Por: Edmundo del Pozo*
El último informe del Inegi sobre pobreza multidimensional arroja resultados positivos en términos generales, en cuanto a una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad como resultado de las políticas laborales y sociales impulsadas desde 2018. Sin embargo, este mismo reporte señala brechas sustantivas en el caso de las poblaciones indígenas y afromexicana, que registran índices del 66.3 y el 32.3, respectivamente en el porcentaje de pobreza, muy por encima del promedio nacional que fue del 29.6 por ciento del conjunto población. Tan sólo en el caso de pueblos indígenas, estamos hablando de 15.38 millones de personas de origen indígena que padecen la pobreza multidimensional.
Analizar la problemática de la pobreza en el caso de los pueblos indígenas no es un tema sencillo por distintas razones. Por una parte, los estándares de “desarrollo” de la cultura occidental suelen estar asociados a niveles de consumo y acumulación material que, en trazos generales, no son compatibles con el modelo de “buen vivir” de las poblaciones originarias, donde se atribuye un valor importante a la vida colectiva comunitaria y la relación espiritual con los bienes naturales comunes y con sus territorios. Por otra parte, existen pueblos y comunidades que rechazan que se les identifique como población “vulnerable” y “pobre”, sin considerar que son herederos de grandes civilizaciones y depositarios de una gran reserva biocultural.
No se trata de esencializar las formas de vida de los pueblos, pero sí apuntar que, abordar el tema de la pobreza y de su medición en el caso de la diversidad étnica debe hacerse tomando en cuenta sus especificidades culturales, desde un enfoque intercultural y no bajo los estándares de riqueza, de la modernidad occidental o de la mirada asistencialista del Estado indigenista, que solía encasillarles como poblaciones empobrecidas con rezago social.
En las últimas dos administraciones federales comenzó a darse un giro del enfoque asistencialista hacia uno basado en derechos colectivos y pertinencia cultural, el cual parte del reconocimiento de los pueblos y las comunidades como “sujetos de derecho público” y del respeto y garantía al ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía, así como de su participación activa en las políticas que les afectan.
Diversos instrumentos, como los Planes de Justicia y Desarrollo Integral y el Programa de Caminos Artesanales, dieron fe de este cambio en la política. Sin embargo, su mayor cristalización se expresó en la pasada Reforma Constitucional al Artículo 2, de septiembre de 2024, cuya implementación se puso en marcha bajo la Administración de Claudia Sheinbaum. Así se ha manifestado en el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, donde se asignó, por primera vez, un presupuesto directo a comunidades indígenas y afromexicanos, canalizado a través del Fondo de Apoyo para la Infraestructura Social (FAIS), perteneciente al ramo 33. Este contó con una bolsa de más de 12 mil millones de pesos que se ha venido distribuyendo a lo largo del presente año.
A pesar de estos importantes avances, la implementación de estas políticas sigue arrastrando herencias del asistencialismo. El mismo componente indígena y afromexicano del FAIS, denominado FAISPIAM, es ejemplo de ello. A pesar de la voluntad política por materializarlo durante el primer año de Gobierno, se identifica en sus Lineamientos una facultad de intervención excesiva por parte de la Secretaría de Bienestar en la conducción de las asambleas comunitarias; una imposición en las estructuras para administrar y vigilar los recursos y proyectos; así como de los mecanismos de rendición de cuenta, bajo las exigencias formalistas de la Secretaría de Hacienda, que exige la emisión de reportes a las comunidades como si se tratara de cualquier entidad o dependencia de la Administración Pública Federal.
De la misma manera, la titular del Ejecutivo ha estado visitando los diferentes territorios para presentar con “bombo y platillo” la entrega de los recursos del FAISPIAM, lo que puede replicar las prácticas del “antiguo régimen”, cuando en realidad estamos hablando del derecho colectivo de las comunidades de ejercer estos presupuestos y de una obligación constitucional del Estado mexicano de asignarlo, no una dádiva o un apoyo que se entrega a las comunidades. Por cierto, que, la bolsa de 12 mil millones sigue siendo un monto bastante bajo para cubrir las necesidades y prioridades de desarrollo de los 70 pueblos indígenas y el afromexicano del país, más aun tomando en cuenta los niveles persistentes de pobreza que nos muestran los datos del Inegi.
En definitiva, si bien las políticas y presupuestos actuales parecen encaminarse en la dirección correcta, por una parte, deben focalizarse mejor hacia los pueblos y las comunidades e incrementar su asignación directa y, por el otro, deben construirse y ejecutarse de la mano de éstos, respetando su libre determinación y sus especificidades culturales, si lo que se pretende es erradicar su exclusión social y con ello construir una verdadera nación pluricultural.
* Edmundo es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
