La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudirá a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral para proponer la eliminación del fuero, una figura con la cual políticos acusados de corrupción y otros delitos han logrado evadir a la justicia en los últimos años como ha sucedido, por ejemplo, con Alejandro Moreno Cárdenas; Cuauhtémoc Blanco Bravo; o Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
-Con información de Romina Gándara
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– El fuero constitucional es una figura jurídica que impide a las autoridades detener a diputados y senadores y someterlos, durante el ejercicio de sus funciones, a un proceso penal por la posible comisión de algún delito. No obstante, este recurso legal también ha sido empleado para que legisladores investigados por actos de corrupción y otros delitos busquen quedar impunes. Así ha sucedido, por ejemplo, con Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI, acusado de enriquecimiento ilícito; Cuauhtémoc Blanco Bravo, Diputado de Morena, señalado de haber abusado de su media hermana; o Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles que planteará que en la Reforma Electoral que analiza una Comisión Presidencial esta figura sea eliminada. “¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La Presidenta no tiene fuero, pues también los diputados y senadores no deben de tener fuero”, sostuvo en su conferencia de prensa mañanera.
La Presidenta recordó este día cómo, por ejemplo, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés estuvo 6 años fuera de México y solo regresó porque tiene fuero. “Es que hay que decir las cosas por su nombre”, indicó. En efecto, Anaya se autoexilió en 2021 en Estados Unidos en medio de una investigación sobre su posible participación en el caso Odebrecht.
Fue el 23 de agosto de 2021, luego de que la FGR lo citó por este caso, que Anaya anunció a través de un video su autoexilio, casi de inmediato salió del país y acusó que el requerimiento era parte de una venganza orquestada por el Presidente López Obrador. Desde entonces no había vuelto a México y vivió en Atlanta, Estados Unidos, pero en el pasado proceso electoral aseguró su lugar en el Congreso como Senador plurinominal, y ya con fuero político para evitar pisar la cárcel, volvió al país.
El caso de “Alito”
El fuero también ha impedido que el priista Alejandro Moreno Cárdenas responde a las acusaciones de enriquecimiento ilícito que pesan en su contra. Desde 2022, la Fiscalía de Campeche ha solicitado al Congreso de la Unión que retire la inmunidad constitucional a Moreno Cárdenas, sin embargo, el caso se mantuvo en la congeladora hasta esta Legislatura cuando la Sección Estructura que preside el morenista Hugo Eric Flores anunció que ahora sí se procederá.
La primera solicitud formal para retirar la inmunidad a Moreno Cárdenas ocurrió el 17 de agosto de 2022, cuando la Fiscalía de Campeche, encabezada por Renato Sales Heredia, envió a la Cámara de Diputados un trámite sustentado en delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche acusa a Moreno del desvío de 83 millones de pesos durante su gobierno en esa entidad entre 2015 y 2019. El 25 de julio de 2025, la Fiscalía de Campeche informó que presentó y ratificó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una nueva solicitud de Declaración de Procedencia en contra de Moreno. El 1 de agosto, el Diputado morenista Hugo Eric Flores confirmó la recepción de la denuncia y señaló que con ella ya suman al menos cinco expedientes distintos contra el priista. Esta última acusación incluye delitos de peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades.
El mismo Eric Flores reveló a SinEmbargo Al Aire que el expediente relacionado con el presunto desvío de 83 millones de pesos “desapareció” y que la Fiscalía General de la República nunca solicitó formalmente que se le quitara el fuero al dirigente priista. En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, el Diputado explicó que al inicio de la actual legislatura, la Sección Instructora revisó los archivos y encontró solo un documento parcial sobre las investigaciones a “Alito”.
Esa, de hecho, ha sido otra constante en casos de fuero federal: la incapacidad de la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, de armar un caso firme ante los juzgados que permita obtener sentencias firmes y así evitar que estos casos queden impunes.
Ciertamente el fuero en México no es absoluto: puede retirarse si la institución que investiga al funcionario solicita al Poder Legislativo la declaración de procedencia, trámite que permite el inicio de un proceso penal, lo que se conoce como “desafuero”. Algo que ha sucedido en el caso de Moreno Cárdenas y otros políticos acusados de corrupción y delitos graves.
