Mucha atención y cuidado deberá poner el responsable de los servicios de inteligencia de nuestro país, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en observar la conducta del Embajador de Estados Unidos en México, el coronel retirado Ronald Johnson y quienes forman su corte de colaboracionistas, miembros de los partidos de oposición y de la extrema derecha, que sueñan con que en algún momento el Gobierno de Donald Trump decida invadirnos, con el pretexto de combatir en nuestro territorio a los cárteles de la droga.
Sin embargo, no hay que pecar de ingenuos. Si la preocupación de Donald Trump fuera sincera, habría empezado por limpiar su casa de las inmensas y poderosas redes que distribuyen y comercializan las drogas en su país; habría desarmado a los negociantes de la muerte y de la guerra, que trafican con las armas que fortalecen a las bandas criminales en México y metería a la cárcel a los hipócritas de cuello blanco que en su territorio lavan miles de millones de dólares producto del delito.
El combate a los traficantes de fentanilo es sólo un pretexto, porque los apetitos imperialistas de expansión hacia América Latina están más vivos que nunca, para defenestrar a gobiernos legítimos y soberanos con orientación de izquierda, que no comulgan con asumir el papel de siervos sometidos a los caprichos del hombre naranja y la oligarquía gringa depredadora que todos los días amanece soñando con dominar el mundo para beneficio de una minoría privilegiada y rapaz.
No olvidemos el perfil del actual Embajador de Estados Unidos en México, publicado por el periódico El País el 14 de diciembre del 2024. “Graduado de la Universidad Estatal de Nueva York y maestro por la Universidad Nacional de Inteligencia, Johnson ha ganado notoriedad en México por su perfil militar”, publicó el diario español.
Ronald Johnson entró en servicio del ejército estadounidense en Panamá. En los años ochenta estuvo comisionado en El Salvador como uno de los 55 asesores militares oficiales estadounidenses en ese país. “El paso de Johnson por El Salvador arroja múltiples paralelismos con México. Trump lo escogió para poner a raya a las pandillas centroamericanas y con la misión explícita de contener los flujos migratorios. Pero también porque su equipo estaba preocupado por los acercamientos que Nayib Bukele, recién llegado al poder, había tenido con China. Todos son puntos vigentes en la posición del republicano hacia su vecino”, explica la información del periódico El País.
El ahora Embajador de Estados Unidos en México también se convirtió en un especialista en operaciones encubiertas como miembro del grupo de operaciones especiales, conocido informalmente como “boinas verdes”: lo más granado de las fuerzas estadounidenses. Del Ejército pasó a la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la siniestra cofradía que con abrigo oficial desestabiliza gobiernos y derroca presidentes legítimos.
Al servicio de la CIA, Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, trabajó durante dos décadas como operativo desplegado en zonas de riesgo, desde Irak a Afganistán, pasando por los Balcanes, región con enorme influencia de la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allí, en los años noventa formó parte de un grupo de operaciones dedicado a la búsqueda y captura de los acusados de crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. En la Agencia Central de Inteligencia llegó a dirigir los departamentos de Aviación, Tierra, marítimo y paramilitar, y estar al frente de las operaciones paracaidistas. También actuó como asesor del Mando Sur, el que tiene a su cargo América Latina, con la excepción de México.
El Gobierno de México debe vigilar que los agentes estadounidense cumplan estrictamente con las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. En ella se establece que los agentes extranjeros deberán observar, entre otras, las siguientes disposiciones: “Sólo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor”.
Además, los agentes extranjeros tienen la obligación de “poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones”.
Los agentes extranjeros deben “presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivado de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral, de conformidad con los términos establecidos en los mismos”.
Quienes en México representen a las siniestras agencias CIA y DEA, no pueden involucrarse directamente en actividades policiacas en nuestro territorio, pues tienen prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables.
Nuestra Ley de Seguridad Nacional advierte que los agentes extranjeros comisionados en nuestro país pueden ser severamente sancionados: “El Gobierno de México supervisará, en todo momento, el cumplimiento por parte de los Agentes Extranjeros de las obligaciones legales y de aquellas que deriven de los convenios bilaterales suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional”.
Y señala la misma ley que “cuando a juicio de las autoridades mexicanas un agente extranjero incumpla con las disposiciones generales y específicas que le resulten aplicables, el Gobierno de México solicitará su retiro al gobierno del Estado acreditante y quedará sujeto a las sanciones que resulten aplicables en términos de las leyes mexicanas”.
El Gobierno de México, con base en la Ley de Seguridad Nacional, puede suspender los convenios de cooperación que tiene con otros países, y en particular con Estados Unidos, cuando se violen algunos principios legales.
“Artículo 74.- Cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los Agentes Extranjeros en territorio nacional. En su caso, los individuos que hubieren incurrido en las conductas antes descritas serán responsables en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
También tendrá que estar vigilante nuestro gobierno para sancionar a quienes cometan el delito de traición a la Patria, pues cíclicamente, personajes de la oposición en México –en partidos políticos, organizaciones presuntamente ciudadanas y en medios de comunicación- expresan su esperanza de que Donald Trump tome medidas en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación, sin descartar la intervención armada. En los dichos, esos mexicanos están cometiendo el delito de traición a la Patria.
¿Qué contempla nuestro Código Penal Federal con respecto al delito de Traición a la Patria? En su Artículo 123 del Código Penal advierte que “se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la Patria” en algunos de los siguientes supuestos: “Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra”.
También pueden ser sancionados por traición a la Patria quien “proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional; quien solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México”. Por supuesto, cabe en el catálogo de traidores a la Patria quien “invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome”.
Como usted puede ver, a muchos acomedidos y obsequiosos colaboracionistas del imperio les queda a la medida el traje de traidores a la Patria. Mal haría nuestro gobierno en confiarse y conducirse con ingenuidad, y buena fe frente a la diplomacia bélica del Embajador estadounidense y de la administración de Donald Trump, que amorosamente abrigan a los vendepatrias.
