En cuanto a las reglas, es importante tener presente que las disposiciones contemplan la posibilidad de asistir a entrevistas en medios, foros informativos, mesas de diálogos o encuentros organizados y difundidos gratuitamente y de manera equitativa; así como realizar reuniones en espacios abiertos sin que sean onerosos, es decir, no pueden incluir sonido, templete, sillas o carpas, sino sólo bocinas caseras o megáfonos. La atención al público, al pueblo, tendrá que ser de forma personalizada en el domicilio particular registrado sin entregar alimentos ni bebidas. La difusión de propaganda electoral se podrá hacer impresa y en redes sociales.
Las posibilidades son limitadas y distintas a las elecciones a cargos de representación popular, pese a que la justificación de la reforma al Poder Judicial fue dotar de legitimidad democrática, mediante el voto a dichas responsabilidades. No obstante, su desarrollo se acota mucho. A diferencia de los recursos y garantías cuidadas para otras elecciones, las judiciales se han ejecutado con prisas o como dice el famoso dicho popular: “al ahí se va.” ¡Vaya paradoja!
Recordemos que a nivel federal se elegirán: nueve personas ministras de la Suprema Corte; cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; dos magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral; 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral; 464 personas magistradas en Tribunales Colegiados de Circuito y de Tribunales Colegiados de Apelación; y 386 jueces y juezas de distrito. En total, 881 altas responsabilidades judiciales federales, más las responsabilidades de las 19 entidades donde también habrá elecciones.
Dado que cada responsabilidad tiene (o puede tener) varias candidaturas, conocer las cerca de tres mil 500 postulaciones a nivel federal que buscan ser elegidas se vuelve sumamente complicado por el volumen de información a procesar para cualquiera. Si bien el Instituto Nacional Electoral habilitó en su página web un micrositio para conocer las candidaturas judiciales, no resulta tan sencilla la revisión y el tiempo para hacerlo es excesivo. Incluso información sustantiva sobre el desempeño u otros datos que permitan conocer los perfiles, más allá de los datos oficiales o sus eslóganes de campaña, no están a la mano.
Por mencionar un caso señalado por varias organizaciones, el de una candidatura relacionada con el asesinato de dos periodistas y la extorsión a comunidades indígenas, simplemente no tendría que aparecer en las listas.
Vale rememorar que entre los elementos cuestionados de la reforma al Poder Judicial estuvieron la laxitud (y ridiculez) de los requisitos para acceder a alguna de las responsabilidades judiciales referidas anteriormente, así como la poca rigurosidad y las reglas heterogéneas para el trabajo de los Comités de Evaluación, los órganos que tuvieron la importante encomienda de revisar el total de expedientes, y sobre esa base, proponer los listados. El resultado, además del injustificable caso aludido, es una diversidad de perfiles, donde lo que menos se cuidó -en general- fue su idoneidad e independencia.
Quizá esto explica porque poco más de la mitad de la población no está informada de estas elecciones. De acuerdo con una encuesta de El Financiero, el 56 por ciento de las personas encuestadas sabe poco o nada de las primeras elecciones judiciales; el 34 por ciento aún no sabe cómo votará y el 39 por ciento parece inclinarse por los perfiles que están actualmente en funciones y no por los propuestos por alguno de los comités de los tres poderes.
Lo triste de todo esto es la escasez de señales de que las injusticias, la impunidad y la corrupción que sufren miles de víctimas en el país se resolverán por el simple hecho de elegir, a través del voto popular, a las autoridades judiciales, especialmente con una ejecución tan tropezada. Precisamente porque la labor de impartir justicia no debe responder a compromisos ni promesas de campaña, ya que vician los principios de imparcialidad y de piso parejo, fundamentales para que la justicia sea igual para todas las personas.
No hay que olvidar que la legitimidad de origen no sólo proviene del voto, sino que también puede dotarse mediante procesos abiertos y transparentes que aseguren decisiones basadas en los méritos y capacidades de los perfiles; así como de un ejercicio imparcial de la función judicial, que haga accesible el derecho a la justicia que tenemos todas, todos y todes y que ponga a las personas en el centro, por encima de intereses particulares y/o partidistas. ¡Ánimo, el 28 de mayo concluyen las campañas judiciales! Lo destacable es que están surgiendo esfuerzos ciudadanos por hacer accesible esta información y así alertar sobre los riesgos de perfiles que no cubren con características de idoneidad e independencia que tuvieron que garantizarse desde un inicio.
#SinCuotasNiCuates
