Si la Presidenta Claudia Sheinbaum y Morena quieren controlar el Instituto Nacional Electoral (INE), como denuncia con frenesí la derecha, no necesitan una Reforma Electoral que sustituya a la de Enrique Peña Nieto y su Pacto por México, sino esperar sólo siete meses: En abril próximo terminarán su periodo Beatriz Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez, tres consejerías del PRIAN que han sido el contrapeso al bloque oficialista que encabeza Guadalupe Taddei.
Con la mayoría calificada que Morena y sus aliados tienen en la Cámara de Diputados, no necesitan a la oposición para controlar el proceso de elección de los tres nuevos consejeros y para poner a quienes se les pegue la gana. El bloque oficialista en el INE aumentaría de seis a nueve, con sólo dos del PRIAN —u ocho y tres—, y Taddei ya no tendría ningún obstáculo para hacer lo que quiere, incluyendo nombramientos de personal.
Si lo que desean Sheinbaum y Morena es seguir siendo hegemónicos en México y consolidar una dictadura, como también denuncia con frenesí la derecha, no necesitan una reforma político-electoral, sino sólo seguir recibiendo las millonadas para la burocracia de ese partido —que este año recibirá más de cuatro. mil millones de pesos en prerrogativas— y seguir obteniendo la mayoría de las plurinominales en cada elección en el Congreso federal y en los estados.
No se entiende para qué hacer una reforma político-electoral si todas las reglas e instituciones derivadas de la Reforma Electoral 2013-2014, hechura de Peña Nieto y el Pacto por México, juegan a favor de Morena y sus aliados. Obviamente los del PRIAN no diseñaron esa reforma para la coalición de izquierda, que se estrenó en las elecciones de hace una década, en 2015, sino porque querían ellos seguir hegemonizando el poder, sólo que millones de mexicanos les cambiaron los planes en 2018.
¿Entonces la pregunta es, otra vez, si Morena y sus aliados tienen el control del INE, de la mayoría de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del mayor monto en prerrogativas, tiempos oficiales y posiciones plurinominales, para qué integra Sheinbaum una comisión presidencial para hacer una reforma político-electoral?
La respuesta de Sheinbaum, según el decreto que emitió, es que la reforma busca extender y profundizar las libertades políticas para el debate de ideas, la lucha de intereses y la disputa del poder. Se trata, dice, de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia y se reconozca como el poder del pueblo.
De acuerdo con la Presidenta de México, el respeto al principio de que la mayoría tiene la legitimidad constitucional y política para asumir el mandato popular es la base para que las libertades sean ejercibles hasta el punto de que las minorías puedan convertirse en mayoría a través de apelar a la única y legítima fuente del poder: la libre decisión ciudadana”.
¿Cómo hacer efectivo este empeño? Lo que informó Pablo Gómez este lunes 11 es que se detonara la discusión en todos los ámbitos de la sociedad y el Gobierno para, a través de foros, debates y encuestas, se recojan opiniones, cuyas conclusiones se presentarán en enero de 2026.
Toda Reforma Electoral, creo yo, debe no sólo garantizar que la democracia cueste menos a los mexicanos, sino que se fortalezcan las instituciones y reglas que consoliden la democracia, con base en los principios constitucionales de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad que deben guiar la conducta de los servidores públicos que ejerzan la función electoral.
Los únicos que, desde ahora, han manifestado su posición a todo cambio son exactamente los mismos que aprobaron la ley vigente: Los aplaudidores del Pacto por México, cuyo “Compromiso 90” estableció crear el INE y que sirvió sólo para centralizar los órganos electorales estatales y fortalecer al grupo del racista Lorenzo Córdova.
No hay que olvidarlo: Peña Nieto concedió al PAN la Reforma Electoral a cambio de la privatización del sector energético, que también fue un fiasco.
