El sino del escorpión lee una de las últimas declaraciones del estadounidense activista de ultraderecha Charlie Kirk, antes de ser asesinado en Utah, durante un diálogo universitario el pasado 10 de septiembre: “Los tiroteos escolares son un precio que vale la pena pagar por la Segunda Enmienda”, afirmó contundente. Paradójicamente, casi a la misma hora, en la Preparatoria Evergreen de Colorado, el estudiante de 16 años Desmond Holly disparó con una pistola hiriendo a dos de sus compañeros y luego se suicidó.
Desde la terrible masacre de Columbine hace un cuarto de siglo (1999), que dejó un saldo de 24 heridos y 16 muertos (incluidos los perpetradores, Eric Harris y Dylan Klebold), se han registrado cerca de medio millar de tiroteos en escuelas estadounidenses. Y si aquel tiroteo escolar fue entonces considerado el más letal, en 2012 vendría la masacre en la Escuela Primaria Sandy Hook, en Connecticut. Ahí, el estudiante veinteañero Adam Lanza, luego de asesinar a su madre, irrumpió en su escuela armado con un rifle y dos pistolas y mató a 20 niños (de seis y siete años) y a seis adultos, hasta finalmente quitarse la vida.
Pero la lista no termina, lamenta el alacrán, el 14 de febrero de 2018, en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Florida, Nikolas Cruz, exalumno expulsado, regresó al campus y abrió fuego contra los estudiantes y el personal con un fusil AR-15. El ataque dejó 17 personas muertas y 14 heridas, convirtiéndose en el tiroteo más letal en una escuela secundaria de Estados Unidos hasta ese momento. Cruz fue aprehendido posteriormente.
Estos tiroteos involucran hechos con disparos dentro de aulas, pasillos y alrededores de escuelas primarias, secundarias y universidades, y reflejan la persistencia de la violencia armada en entornos educativos a lo largo de más de un cuarto de siglo en un país al que ya no parece sorprenderle que sus niños y jóvenes mueran en el nombre del negocio de lar armas, bien amparado por la Segunda Enmienda. El horror, entonces, continúa al punto de que se ha llegado a una trágica normalización de los tiroteos escolares en esa nación.
La mentada Segunda Enmienda, considerada por los estadounidenses un derecho histórico (ratificada en 1791), establece que no se violará “el derecho del Pueblo a poseer y portar armas”. Su interpretación evolucionó desde el derecho colectivo a armarse de las milicias estatales, hasta el derecho individual a poseer armas para defensa y disuasión del poder estatal. En 2008, la Corte Suprema reafirmó que la enmienda protege el derecho individual a portar armas; sin embargo, aclaró que ese derecho no es ilimitado y admite regulaciones razonables sobre producción y compra de armas de fuego.
Este derecho constitucional es apoyado por un 76 por ciento de los estadounidenses, y ha llevado a que 40 por ciento de los hogares tengan al menos un arma (muchísimos tienen colecciones completas de todo tipo), y un 79 por ciento de la población se resista a mayores restricciones a las armas, pese a las crecientes muertes escolares por armas de fuego.
La clave de este apoyo a las armas de parte de la ciudadanía acaso podría explicarse mejor por las poderosas resistencias económicas al control de armas, advierte el venenoso. La macabra y célebre Asociación Nacional del Rifle (NRA), con 5.5 millones de afiliados, ejerce una influencia política decisiva que ha impedido reformas en el control de armas. Su narrativa equipara la restricción de armas con la erosión de libertades fundamentales. Frente a cada matanza, el debate político se estanca ante el poderoso lobby que defiende el libre mercado de armamento.
El mercado de armas y municiones en Estados Unidos tuvo un valor aproximado de 19 mil 500 mil millones de dólares en 2022, según IBISWorld, monto que refleja la producción nacional de pistolas, revólveres, rifles y municiones, con 18 millones de unidades vendidas en 2021 y un crecimiento del 1.6 por ciento respecto al año anterior. A su vez, el valor de las exportaciones militares de armas estadounidenses alcanzó 13 mil 512 millones de dólares en 2024, frente a 11 mil 102 millones en 2023 (Trend Indicator Value, TIV).
Pero además de las ventas directas, el impacto económico total de la industria armamentística estadounidense (incluyendo impuestos federales y estatales, empleo y salarios) se estimó en más de 70 mil millones de dólares en 2021, generando 375 mil 819 puestos de trabajo y mostrando un crecimiento del 269 por ciento desde 2008.
En los estados de Texas, California y Florida es donde se concentran la mayoría de tiroteos escolares. Pero como lucrar ante cualquier situación por trágica o catastrófica que parezca es algo que está en la naturaleza de los estadounidenses, ha surgido ya una industria de “seguridad escolar”, valorada en 4 mil millones de dólares. Este “nicho de negocio” involucra desde chalecos antibalas en mochilas, hasta drones que disparan bolas de pimienta para incapacitar al agresor, detectores, cerraduras electrónicas, alarmas o pistolas con sensores de reconocimiento facial. El arácnido se imagina tener que armar a los muchachos con equipo contra balas y ataques, en lugar de proveerlos de libros y útiles.
No obstante, gran parte de esta parafernalia protectora o defensiva no tiene evidencia científica de efectividad real. Cerraduras electrónicas, detectores de metales y cámaras antibalas pueden disuadir, pero no detienen el impulso homicida de un atacante decidido en una situación mental y emocional de crisis violenta.
Como es obvio, la alternativa no está en equipar escuelas con chalecos y drones, sino en desarmar la lógica de terror que normaliza con perversidad estos ataques en la sociedad. Invertir en salud mental, acompañamiento comunitario y regulaciones responsables de armas es la única vía para recuperar la escuela como santuario de aprendizaje y crecimiento, no como objetivo de muerte. Pero como se ven hoy en día la condiciones sociales en Estados Unidos, todo empeorará antes de mejorar, atestigua afligido el escorpión.
