Por Humberto Francisco Guerrero Rosales*
La salida de Teresa Guadalupe Reyes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) genera reacciones ambiguas. Por un lado, es una oportunidad de renovación y de retomar el camino del diálogo para la de búsqueda de personas desaparecidas, pero por el otro; es inevitable mencionar que su gestión fue un periodo de parálisis institucional frente a una emergencia humanitaria, y de pérdida de los avances que se habían logrado en la construcción de la institucionalidad para atender la crisis de desapariciones.
La gestión de Teresa se caracterizó por la desconfianza y sesgos negativos respecto del rol de las organizaciones y colectivos de víctimas debido a la influencia de los prejuicios presidenciales. Su llegada a la CNB estuvo marcada por la ruptura del movimiento de familiares con el expresidente López Obrador a partir de la disputa sobre la cifra de personas desaparecidas. El mandato de Teresa se concentró en confirmar la tesis presidencial de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPDNO) era una sobreestimación de la magnitud del problema, para lo cual se desplegó la denominada “Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada”; y a casi dos años de su implementación, la tesis presidencial no logró confirmarse.
La idea de un RNPDNO “inflado” tiene un problema de origen, ya que en un país con una cifra negra de denuncia de los delitos de casi el 93%, cualquier intento de capturar el problema será, en principio, una subestimación, máxime cuando se considera que, en delitos como la desaparición, existen factores adicionales que desincentivan la denuncia o reporte: el temor a represalias por parte del crimen organizado, amenazas, o sospechas de participación de autoridades, son algunas de ellas.
Pero aun si damos por válidas las cifras que se reportan como resultado de la Estrategia de Búsqueda Generalizada, podemos cuestionar seriamente su utilidad y, por tanto, la pertinencia de mantenerla como una prioridad de política pública. De acuerdo con la página web la Estrategia, se reportan 16,881 personas localizadas como resultado directo de las acciones de “búsqueda generalizada”. Sin desestimar el valor que puede tener cada caso en lo individual, debemos recordar que actualmente la cifra de desapariciones asciende ya a casi 132 mil personas; es decir, incluso si descontáramos las casi 17 mil de la Estrategia, México seguiría siendo un país de más de 100 mil personas desaparecidas, número que por sí mismo debería prender las alertas en cualquier democracia sana, ya que justo esos cientos de miles de casos sin resolver son los más complejos de abordar. En ese universo de desapariciones se encuentran los casos que requieren algo más que el cruce masivo de datos, requieren de sofisticadas herramientas de investigación penal que permitan desmontar redes complejas de macrocriminalidad.
El otro elemento por el cual será recordada la administración saliente de la CNB es el desmantelamiento de la ruta de trabajo para abordar la crisis forense. En la primera mitad de la gestión de López Obrador se logró avanzar en el reconocimiento pleno de dicha crisis y en el establecimiento de políticas específicas para encarar el tema: el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, los Centros Nacional y Regionales de Identificación Humana, e iniciativas específicas a nivel local con el apoyo de equipos forenses independientes. Es real que, no estuvo exenta de contradicciones y fallas, pero existía una estrategia y una apuesta, en contraste con la pasividad de la CNB en los últimos dos años, con excepción del proyecto de identificación mediante huellas dactilares, cuyas limitaciones intrínsecas impiden que pueda atender el problema de manera integral.
Así, se espera que durante esta semana se publiquen las bases para la consulta pública a víctimas y organizaciones para la designación de la nueva persona titular de la CNB. Dicha convocatoria será una primera señal de si hay voluntad de rectificar el rumbo. Un proceso amplio y participativo, no solamente para proponer perfiles, sino para escrutar a las personas postulantes, que incluya transparencia y publicidad plena, será fundamental para empezar a recuperar la confianza de las víctimas.
* Humberto es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