Godoy Toscano y Tarín García
Uno de ellos, fue Julio César Godoy Toscano, exdiputado federal del PRD, quien el 23 de septiembre de 2010 ingresó escondido en la cajuela de un automóvil a la Cámara de Diputados para evadir a la Policía Federal, que buscaba detenerlo por delincuencia organizada. Hermano del entonces Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, fue acusado de enriquecimiento ilícito y de servir como enlace entre el gobierno estatal y el narcotraficante Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
De acuerdo con reportes periodísticos, el vehículo en el que entró al recinto legislativo pertenecía a Guadalupe Acosta Naranjo, entonces presidente de la Cámara de Diputados, quien ahora está tratando de formar su propio partido. Godoy logró rendir protesta y gozar de fuero por algunos meses. Sin embargo, la Cámara de Diputados le retiró la inmunidad en 2010, lo que lo obligó a darse a la fuga. Desde entonces permanece prófugo y en 2020 todavía promovió un amparo para evitar ser detenido.
La misma situación la trató de emular el priista Antonio Enrique Tarín García en 2017, cuando el exfuncionario del Gobierno de César Duarte en Chihuahua fue acusado de desviar más de 300 millones de pesos. Tarín buscaba asumir como Diputado federal suplente tras la muerte de Carlos Gerardo Hermosillo. La Fiscalía había notificado al Congreso que existía una investigación en su contra, pero él ingresó a San Lázaro y pasó la noche en el recinto con la intención de rendir protesta y obtener fuero. Su intento fracasó, pues diputados del PAN, PRD y Morena impidieron que asumiera la curul.
Cuauhtémoc Blanco
Otro caso reciente es el de Cuauhtémoc Blanco. El 25 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados rechazó el desafuero del exgobernador de Morelos y actual legislador de Morena, a quien la Fiscalía de Morelos acusa por tentativa de violación. En este caso, la Sección Instructora argumentó que la carpeta no estaba debidamente integrada.
La decisión dividió a legisladores de Morena. Cuatro de los seis diputados federales de Morelos votaron en contra del dictamen que lo exoneraba. Entre los votos contrarios destacó el de Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte y exsecretaria de Gobernación, quien se sumó a quienes rechazaron el fallo. Sin embargo, otros 23 diputados morenistas ni siquiera acudieron a la sesión.
La resolución provocó críticas. Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, advirtió que la deficiente integración de carpetas por parte de las fiscalías favorece la impunidad.
Cabeza de Vaca
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, también ha sorteado procesos judiciales pese a que la Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Cabeza de Vaca se convirtió en el primer Gobernador de la historia reciente, al que aun y estando en funciones como Ejecutivo le giraron una orden de aprehensión por delincuencia organizada; lo que llevó su caso a solicitar el desafuero y que su caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La acusación en su contra por parte de la FGR es por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos.
El mandato judicial en contra de Cabeza de Vaca llevó a que la FGR solicitara, el 23 de febrero de 2021, el desafuero del panista, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, ligan a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado.
El 30 de abril del 2021, la Cámara de Diputados federal analizó la solicitud de la FGR y, instalada como Jurado de Procedencia, aprobó por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora, que declaró la Procedencia de la Acción Penal y la consecuente pérdida del fuero, de la inmunidad constitucional, en contra del panista por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Sin embargo, ese mismo día el legislativo tamaulipeco, que en ese momento era integrado en su mayoría por panistas con el apoyo de priista, convocó a una sesión en la que en fast track y desechó el desafuero y decidió que Cabeza de Vaca conservaría la inmunidad constitucional que impedía que fuera puesto a disposición de un Juez.
El desafuero de García Cabeza de Vaca fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 17 de agosto de 2022 resolvió invalidar la orden de aprehensión emitida por la FGR en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La Primera Sala decidió que mantendría el fuero constitucional y determinó que el Congreso local actuó de acuerdo a sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados de quitar dicha inmunidad al mandatario.
Benjamín Huerta y Mauricio Toledo
El 21 marzo de 2021, Benjamín Saúl Huerta destacó en los encabezados de los medios de comunicación, cuando fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).
La aprehensión del entonces legislador de la bancada de Morena en San Lázaro se debió a una denuncia de un adolescente de 15 años, quien acusó al político poblano de haberlo agredido sexualmente en la habitación de un hotel de la colonia Juárez, pero no procedía por tener fuero.
Después de pasar más de 100 días en libertad por su fuero, la Cámara de Diputados aprobó el 12 de agosto de 2021 el desafuero de Huerta Corona, por lo que un Juez libró de inmediato las órdenes para detenerlo. El 7 de febrero de 2024, Benjamín Saúl Huerta, exdiputado federal de Morena, fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de violación en agravio de un menor de edad.
En el mismo año 2021, la Cámara de Diputados sí retiró el fuero a Mauricio Toledo, exdiputado federal del Partido del Trabajo y exdelegado de Coyoacán, acusado de enriquecimiento ilícito. Con 413 votos a favor y 4 en contra, se dio inicio a un proceso penal por presuntos actos de corrupción.
